El Gobierno repudia la sentencia del TC e intensifica la batalla con el poder judicial

La sentencia del TC que declara inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma ha levantado en armas al Gobierno, sacando a la luz la guerra soterrada que mantienen el poder ejecutivo y el judicial con el trasfondo de la no renovación de los órganos constitucionales caducados. Fuentes de Moncloa, que no esconden su profundo malestar por el revés, calificaron la sentencia de "inédita". Como inusual fue también la respuesta oficial trasladada por fuentes del Gobierno, poco después de conocerse la resolución de los magistrados. "Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia", recalcaron desde Moncloa.

Atípica fue también la comparecencia de la titular de Justicia para criticar la sentencia. Con ella se estrenó en el cargo la nueva titular de esta cartera, Pilar Llop, quien durante su intervención, sin preguntas de los medios de comunicación, repitió los argumentos previamente trasladados por Moncloa. Fijó el mensaje de que la urgencia propia del decreto de alarma "permitió salvar cientos de miles de vidas", que se ajustó a los parámetros constitucionales y que el resto de países europeos tomó "medidas equivalentes". Por todo ello, concluyó que "el Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución". En dos ocasiones, recalcó que la sentencia viene motivada por un recurso de Vox y visibilizó la división del alto tribunal respetando el criterio, dijo, tanto de los seis magistrados que apoyaron la resolución como de los cinco que no.

Pese a que la reacción oficial en un primer momento se limitó a acatar la sentencia, fuentes del Ejecutivo se apresuraron en reafirmar su decisión de marzo de 2020, y precisaron que estudiarán la sentencia. "El Gobierno muestra su sorpresa por su carácter inédito y se reafirma en que aquel real decreto del estado de alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma", según se informó desde Moncloa. Se pone también el foco en que la decisión ha sido adoptada "por una mayoría de seis votos contra cinco, lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo". Con ello, deslizaron la frustración del Gobierno por no haber podido renovar a los magistrados con el mandato caducado. El bloqueo político mantiene la mayoría conservadora.

Las críticas del Ejecutivo coinciden en parte con algunos de los argumentos que expusieron durante la tensa deliberación los magistrados que se han posicionado en contra y han anunciado votos particulares. Como informaba este diario, este grupo crítico considera que una decisión de este calado, que marcará la actuación del Gobierno en el futuro si se deben volver a declarar estados de excepcionalidad ante la pandemia, no ha debido adoptarse por un solo voto y con un tribunal incompleto por la salida de Fernando Valdés, que defendía la constitucionalidad de la declaración de marzo de 2020.

La ausencia de Valdés ha sido determinante. Si los cinco críticos hubieran contado con su apoyo, las dos partes habrían empatado y el presidente, Juan José González Rivas —del lado de los que se han opuesto—, habría hecho uso de su voto de calidad. La noticia habría sido la contraria y el TC habría avalado el estado de alarma. También es probable que si la renovación del tribunal de garantías se hubiese realizado en plazo, la decisión no sería la misma. Está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019.

Pero Valdés abandonó el tribunal a consecuencia de una imputación por violencia de género hace varios meses y no sirven los 'habría'. Con la intervención determinante de la vicepresidenta, Encarnación Roca, la moneda cayó del lado de los que consideran que la alarma no fue el estado adecuado para la suspensión total de derechos ordenada. La sentencia incluirá un cortafuegos para evitar una avalancha de reclamaciones patrimoniales, pero provocará la nulidad de todas las multas impuestas y la devolución de las cantidades que fueron abonadas.

Este mismo miércoles, al tiempo que se conocía la sentencia, Juezas y Jueces para la Democracia reclamaba desbloquear la renovación del CGPJ tras más de dos años y medio ante la falta de consenso entre PSOE y PP para pactar, mediante la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Los populares incluso han endurecido su negativa para acordar la renovación tanto del órgano de poder de los jueces como del resto de órganos constitucionales caducados o que lo harán en breve, como el Tribunal de Cuentas el próximo 23 de julio. Sobre el CGPJ, han elevado sus condiciones a que se cambie la ley para que sean los propios jueces quienes lo elijan, como manifestó el presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista con El Confidencial.

Para el Ejecutivo, se trataría de cambiar las reglas del juego en mitad del partido y califica las exigencias del PP como una "excusa" para mantener el bloqueo. Ahora ha vuelto a aumentar su urgencia por renovar los órganos constitucionales tras la sentencia del TC, tratando de visibilizar que la judicatura no representa la actual composición progresista de las Cortes Generales, sino la anterior de mayoría conservadora.

De la docena de magistrados del TC, ocho son elegidos a propuesta de dos tercios de las Cortes Generales (cuatro el Congreso y cuatro el Senado), dos por parte del CGPJ y otros dos por parte del Ejecutivo. Existe una batalla ideológica y no es gratuito tampoco que desde el Gobierno quisiesen destacar, o más bien 'recordar', que el Tribunal Constitucional "ha dictado su fallo tras el recurso presentado por Vox". Esta formación votó a favor de la primera prórroga del estado de alarma, aunque su líder, Santiago Abascal, está intentando trasladar lo contrario a la opinión pública. Los diputados y portavoces de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, han sido quienes más han arremetido contra el supuesto carácter ideológico del alto tribunal.

La 'inédita' reacción del Gobierno ante la decisión, con comparecencia de la ministra de Justicia incluida, fue recibida en el tribunal con una puntualización. Fuentes cercanas al TC concretan que el Ejecutivo debería haber esperado a conocer la sentencia antes de arremeter contra la decisión. "No se criminaliza al Gobierno", indican estas fuentes, que recalcan que la redacción es ponderada y apoya la dureza de aquellas restricciones, aunque considera que debió ser el Parlamento y no el Ejecutivo quien las ordenara. La referencia a lo que hicieron otros países del entorno europeo no ha sentado bien. Las fuentes consultadas indican que la legislación específica de España no puede equiparse a la de los vecinos de la UE y destacan que, en esos países, fueron los parlamentos y no los gobiernos quienes ordenaron el confinamiento.

La decisión del TC incrementa la presión del Gobierno para reforzar la renovación de los distintos órganos ante un PP más que reticente. En este contexto de batalla por cambiar la composición de los órganos constitucionales caducados, se ha colado también el Tribunal de Cuentas. Los socios de investidura de Pedro Sánchez (ERC, EH Bildu, Compromís, Más País y BNG), junto a otras fuerzas independentistas (Junts, PDeCAT y CUP), han presentado una solicitud para la creación de una comisión de investigación "relativa a la neutralidad política en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable" de este órgano fiscalizador. Su mandato caducará en apenas una semana. Desde el grupo socialista, han evitado manifestarse y por el momento se facilitará con sus votos la creación de esta comisión que pondría en el punto de mira al Tribunal de Cuentas.

En la exposición de motivos, se apunta a un "sesgo ideológico" del tribunal "incompatible con los principios del Estado de derecho", en referencia a sus actuaciones "en procesos judiciales y causas policiales contra la disidencia política en el Estado español, que actualmente encabeza el independentismo catalán". Se argumenta por otra parte que "el hecho de que el Tribunal no sea un auténtico órgano jurisdiccional no lo habilita a quebrantar la neutralidad política". Por todo ello, reclaman investigar desde la política de contratación del órgano y las vinculaciones personales de sus consejeros, "y su incidencia sobre el principio de independencia", hasta el efecto de sus actuaciones "sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político".