Podemos instala la tesis del 'lawfare' en el Gobierno por la "oposición" de la Justicia

En Podemos llevaban tiempo lanzando a sus socios de Gobierno la advertencia sobre una supuesta derechización de la Justicia. Una circunstancia de la que se consideraban víctimas directas y que, según sus presagios, acabaría por no solo afectarle a ellos, sino también al PSOE y al propio Ejecutivo de coalición. Esa señal de alarma, que según fuentes del partido venía intuyéndose en posiciones tanto del CGPJ respecto a algunos proyectos de ley como del Supremo en su informe sobre los indultos, se habría materializado con la sentencia del TC que ha declarado inconstitucional el primer confinamiento de la pandemia. La ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, así lo señaló: "En España, la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces". Mensaje que trasladó a través de Twitter, obviando el llamamiento que Yolanda Díaz, referente de la formación en la coalición, había hecho a los suyos para evitar el "ruido" de las redes sociales.

Los morados han recuperado el concepto de 'lawfare', por el que decían sentirse atacados por causas judiciales sin fundamento legal con el único objetivo de desprestigiarlos, para describir una suerte de instrumentalización de la Justicia con el fin último de arremeter contra el Ejecutivo. Se trata de un concepto muy recurrente por la izquierda latinoamericana para hacer referencia a una "guerra jurídica" contra el poder ejecutivo o "judicialización de la política". Esta es la tesis que tenía el socio minoritario y que ahora despliega arrastrando a sus socios hacia posiciones más beligerantes con ciertas resoluciones de la Justicia pero también con la composición de sus órganos de poder. No en vano, Belarra asociaba la situación al bloqueo por parte del PP a la renovación de los órganos constitucionales, lo cual sería imprescindible por una "cuestión de higiene democrática".

Es un concepto muy recurrente por la izquierda latinoamericana para hacer referencia a una "guerra jurídica" contra el Ejecutivo

La reacción a la resolución del TC por parte de Moncloa, primero, y de las ministras de Justicia, Pilar Llop, y Defensa, Margarita Robles, después, asume en buena medida las tesis de sus socios. Más allá de la crítica y repudio a la sentencia, eso sí, "respetando, pero no compartiendo", es sintomático como centró el mensaje desde el primer momento en indicar que la decisión fue motivada por un recurso de la formación ultraderechista Vox y que se adoptó con una fuerte división interna entre los magistrados del alto tribunal. Seis a favor y cinco en contra, tratándose además de un tribunal incompleto por la salida de Fernando Valdés, que defendía la constitucionalidad de la declaración de marzo de 2020.

La también magistrada Margarita Robles, una de las ministras más valoradas por votantes no socialistas y quien más ha chocado en el seno de la coalición con las posiciones de los morados, no solo no templó gaitas, sino que fue la encargada de elevar el pulso del Ejecutivo contra el TC. Acusó al alto tribunal de "elucubraciones doctrinales", lamentó que los magistrados que votaron a favor de la ponencia elaborada por Pedro González-Trevijano no antepusiesen el "sentido de Estado" y remarcó que "muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social".

Un choque institucional entre poderes tras el que han salido a defenderse desde la judicatura. Fuentes cercanas al TC concretaban a este diario que el Ejecutivo debería haber esperado a conocer la sentencia antes de arremeter contra la decisión. "No se criminaliza al Gobierno", indicaban estas mismas fuentes, recalcando que la redacción de la resolución es ponderada y apoya la dureza de las restricciones adoptadas con el estado de alarma, aunque considerando que debió ser el Parlamento y no el Ejecutivo quien las ordenara.

El Gobierno debería haber esperado a conocer la sentencia antes de arremeter contra la decisión

En este contexto se ha redoblado la batalla por cambiar la composición de los órganos constitucionales caducados. Ya no solo presionando al PP, al que cada vez más sitúan desde el Gobierno en una posición de bloqueo inamovible, sino tratando de deslegitimar su composición e, incluso, instrumentalización. En el Ejecutivo, la posición de los populares alejada de un acuerdo para la renovación dicen que solo se la explican "si el PP piensa que las actuales mayorías lo benefician". Se refieren así a una suerte de "boicot" y de "excusas" para el bloqueo, además de deslizar las "sospechas" sobre la intención de ejercer un cierto control por atrás.

La sentencia ha alejado todavía más las posibilidades de entendimiento entre PSOE y PP, pero también ha sacado a la luz la guerra soterrada que mantienen el poder ejecutivo y el judicial con el trasfondo de la no renovación de los órganos constitucionales caducados. Un choque que ahora se visibiliza en público y se instala en el terreno del relato, llevando a la opinión pública dudas sobre el funcionamiento de la Justicia y sus supuestos sesgos ideológicos. Un terreno en el que sí se había adentrado Podemos, refiriéndose abiertamente al 'lawfare' en primera persona, pero no la parte socialista del Ejecutivo.

Los morados arrastran así a los socialistas hacia posiciones más abiertamente enfrentadas con el poder judicial. Todo ello mientras el colectivo progresista de la judicatura —Juezas y Jueces para la Democracia, al que pertenece la nueva titular de Justicia—, ha lanzado una campaña concluyendo que la única forma de desbloquear la renovación del CGPJ pasa por la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes.