Iglesias dejará su escaño antes del 4-M pese al riesgo de imputación

Pablo Iglesias dejará su escaño en el Congreso antes de la celebración de las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid. Fuentes cercanas al líder de Podemos confirman que la intención del todavía vicepresidente es continuar en su puesto en el Ejecutivo hasta que comience de forma oficial la campaña electoral, el próximo 18 de abril y, además, renunciará a su cargo como diputado nacional próximamente, sin esperar al 4-M. Con esta decisión, Iglesias renuncia a protegerse ante una hipotética imputación manteniendo el aforamiento ante el Tribunal Supremo durante el próximo mes y medio. Durante unas semanas quedará exclusivamente en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le investiga aún en el marco del caso Dina.

Tras las elecciones y en función de los resultados, Iglesias continuará gozando de fuero, bien ante el TS bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si consigue el respaldo de las urnas y se convierte en presidente, seguirá aforado en el alto tribunal como especifica el Estatuto de Autonomía. En el caso contrario y siempre que intercambie un escaño por otro y pase a ocupar un asiento en la Asamblea de Madrid, el tribunal responsable para investigarlo es el Superior de Justicia de la Comunidad.

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Según avanzan desde el Ejecutivo, la intención es que abandone la vicepresidencia en torno al 19 abril, aunque la fecha exacta todavía no se ha fijado. Iglesias encara así la precampaña desde su puesto en el Gobierno, algo que los morados reprocharon cuando Salvador Illa anunció su candidatura para las elecciones catalanas, planteando que dimitiese para no hacer campaña valiéndose de su posición al frente del Ministerio de Sanidad. Este mismo miércoles, el vicepresidente segundo ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para lanzar lemas de campaña y polarizar contra el PP.

La situación procesal de Iglesias está aún en un limbo. El pasado enero, el Tribunal Supremo rechazó abrir causa en su contra como pedía el juez Castellón y devolvió el procedimiento sobre la tarjeta de memoria del móvil de su antigua colaboradora Dina Bousselham a la Audiencia Nacional para que fuera el magistrado del caso Villarejo quien agotara la investigación. El TS concretó que el instruir debía practicar nueva prueba y, en caso de seguir viendo delito, remitir una nueva exposición razonada contra el vicepresidente.

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Para ello, el instructor del caso Villarejo debe practicar todas las diligencias necesarias para concretar si los indicios de delito existentes contra Iglesias cuentan con el perdón de Bousselham, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su intimidad violada por el acceso de su jefe a datos privados. También tendrá que realizar nueva prueba sobre los daños sufridos por la microSD y los motivos que provocaron que su propietaria no pudiera acceder a su contenido después de recuperarla. Una vez lleve a cabo lo que le indicó el TS, Castellón debe decidir si continúa considerando que debe ser imputado o no. El aforamiento —sea ante el Supremo o ante el tribunal madrileño— dejaría la decisión al respecto en manos de otros órganos judiciales ajenos a la Audiencia Nacional.

Un segundo frente

Además del caso Dina, Iglesias tiene otro frente en los Juzgados de Plaza Castilla. El juez instructor del caso Podemos ordenó hace solo unos días la apertura de una pieza separada para investigar hechos denunciados por la antigua responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, entre ellos, determinadas prácticas relacionadas con el vicepresidente segundo del Gobierno.

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La abogada informaba al magistrado de que, antes de que Podemos la apartara de su cargo, descubrió que Iglesias se embolsó 7.700 euros de la formación, aunque desconoce si se quedó esta cantidad o la devolvió. Según Carmona, el secretario general de Podemos se quedó presuntamente de forma indebida con esta cantidad tras una condena en un procedimiento civil impuesta por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto este partido como la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas con frases como: "En Pamplona, lo que ha hecho UPN, lo que significó el Gobierno de Barcina y lo que significó estafar a todos los navarros con las famosas cajas de ahorro y con niveles de corrupción escandalosos con las famosas dietas creo que ha implicado que la gente vote de otra manera".