El juez archiva la investigación sobre la sede de Podemos pese a advertir irregularidades

El juez Juan José Escalonilla ha archivado la línea de investigación que ponía el foco en la reforma de la sede de Podemos. Las pesquisas se enmarcaban en el procedimiento que se sigue contra el partido y parte de su cúpula en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, una causa que se basa en la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente. Tras escuchar el 22 de noviembre a los contratistas que llevaron a cabo las obras en la sede, Escalonilla ha dado carpetazo a esta línea de investigación al considerar que no reviste carácter delictivo, pero seguirá adelante con la que se centra en el contrato suscrito con la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019.

Para justificar su decisión, el juez apunta a que no ha quedado acreditado que se produjera "una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras (...) para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación". Apoyándose en ese razonamiento, acuerda "el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto del presunto delito de apropiación indebida en relación con las obras de rehabilitación ejecutadas en el edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, objeto de la denuncia origen del presente procedimiento". Pero el auto de Escalonilla, al que ha tenido acceso El Confidencial, expone al mismo tiempo una serie de irregularidades que van desde el precio por el que se adjudicó la reforma hasta el modo en que se eligió a los contratistas.

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En cuanto al primero de los puntos, ordena dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por Manuel E. García Campos, el arquitecto que se hizo cargo de la reforma, por si procediera realizar "una liquidación final del ICIO [impuesto de construcciones, instalaciones y obras] conforme al valor real de la obra de rehabilitación ejecutada". Como el propio García reconoció en su testifical, el importe de la reforma se cuantificó en un primer momento en 649.936,68 euros, pero finalmente costó 1.498.680,51, un "hecho que realmente resulta insólito", destaca el juez. "Consta indiciariamente acreditado que el valor o precio otorgado a dichas obras de rehabilitación en dicho proyecto de ejecución no se correspondían con la realidad, en cuanto no se correspondían con los precios de mercado".

A la vista de estas cifras, el juez considera que "cabe concluir racionalmente que el hecho de que tanto en el proyecto básico como posteriormente en el proyecto de ejecución se consignaran unos precios mínimos (...) obedeció a la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid". Según explica, esta sospecha se ve reforzada al haber "requerido en dos ocasiones al partido político Podemos (...) la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto ―por error material se hizo referencia al pago de la licencia de obras― sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICIO conforme al valor real de las obras".

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Además del cambio de precio, los empresarios que se llevaron el contrato admitieron al juez que el arquitecto les contactó para ofrecerles el proyecto y les facilitó información técnica que no estaba a disposición de otros proveedores, como destaca el auto. La normativa interna de Podemos obligaba desde marzo de 2018 a sus máximos responsables a licitar los contratos para encontrar las mejores ofertas, pero el juez apunta a que que no cumplieron con este requisito: "Consta indiciariamente acreditado que el partido político Podemos no licitó realmente dichas obras, incumpliendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley Orgánica 8/2.007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos".

La disposición a la que hace referencia establece que "los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación", obligando además a las formaciones a "aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a lo previsto en el apartado anterior y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico". Lejos de cumplir con esta normativa, el juez conluye que, en el caso de la sede de Podemos, "no existió una licitación pública real de las obras de rehabilitación a ejecutar".

Archiva una segunda línea de investigación

Más allá de los contratos con Neurona, la denuncia de Calvente se centraba en otros tres puntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular, organización que vincula a su vez con el diputado y secretario de Relación con la Sociedad Civil del partido, Rafa Mayoral; el acceso "inconsentido" al contenido del disco duro de la abogada de la formación Marta Flor Núñez, y la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas la adjudicación "a dedo" de las obras de su sede en la calle Francisco Villaespesa de Madrid.

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En octubre, Escalonilla archivó la línea de investigación que se centraba en la caja de solidaridad del partido, decisión a la que ahora se suma la de la reforma de la sede y la del supuesto acceso "inconsentido" al mencionado disco duro, como explica el auto: "Igualmente se acuerda el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto del delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad objeto de dicha denuncia". "No habiéndose interpuesto denuncia ni por dicha letrada ni por el partido político Podemos, procede acordar el sobreseimiento provisional al faltar el requisito de procedibilidad de denuncia previa por parte de dichos perjudicados", argumenta.

Mantiene la imputación de Podemos

En un segundo auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez rechaza además archivar la imputación de Podemos por presunta financiación ilegal. El instructor insiste para ello en que existen indicios de que el partido destinó dinero reservado a los gastos electorales de la campaña de abril de 2019 a otros fines distintos, sospecha que se centra en el contrato suscrito con la consultora Neurona. En concreto, subraya que todo apunta a que "se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting".

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El supuesto desvío de dinero desde Podemos a la empresa mexicana "no era en sí mismo el fin de dicha operación, sino que respondía a otra finalidad distinta, que —señaló el denunciante José Manuel Calvente— podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan".

El juez incide además en la "inexistencia" de una "verdadera cultura de cumplimiento" o de "cultura ética" dentro del partido, subrayando que parte de su cúpula eludió informar sobre la contratación de Neurona o de las propias empresas que se encargaron de la reforma de su sede: "No cabe apreciar que el programa de Cumplimiento Normativo o 'Compliance Guides' de Podemos resulte eficaz, lo que determina que, siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido político", advierte.