La Fiscalía avisa a Podemos de que sigue sin aportar información clave sobre Neurona

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado seis escritos para responder a los recursos de las acusaciones y defensas en el caso Neurona, entre ellos uno en el que avisa a Podemos de que sigue sin aportar información clave y apoya la decisión del juez de investigar sus cuentas en relación a las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. “El principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral como se ha venido reiteradamente exponiendo”, argumenta el Ministerio Público, en referencia a la sospecha de que los pagos a Neurona pudieron servir para desviar fondos electorales. "Si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación".

El juez acordó el pasado noviembre librar oficio a la Junta Electoral de Madrid para conocer la identidad del administrador que representó a la coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida en estas autonómicas, así como "la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos" durante las mismas. El partido recurrió esta decisión, pero la Fiscalía se posiciona ahora a favor de la misma: “El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación", sostiene. "El resultado de esta investigación puede ser incluso en interés del ahora recurrente por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados".

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Pero, al defender su postura, la Fiscalía también carga contra la falta de colaboración mostrada por Podemos y pone el foco en cómo sigue sin facilitar información clave sobre los contratos con la consultora. "Los hechos puestos de manifiesto en la denuncia en relación a Neurona así como en la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias”, explica. “Y todo ello, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada”.

La contratación de Neurona es el punto central de la investigación que tiene entre manos el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que mantiene a Podemos y parte de su cúpula imputados por posible malversación de caudales públicos, entre otros delitos. El partido abonó 363.000 euros a la consultora de cara a las elecciones generales del 28 de abril de 2019, pero tras los comicios efectuó nuevos pagos por las campañas autonómicas, municipales y la del 10-N. En total, Neurona cobró al menos 431.243 euros que el partido sigue sin justificar de forma clara ante el juez.

A favor del archivo de las obras

Más allá de responder a Podemos en relación a esta diligencia, la Fiscalía también impuga los recursos en los que Prolege y Vox pedían seguir investigando las obras en la sede del partido pese al sobreseimiento acordado por el juez. "Los testigos han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución”, señala. "El propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo, y que se realizaron pocas mejoras. Por otro lado, no deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político Podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrimonio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal”.

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La Fiscalía da así la razón a Podemos, que también recurrió la decisión del juez al considerar que debía acordar un sobreseimiento libre y no un sobreseimiento provisional, pero, al responder a esta solicitud, sigue la misma línea que el instructor y destaca que "las declaraciones de los testigos ofrecen dudas respecto de cómo se produjo el procedimiento" de la reforma: "No por el hecho, frecuente es verdad, de invitar a contratistas sino por cuanto alguno de ellos refiere que ni siquiera se presentó a la licitación”, explica. “Por todo lo expuesto, entendemos que la decisión del magistrado-instructor de sobreseer provisionalmente hechos indiciariamente constitutivos de delito es conforme a derecho".

En cuanto a orden del juez de dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por Manuel E. García Campos, el arquitecto que se hizo cargo de la reforma, por si procediera realizar "una liquidación final del ICIO [impuesto de construcciones, instalaciones y obras] conforme al valor real de la obra de rehabilitación ejecutada", la Fiscalía aclara que "consta liquidado el impuesto según el coste final", por lo que da la razón al partido al considerar que este trámite resulta innecesario. “Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente y puesto de manifiesto ahora en el recurso”, explica frente a los recursos de Prolege y Vox. “Ningún indicio existe pues, de la existencia de un delito de administración desleal".