El juez aplaza el interrogatorio de Galán para decidir antes de oírle si imputa a Iberdrola

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón ha aplazado el interrogatorio previsto para la próxima semana del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos de la eléctrica, imputados por los espionajes de Villarejo. El magistrado ha decidido retrasar las comparecencias para decidir con antelación si debe considerar también a Iberdrola como investigada.

La imputación del presidente Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos de la eléctrica por los espionajes de Villarejo amenaza con arrastrar también a la compañía. Hace unos días, García-Castellón dio el primer paso para imputarla como persona jurídica. En un auto, el magistrado se dirigía a la Fiscalía Anticorrupción para recabar su criterio antes de tomar una decisión. En su escrito, el juez se refería a "indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada".

La providencia explica que Iberdrola ha solicitado la nulidad de las imputaciones. "Estando pendiente de resolver la situación procesal de la entidad conforme a lo dispuesto en el auto de 25 de junio de 2021, a fin de evitar una posible indefensión y para garantizar el derecho de la parte y su condición procesal, se acuerda suspender las declaraciones señaladas para los días 7, 8 y 13 de julio en la presente pieza separada", agrega. "Una vez resuelta la nulidad interesada se procederá, en su caso, a un nuevo señalamiento", agrega.

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Ahora, como ha adelantado Vozpopuli y confirma El Confidencial, el instructor considera que debe determinar antes de las declaraciones de los máximos dirigentes de la compañía el papel de Iberdrola en el procedimiento. La conciencia de peticiones contrarias precipitó esta decisión. Por una parte, la eléctrica aportó un escrito en el que se ponía a disposición del juzgado para cooperar, en otro anterior, Iberdrola reclamaba su condición de acusación y solicitaba ampliar los delitos de los que viene a acusando a un testigo clave, el que fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo. Un tercero, presentado por una acusación, reclama directamente la imputación de la empresa. Esta confluencia de solicitudes provoca un conflicto de intereses ante la existencia de indicios contra la compañía.

En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez mandaba un claro mensaje a la eléctrica respecto a su ofrecimiento de poner a los administradores y empleados a disposición del Juzgado Central de Instrucción para proporcionar su testimonio. "Debe recordarse que la comparecencia a la citación judicial no requiere de decisión alguna por parte de un órgano social. La comparecencia a presencia judicial es una obligación legal, cuya desobediencia, en su caso, podrá dar lugar a las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento", lanza.

Además de Sánchez Galán, el magistrado del caso había citado como investigados al número dos y consejero-director general de Negocios de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, para los días 6 y 7 de julio. Atribuye a todos ellos un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos al policía.

En un reciente auto, el magistrado seguía el criterio de Anticorrupción y no solo responsabilizaba a los cuatro directivos de los encargos ilícitos a Villarejo, que en la etapa continuaba en activo, sino que precisaba que alteraron las facturas correspondientes a esos servicios para disfrazarlos con otros conceptos. En caso de que la imputación llegue a producirse, supondrá un daño reputacional añadido para la eléctrica, después de verse ya afectada por la investigación a su CEO con un coste inmediato en sus resultados de bolsa.

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El pasado mayo, la compañía lanzó una comunicación a la CNMV en la que reiteraba su intención y la de sus directivos de cooperar con la Justicia. Aludía precisamente al daño reputacional. "En relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, llevamos sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste".

"Como consecuencia de todo ello" Iberdrola pone "a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso".

En el auto de imputación de Galán, el juez García-Castellón menciona los diversos informes de cumplimiento elaborados por la eléctrica sobre esos contratos con Cenyt, y destaca los de febrero y marzo de 2020 en los que se apunta que las 12 facturas relacionadas con Villarejo, que no estaban asociadas a un pedido concreto dada su confidencialidad, debían enmarcarse en alguno de los cuatro supuestos previstos por la compañía.

La orden no se cumplió. "Se viene a reconocer que en la tramitación de las facturas correspondientes a este proyecto (...) se infringió la normativa interna vigente", destacaba el juez.

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Los conceptos de las facturas de los encargos "no respondían", además, "a la realidad". "Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos", apuntaba el juez.