El código ético de Belarra exime de dimitir a los condenados en contextos de "acoso judicial"

La candidatura para liderar Podemos que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, propone para el futuro código ético de la formación la posibilidad de eximir a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento si se producen en el marco de un "contexto de acoso judicial con intenciones políticas".

También se contempla la opción de valorar lo que popularmente se conoce como 'lawfare' (término inglés que alude a la 'guerra jurídica' con fines políticos) en lo referente al postulado de prescindir del aforamiento judicial.

Así lo recoge la candidatura de Belarra, bajo el lema 'Crecer', en su 'documento ético', que describe los preceptos que deben cumplir los miembros del partido, presentado a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos y que se someterá para su debate ante las bases de la formación.

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Al igual que el código aprobado en Vistalegre III, la candidatura de la ministra traslada el compromiso de renuncia "al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura para dichos cargos, en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que, a tal efecto, publicará la Comisión de Derechos y Garantías".

En cualquier caso, la propuesta ética especifica que ese reglamento incluirá "siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos".

Esta obligación deberá aplicarse "en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho".

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Esa referencia a la salvedad de un posible caso de "acoso judicial", que hasta ahora no figura en el código ético vigente, también se incluye ante el compromiso para los miembros del partido a renunciar "a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición y al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial".

El supuesto acoso judicial que sufre la organización morada ha sido un argumento esgrimido por varios de sus dirigentes para no asumir responsabilidades políticas ante los diferentes procesos que afectan al partido en los tribunales.