Tickets del Burger, Uber...: Neurona no justifica los 363.000 € que le pagó Podemos

La investigación judicial sobre las cuentas de Podemos se centra, de momento, en la consultora Neurona, con implantación en países gobernados por la izquierda Latinoamericana y que presumía de tener a Monedero como uno de sus directores. Neurona cobró más de 300.000 euros de Unidas Podemos para la campaña de las generales de 2019 pero ante el Tribunal de Cuentas no justificó esos gastos. El juzgado de Madrid que investiga la denuncia del exabogado de la formación, José Manuel Calvente, pidió el desglose de los pagos, pero Bankinter solo pudo aportar gastos corrientes, en el Burger King, el museo del Jamón o Uber, lo que ha llevado a que la Fiscalía de Madrid apoye la investigación de este apartado.

Podemos tiene ahora mismo dos frentes en los tribunales. En la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón tomó declaración a Calvente, que afirmó que el robo de la tarjeta de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, fue un montaje. Ahora declararán Dina y su pareja para volver a detallar el misterioso robo del móvil, que se convirtió en la clave de la campaña de Iglesias en las elecciones de 2019, cuando denunció una campaña de las cloacas del Estado contra su formación. Vox, personado como acusación popular, ha pedido que comparezca también la diputada Gloria Elizo.

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Paralelamente, en Plaza de Castilla, el juzgado recibió una denuncia de la Guardia Civil después de que Calvente tomara la palabra a Iglesias cuando retó a quien conociera irregularidades de Podemos que las denunciara. Calvente enumeró una serie de puntos, como que en Podemos los afines cobraban pluses que les permitían exceder el tope salarial fijado, que había una "caja de resistencia" de la que la dirección disponía sin control y que para las elecciones habían contratado a una consultora, Neurona, con la mediación de Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero.

Como desveló este diario en diciembre pasado, Podemos pagó 363.000 euros a una empresa creada días antes en Sevilla con un administrador que nada tiene que ver con el sector. El juez investiga el caso y pidió información de los gastos. Buena parte del dinero salió inmediatamente de España, a una empresa llamada Creative Advice Interactive, que recibió 308.257 euros. "Es una empresa creada 'ad hoc' para la prestación del servicio", dice el Ministerio Público.

La investigación analiza los datos que ya ha remitido Bankinter. Según el escrito, la Fiscalía destaca que "todos los gastos son los corrientes de prestación de servicios (Burger King, Uber, Museo del Jamón...) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, Elías Castejón. Es decir, no constan gastos de personal, medios, materiales o locales". Por ello, el Ministerio Público, como ya hizo la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar los pagos a Neurona.

La Fiscalía se apoya en el informe del Tribunal de Cuentas más que en el testimonio de Calvente. "La formación alega respecto de un gasto declarado como electoral pero que el Tribunal no ha considerado como tal, que no se trata de un trabajo de consultoría al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral. Sin embargo, debe indicarse que la elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la LOREG".

El Tribunal de Cuentas dudó de que Neurona hubiese realizado los trabajos por los que cobró: "Si bien, como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron videos y diseños publicitarios, no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor. Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto, en concreto, que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación".

Podemos envió un contrato de 363.000 euros firmado el 6 de mayo de 2019, después de las elecciones, cuando la factura era del 5 de abril de ese año. "En el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado. De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas".