El plan de ayudas revive el debate entre las dos almas del PSOE para afrontar la crisis

Partidarios de la ortodoxia económica, evitando un descontrol de la deuda y el déficit, y partidarios de las políticas expansivas, aumentando el gasto público. La búsqueda de mecanismos para responder a la crisis económica derivada de la pandemia ha mantenido latente esta división en el seno del Gobierno, generando un debate en el que se han ido tejiendo equilibrios entre ambas corrientes. Entre rescatar la economía en el corto plazo, "no dejar a nadie atrás" y que las medidas para este rescate no lastren la economía en el medio y largo plazo. Este debate, que irrumpió de forma brusca tras el primer estado de alarma, como se reflejó a la hora de construir el denominado 'escudo social', y que fue reconduciéndose por la apuesta de Bruselas de dotar a los países miembros de la UE de un fondo de recuperación, ha vuelto a aparecer en torno al paquete de 11.000 millones de euros de ayudas a las empresas.

En el grupo de los partidarios de las políticas expansivas se ubicaron al inicio de la crisis los ministros de Unidas Podemos junto a otros departamentos socialistas, principalmente el de Seguridad Social (José Luis Escrivá), pero también Industria (María Reyes Maroto) y en ocasiones Transportes (José Luis Ábalos). Enfrente, los que se situaban detrás de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para contener el déficit y la deuda, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos bloques se han vuelto a reproducir entre quienes han apostado por destinar la mayor parte de las ayudas a transferencias corrientes y quienes alertan sobre la necesidad de controlar el déficit, defendiendo las reestructuraciones de deuda o recapitalizaciones dentro del concepto de 'ayudas directas'. Posiciones, por tanto, que no responden a la lógica de partidos, sino que son más transversales, sin que los ministerios del PSOE mantengan un bloque homogéneo.

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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo resumía así este martes, después de que se aplazase la aprobación del paquete de ayudas: "Se trata de que estas ayudas directas, como hemos venido haciendo desde marzo del año pasado, lleguen a las empresas que lo necesitan, a los sectores más afectados, y se canalicen al conjunto de la economía reduciendo el endeudamiento y, en definitiva, reforzando la capacidad del conjunto de la economía española". Sus palabras se producían después de que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurase que la decisión de aplazarse al próximo viernes la aprobación del decreto sobre las ayudas, prevista para este martes, no se debía a divergencias internas, sino a la necesidad de acabar de pulir "cuestiones técnicas".

Se deba el retraso o no a las divergencias, que en público solo han expresado desde Unidas Podemos, presionando por aumentar la cuantía de las ayudas directas, entendidas como transferencias corrientes, no como reestructuración de deuda, el debate en el seno del Ejecutivo lleva vivo varias semanas. Desde antes incluso de que Pedro Sánchez anunciase en el Congreso la cifra de 11.000 millones. Un debate tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, qué se entendía por ayudas directas y qué cantidad se debía destinar a reducir endeudamiento a través de quitas del ICO y cuánto se transferiría directamente a pymes, autónomos y resto de empresas.

Las posiciones de partida también se han ido moviendo, a pesar de que ahora se niegue la existencia de tensiones internas. En un principio, desde Economía se defendía que "hay muchas formas de hacer ayudas directas", poniendo el foco, además de en reducir los niveles de endeudamiento de las empresas, en la reducción de costes, en aliviar la presión fiscal y en reforzar su solvencia. La propia Calviño calificaba la pasada semana como ayudas directas las recapitalizaciones o la conversión de créditos en otros instrumentos de capital. Luego se abrió la posibilidad de complementar desde el Estado las ayudas directas que se diesen desde las comunidades autónomas. Las cifras sobre estas ayudas directas también fueron aumentando, tras proponerse inicialmente que fueran 2.000 de los 11.000 millones.

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Otro de los elementos que visibilizan que ha habido debate en el seno del Ejecutivo fue el hecho de que el título 1 del borrador del decreto, el correspondiente al “Fondo covid de ayudas directas a empresas y autónomos”, se presentase en blanco el pasado jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Desde algunos ministerios, lo interpretaron como una disponibilidad por parte de los dos ministerios más concernidos en el desarrollo del decreto (Economía y a Hacienda) a seguir negociando y tratar de consensuar los distintos criterios. De hecho, las reuniones se produjeron a lo largo de todo el fin de semana y hasta la noche del lunes. Si por la mañana se daba por hecho que el texto estaría listo para llevar al Consejo de Ministros al día siguiente, pasadas las 10 de la noche se comunicaba su aplazamiento, pero poniendo otra fecha límite, al convocarse al mismo tiempo un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes.

Las presiones para que las ayudas fuesen directas y no se limitasen a reducir endeudamiento vienen también de atrás, por parte de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. "Lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad. Siempre es mejor prevenir que curar", advertía en este contexto el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

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La formación morada lleva desde el pasado fin de semana presionando para que Economía eleve hasta 8.000 millones de euros las ayudas directas en forma de transferencias sin contrapartida. La mañana del lunes, desde Unidas Podemos, remitían un documento de "observaciones y comentarios" al Ministerio de Economía reclamando un aumento de estas ayudas y criticando que se canalice una parte de las ayudas a través de reestructuraciones del ICO, ya que dejaría a muchas empresas necesitadas fuera de las ayudas. En el documento remitido a Economía, la cartera ministerial de Pablo Iglesias señala que “la incertidumbre económica actual dificulta mucho un diseño apropiado de los patrones de reestructuración”. Según este análisis, la restructuración de la deuda del ICO en este momento “solo va a beneficiar aquellas empresas que optaron por endeudarse utilizando estos créditos, que no son necesariamente las que ahora tienen más problemas de solvencia”.

Las últimas cifras discutidas giran en torno a los 5.000 millones de ayudas directas. Montero ha evitado dar cuenta de la distribución de este paquete de ayudas, pero asegurando que el decreto sobre el plan de ayudas está prácticamente desarrollado, con las cantidades para las ayudas directas ya decididas, y solamente estarían pendientes de perfilar aspectos técnicos.