La sentencia del TC rompe los puentes entre PSOE y PP para renovar el poder judicial

Cuanto más avanza la legislatura, más se aleja la posibilidad de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, así como otros órganos constitucionales en una situación similar, incluido el propio Tribunal Constitucional. Las reacciones de los dos principales partidos a la sentencia del TC que ha declarado inconstitucional el estado de alarma da cuenta de que se han roto los pocos puentes que quedaban tendidos. Los socialistas parecen más cerca de tirar la toalla que de presionar a Pablo Casado, al deslizar que los populares mantendrán su bloqueo porque les beneficia la actual composición. Mientras, el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, apunta directamente a los jueces por "hacer oposición" al Ejecutivo.

El líder de los populares, por su parte, consideró "muy preocupante" el cuestionamiento de la sentencia por parte del Gobierno y volvió a insistir en una ley de pandemias para afrontar la quinta ola. Una alternativa que el Ejecutivo sigue rechazando, al apostar por que sean los jueces, a través de los tribunales superiores de Justicia, quienes tengan la última palabra a la hora de decidir o no las restricciones.

Todo ello después de que el PP haya elevado sus condiciones para la renovación de los órganos judiciales, extendiéndolas también a otros como el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, la portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, ha cargado contra la responsabilidad del nuevo titular del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños. Tanto es así que pedirá su comparecencia en el Congreso, además de la de Pedro Sánchez. Precisamente, el primero ha sido, junto al ex responsable de Justicia Juan Carlos Campo, quien mantenía los canales de comunicación abiertos con el partido conservador para la renovación de los órganos constitucionales, ahora rotos.

Las posibilidades de retomar la interlocución se disipan con el señalamiento desde las filas del PP de quien era uno de sus dos principales interlocutores, pero también con la salida del Ejecutivo de Campo. Este último ejercía como pegamento personal en las conversaciones, al tener una relación cercana desde hace años con el popular Enrique López, responsable de Justicia del partido y su negociador en este asunto.

Choque entre el poder ejecutivo y el judicial

Se resquebrajan las líneas de comunicación personales y se frustran las opciones de entendimiento, a la vez que sube el tono con el cruce de declaraciones y el choque institucional entre el poder ejecutivo y el judicial. Si este miércoles era la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, quien se estrenaba cargando contra la decisión del alto tribunal, que "el Gobierno respeta, pero no comparte", ayer era la titular de Defensa, Margarita Robles, también magistrada, quien elevaba el pulso al considerar que la resolución era fruto de "elucubraciones doctrinales". Se mostró dolida por el hecho de que se estén "sembrando dudas" sobre la gestión de la pandemia más de un año después de que se aplicara el confinamiento estricto para contener el virus.

La sentencia ha alejado todavía más las posibilidades de entendimiento entre PSOE y PP, pero también ha sacado a la luz la guerra soterrada que mantienen el poder ejecutivo y el judicial con el trasfondo de la no renovación de los órganos constitucionales caducados. Desde el Gobierno, reconocen frustración al no plantear ninguna alternativa para poder recomponer puentes con el principal partido de la oposición, al que acusan de no respetar la Constitución por mantener el bloqueo, una postura que solo se explican "si el PP piensa que las actuales mayorías lo benefician".

Se habla de "boicot" y de "excusas" para la no renovación, así como de las "sospechas" de ejercer un cierto control por atrás. La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, iba mucho más lejos que sus compañeros socialistas del Consejo de Ministros al asegurar que España tiene "un problema serio con la Justicia", puesto que estaría haciendo "oposición al Gobierno". En esta línea, insistía en declaraciones a TVE que "es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial".

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Beatriz Parera

No parece la mejor forma de tender la mano para reactivar las negociaciones fallidas con la oposición de cara a la renovación. Una opción que también parecen descartar desde el colectivo progresista de la judicatura —Juezas y Jueces para la Democracia, al que pertenece la nueva titular de Justicia—, para quien la única forma de desbloquear la situación pasa por la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. La sensación en el Gobierno es que los populares "prefieren aferrarse a la composición de ciertos momentos" de estos órganos, en referencia a cuando se nombraron con el PP siendo la principal fuerza en el Congreso, en lugar de "reconocer las actuales mayorías democráticas". Todo apunta a que en este claroscuro continuará la legislatura, con un nuevo poder ejecutivo y un viejo poder judicial.