Dos trabajadores de la campaña de Podemos no recuerdan a empleados de Neurona

Los trabajadores citados por el juez Juan José Escalonilla este lunes en el procedimiento sobre la financiación electoral de Podemos para declarar como testigos no recuerdan a empleados de la consultora Neurona, contratada por el partido para las elecciones generales del 28 de abril 2019. A lo largo de la mañana, el instructor ha escuchado el testimonio de dos empleados del área audiovisual de la formación, Silvia Santana y Tirso Nohales. Según han precisado, se ocuparon de la emisión en directo de los actos celebrados y no coincidieron con ningún empleado de la consultora investigada.

Según han explicado fuentes presentes en la declaración, los dos empleados han precisado que sabían que había otros trabajadores contratados por el partido, pero no coincidieron con ellos y no podrían, por tanto, identificarles ni sabían a qué se dedicaban en concreto. Durante la declaración se les han mostrado una serie de vídeos editados sobre esos actos electorales que habría realizado Neurona. Santana y Nohales, de acuerdo con dichas fuentes, han reconocido los eventos en los que participaron, pero no las imágenes usadas ni el resultado final. También se han visionado vídeos editados de eventos en los que no estuvieron ninguno de los dos.

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Fuentes de Podemos reproducidas por Europa Press han señalado que el trabajo que hacían Santana y Nohales era complementario al de Neurona, porque ellos se encargaban solamente del 'streaming', mientras que la empresa hacía tres cosas distintas: grabar imágenes de recurso en los actos electorales para usarlas en los vídeos editados, elaborar esos vídeos y el análisis político previo para poder confeccionarlos.

Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, ha llamado la atención —en declaración a la prensa— sobre el hecho de que "los testigos ponen de relieve que no conocían a ningún personal de Neurona", al tiempo que ha apuntado que tampoco ha quedado claro el trabajo que hacían Santana y Nohales. Igualmente, ha resaltado que "parece que falta bastante documentación" relativa a la estrategia de comunicación de Podemos para la campaña electoral de 2019.

Las declaraciones fueron acordadas por el juez "de cara a comprobar la realidad de prestación por Neurona Comunidad S.L. de los servicios que presuntamente le fueron contratados por el partido político", según consta en el auto de citación. La investigación de Escalonilla se centra en el contrato que Podemos suscribió con Neurona Comunidad por 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de dichas elecciones, ya que tanto el juez como la Fiscalía Provincial de Madrid y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado —es decir, que no se prestó servicio alguno—, para desviar dinero de las cuentas del partido.

En concreto, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido contratos simulados para ocultar "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, conforme ha expuesto en sus autos.

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En este contexto, una de las cuestiones principales es dilucidar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada por Podemos —aunque para ello subcontrató a la empresa mexicana Creative Advice— y si hubo algún tipo de duplicidad con los trabajos que ya hacían los propios empleados de la formación política. Podemos ha aportado a la causa documentación para probar que los servicios se prestaron, si bien Escalonilla ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) que investigue los vídeos entregados pata determinar "la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener", según señaló en un auto.

La relación contractual entre Podemos y Neurona constituye en estos momentos el principal punto de interés. Sin embargo, Escalonilla investiga otras cuestiones, entre las que destacan los complementos salariales que la gerente y el tesorero del partido, Rocío Val y Daniel de Frutos, aprobaron para ellos y para la abogada Marta Flor y el sobrecoste en las obras de la nueva sede de la formación, que se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por 1,3 millones de euros.