El Rey tiene en su mano el primer pacto de Estado PSOE-PP de la legislatura

En 2014, PSOE y PP (entonces en el Gobierno) trabajaron con Zarzuela para proponer y aprobar una ley orgánica que facilitara la abdicación de Juan Carlos de Borbón y asegurara la transición hacia su hijo. Ahora, Felipe VI tiene en su mano impulsar lo que sería el primer pacto de Estado de la legislatura: un acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar y renovar la Corona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este martes el apoyo del Gobierno a la iniciativa y a lo que llamó la “hoja de ruta” del Rey para avanzar en la “transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad” de la institución.

Fuentes conocedoras de las conversaciones entre Zarzuela y Moncloa explican que cualquier iniciativa debe reunir tres condiciones: ser iniciativa del jefe del Estado, tener aval político holgado para salir adelante en el Congreso y acompasarse con los acontecimientos que se esperan para el próximo año, vinculados con las investigaciones sobre las actividades ilícitas del Rey emérito.

Una de ellas podría cumplirse ya, porque el líder de la oposición, Pablo Casado, ha dejado clara este martes su disposición a apoyar una hipotética ley para reforzar la monarquía. PSOE y PP, en todo caso, ya coinciden para frenar en la Mesa del Congreso todas las iniciativas para fiscalizar la Corona, como, por ejemplo, crear comisiones de investigación.

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La principal condición es que Felipe VI tome la iniciativa y proponga finalmente algunas de las opciones que están sobre la mesa. Irían desde la más sencilla, que sería reforzar los códigos éticos y de comportamiento de la familia real aprobados en el inicio de su reinado, a la más complicada, que sería una reforma constitucional para matizar o eliminar la inviolabilidad del jefe de Estado. Esta última requiere apoyo del PP y esperar al final de la legislatura para que lo ratifiquen unas nuevas Cortes y celebrar un referéndum. Es la más compleja políticamente, porque abriría un debate que terminaría en un plebiscito sobre la monarquía. De hecho, Casado ha condicionado su apoyo a la reforma legal a que no se cambie la Constitución.

Hay otras opciones intermedias que están sobre la mesa de la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno, como modificar el decreto que mantiene al emérito en la familia real y con tratamiento de Rey, elevar a rango de ley las normas internas de la Corona o aprobar una ley orgánica que regule la monarquía para favorecer la transparencia y el control, como ha explicado Sánchez que serían los objetivos.

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Las normas internas de la Casa Real son aprobadas por el propio Rey, como ya hizo en 2014, por ejemplo, para regular los regalos que reciban o dar transparencia a sus cuentas. Hay margen aún, porque algunos puntos de ese código ético no se han aplicado al emérito y aún es posible avanzar en medidas como la publicación de declaraciones de impuestos de los miembros de Casa Real o equipararlos a altos cargos para que se conozca su patrimonio.

El decreto lo puede aprobar el Gobierno a instancias del Rey, y la segunda condición debe pasar por el Congreso y el Senado. La iniciativa de reforma legal es de los grupos parlamentarios o del Gobierno, pero podría haber un impulso previo desde Zarzuela. De hecho, en 2014 se aprobó una ley orgánica que reguló la abdicación del anterior Rey, tras pactarla los dos principales partidos con la Casa del Rey. Este último sería el modelo ahora si Felipe VI acepta.

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El Gobierno es partidario de esta vía y así lo ha trasladado a Zarzuela, aunque Sánchez no lo ha aclarado en ninguna de sus respuestas. De hecho, sobre este tema, ha sido mucho más ambiguo que sobre el resto, en coherencia con la idea de que sea el Rey quien dé previamente cualquier paso. No ha descartado ni confirmado ninguna opción.

Felipe VI rechazó la posibilidad de incluir cualquier compromiso sobre cambios concretos en su discurso de Navidad. Sánchez ha asegurado que ese discurso fue "valiente" y "marcó claramente cuál es el rumbo hacia el cual quiere dirigirse la Corona y la jefatura del Estado".

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Unidas Podemos anunció su intención de presentar una proposición de ley de la Corona, lo que supondría abrir el debate parlamentario en todo caso, salvo que PSOE y PP lo frenaran en la Mesa. Esa iniciativa del partido de Pablo Iglesias es vista por miembros del Gobierno como una presión a Moncloa y a Zarzuela.

Sobre los tiempos, fuentes conocedoras de las conversaciones explican que los trabajos sobre las alternativas están avanzados, con aportaciones de juristas. Falta por decidir cuándo se hace y se tienen en cuenta en los plazos los acontecimientos que se producirán sobre la investigación al Rey emérito.

Por ejemplo, la Fiscalía tiene que anunciar el archivo de la parte de la investigación referida a las presuntas comisiones del AVE a La Meca, porque se produjeron cuando aún era jefe de Estado y, por tanto, inviolable. También debe decidir si acepta la regularización fiscal para frenar la denuncia contra el emérito ante el Tribunal Supremo. Si no la aceptara, se iniciaría un largo trámite, empezando por la admisión a trámite o el rechazo en la Sala Segunda del Supremo.