El juez critica la falta de "cultura ética" de Podemos y apunta a un ardid fiscal en la sede

El juez Juan José Escalonilla considera que los dirigentes de Podemos han mostrado una "falta de compromiso" con "la cultura ética" y "las normas legales". Tras cinco meses de investigación, esa es la conclusión que recoge en un auto notificado este lunes. Su postura se basa en la posible financiación irregular de Podemos a través de la contratación de la consultora Neurona, unas pesquisas en las que existen "indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido político para las elecciones generales del 28 de abril de 2019". En total, 363.000 euros que el partido quiso pasar como gasto electoral y cuyo destino final sigue investigándose.

El procedimiento que el juez tiene entre manos parte a su vez de la denuncia interpuesta por el que fuera abogado de Podemos, José Manuel Calvente. Frente a las explicaciones del partido, él apuntaba a otras posibilidades respecto el uso que se dio a este dinero que el partido pagó a Neurona: "Podía ser la de financiar partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan".

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Las sospechas de Calvente se apoyan en que, como ha quedado acreditado durante la investigación, la mayor parte del dinero que Podemos pagó a Neurona acabó en México: "Existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político y la sociedad Neurona Comunidad SL en fecha 25 de febrero de 2019 se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política con base en dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting", explica el juez.

En sus declaraciones como investigados del pasado 20 de noviembre, miembros de la cúpula de Podemos como Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual director de Estrategia del vicepresidente, se desentendieron de este desvío de dinero: "Lo desconocemos. En cualquier caso, si la administración de Neurona tenía disposición sobre esas cantidades, será de la incumbencia de Neurona o de las entidades con las que subcontrató servicios", defendió al término de las comparecencias el abogado del partido, Gorka Velle Bergado. Pero el juez deja claro que no está de acuerdo con que el partido no tenga responsabilidad alguna al respecto.

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"No cabe apreciar que el programa de cumplimiento normativo o 'compliance guides' de Podemos resulte eficaz, lo que determina que, siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido político". Escalonilla subraya para ello que miembros de la cúpula del partido "eludieron informar" a los entonces responsables de cumplimiento normativo sobre las contrataciones con Neurona y, en concreto, a los abogados Mónica Carmona y a José Manuel Calvente.

El juez destaca además el "cese fulminante" de ambos "en cuanto se tuvo conocimiento de las investigaciones llevadas a efecto por su parte, lo que además de infringir la autonomía de dicho órgano del partido político, resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimiento de las normas legales". A la vista de esta forma de proceder del partido, el juez no duda en mantenerlo imputado: "Por todo ello no ha lugar a acordar el sobreseimiento, ni provisional, ni mucho menos libre de la presente causa respecto de dicho partido político", concluye su auto.

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Pero además de no informar a los responsables de Cumplimiento Normativo sobre la contratación de Neurona, Escalonilla también hace referencia a otra cuestión en la que la cúpula de Podemos los mantuvo al margen: "La contratación directa por parte de gerencia de las diversas empresas que iban a realizar las obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid para su uso como sede del partido". La reforma de este edificio es otra cuestión que Calvente denunciaba por posibles irregularidades y, aunque el juez pasa de puntillas al respecto en el mencionado auto, desarrolla la polémica en otro escrito que notificó este mismo lunes.

En este segundo auto, el magistrado archiva la investigación que ponía el foco en la reforma de la sede del partido —considera que no ha quedado acreditado que se produjera "una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras"—, pero al mismo tiempo apunta a una serie de irregularidades que, pese a no revestir carácter delictivo, vuelven a plantear dudas respecto a la actuación de Podemos. Entre ellas, destaca que, por mucho que el precio inicial fuera de 649.936,68 euros, finalmente se adjudicaron las obras por más del doble de su importe, "hecho que realmente resulta insólito", a lo que se suma la elección de los contratistas a dedo.

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"Consta indiciariamente acreditado que el valor o precio otorgado a dichas obras de rehabilitación en dicho proyecto de ejecución no se correspondían con la realidad", critica. "Cabe concluir racionalmente que el hecho de que tanto en el proyecto básico como posteriormente en el proyecto de ejecución se consignaran unos precios mínimos (...) obedeció a la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid". Con esa tesis como telón de fondo, el juez ordena dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe del arquitecto por si procediera realizar "una liquidación final del ICIO [impuesto de construcciones, instalaciones y obras]".

A la espera de que el consistorio revise el caso y decida si Podemos tiene un pago pendiente por la reforma de su sede, la sospecha de que incurrió en un ardid fiscal se ve reforzada por el hecho de que el juez ha "requerido en dos ocasiones al partido político Podemos (...) la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto ―por error material se hizo referencia al pago de la licencia de obras― sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICIO conforme al valor real de las obras". Con esa incógnita sin resolver, la otra irregularidad que aborda Escalonilla es la de los contratistas.

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Como explica en su auto, los empresarios en cuestión admitieron al juez que el arquitecto les contactó y les facilitó información técnica que no estaba a disposición de otros proveedores. "El testigo Juan Manuel Moraleja Iglesias (...) manifestó que conocía al arquitecto Manuel E. Campos García de obras anteriores, habiendo recibido una llamada telefónica de este último, en el que le planteó si estaba interesado en la ejecución de las obras", explica sobre uno de ellos. "Claudio Alejandro Ita Otalvares (...) manifestó en su declaración testifical que a mediados de mayo de 2019 le llamó por teléfono (...), enviándole las medidas de las obras a ejecutar", añade sobre otro.

A la vista de que uno por uno fueron reconociendo que habían sido elegidos a dedo, "consta indiciariamente acreditado que el partido político Podemos no licitó realmente dichas obras, incumpliendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley Orgánica 8/2.007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos", en la que se establece que "los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación". Lejos de cumplir con esta norma, en la reforma de la sede "no existió una licitación pública real de las obras de rehabilitación a ejecutar".