La patronal alimentaria trata de frenar en Bruselas el etiquetado nutricional de Garzón

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que agrupa a los principales mayoristas de la industria alimentaria, ha trasladado sus reticencias a Bruselas sobre la implantación en España del semáforo nutricional, un proyecto que pretende aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros en el primer cuatrimestre del año. El departamento de Consumo que dirige Alberto Garzón está acabando de perfilar un decreto para introducir en el etiquetaje de los alimentos el denominado semáforo nutricional, con el objetivo de visibilizar de forma clara en todos los productos las calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas y sal que aportan por cada ración. En función del color de las etiquetas, que iría del verde oscuro al rojo, se determinaría la calidad nutricional de cada producto. La intención es que la implantación del etiquetado sea voluntaria, aunque desde Consumo no descartan su obligatoriedad a medio plazo.

En el documento remitido a la Comisión Europea por parte de la industria alimentaria, esta plantea que se deroguen en el reglamento las disposiciones que permiten a los países miembros adoptar regímenes nacionales de etiquetado nutricional (FOP) y que en su lugar se exploren nuevas formas de proporcionar información al consumidor a través de otras alternativas, principalmente los medios digitales. Su objetivo, en todo caso, es que el etiquetado sea voluntario y dentro de un marco armonizado en toda la UE.

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"En términos más generales, solicitamos a la Comisión Europea que desarrolle una clara 'hoja de ruta' hacia un enfoque voluntario único armonizado para el etiquetado nutricional en el FOP en la UE, que cuente con el respaldo de una amplia mayoría de las partes interesadas y con la gobernanza a nivel de la UE. Para ello, debe facilitarse un diálogo continuo a nivel de la UE entre los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas de la cadena alimentaria, con el liderazgo activo de la Comisión", recoge la propuesta de FIAB.

Por otro lado, desde el 'lobby' que agrupa a buena parte de la industria, se "reitera su firme preocupación por el impacto de una mayor ampliación de los requisitos obligatorios para las empresas, los consumidores y el medio ambiente, en particular en el fragmentado mercado europeo actual", haciendo énfasis en el etiquetado sobre el país de origen y su "impacto negativo constante en el negocio". "Los impactos negativos en las empresas pueden haberse agravado debido a iniciativas nacionales", concluyen.

Desde Consumo, se remiten al acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos para defender su proyecto, y esgrimen motivos de salud y defensa de la dieta mediterránea. Concretamente, el texto del acuerdo al que hacen referencia recoge en uno de sus puntos el compromiso de "reducir el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía".

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Las críticas de la industria al proyecto que pilota Garzón desde el Ministerio de Consumo vienen de atrás y ahora se da un paso más al elevar la presión a Bruselas. Críticas y choques que se produjeron ya al inicio de la legislatura, rechazando la creación de un organismo de coordinación entre los ministerios de Sanidad, Agricultura y Consumo para controlar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Entonces, trasladaron en una misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su preocupación por la "división de competencias", reclamando una agencia fuerte y dependiente de Sanidad, dejándola así fuera de las interferencias de Consumo.

Recientemente, se aprobó en el Consejo de Ministros la nueva estructura de este organismo bajo la presidencia de Consumo, que ostenta Rafael Escudero, persona de la confianza de Garzón y secretario general de Consumo y Juego. Y es desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición desde donde se acabará de impulsar el denominado semáforo nutricional, que está recibiendo el rechazo de la industria. El sector de la alimentación es de los más poderosos que hay en España. Con el Gobierno de Zapatero, por ejemplo, Elena Salgado, como ministra de Sanidad, intentó poner coto a la publicidad del alcohol sin demasiado éxito. Zapatero echó el freno ante las protestas de barones socialistas y de la industria.

La Aesan es un organismo clave para el sector. Ha promovido, por ejemplo, un código de autorregulación sobre la publicidad de alimentos infantiles para combatir la obesidad en niños que no ha impedido que haya marcas que se lo salten. Las patronales querían evitar el hecho de tener tres ministros con los que tratar, priorizando la interlocución con Sanidad o Agricultura antes que con Consumo. La Aesan también se encarga de las alertas alimentarias.

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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguraba este lunes durante una entrevista en Canal Sur que "en ningún caso el sector del aceite" de oliva "se va a ver obligado a poner una etiqueta contraria" a una evidencia "científica" como es que "el aceite es bueno para la salud, y no puede haber ninguna etiqueta que diga que es malo". Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro ha defendido que "uno de los ejes" de su departamento, dentro de su objetivo de "promover un consumo más saludable", es "incentivar y promover la dieta mediterránea", que tiene en el aceite de oliva "uno de sus ingredientes fundamentales".

En referencia al semáforo nutricional, ha reconocido que "no es perfecto, y tiene un déficit en aquellos productos que solo tienen un ingrediente, como el aceite" de oliva, y por eso desde el Gobierno, "sabiendo que es necesario aprobar el Nutriscore", ha llegado "a un acuerdo con las distribuidoras para que el aceite de oliva no se vea perjudicado en ningún caso y no esté obligado a poner un etiquetado" que pueda suponer "una desinformación", como a su juicio sería trasladar "que el aceite fuera perjudicial, cuando es todo lo contrario" y es "un elemento central que queremos promover", según ha incidido.