Moncloa ve necesarios cambios en la monarquía para garantizar su futuro

Solía decir Alfredo Pérez Rubalcaba que a la monarquía la sostiene en España, sobre todo, el PSOE. Lo dijo en 2014 cuando participó en una operación reservada con el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la abdicación de Juan Carlos I y dar paso a Felipe VI, con escrupuloso cumplimiento de la legalidad y evitando cualquier asomo de vacío legal e institucional.

Lo decía también porque es preciso que los dos grandes partidos estén de acuerdo para poder abordar un cambio constitucional de tanto calado como tocar la Corona y porque el apoyo del PSOE le concede a la monarquía una legitimación transversal innegable. Al menos, así ocurría en los tiempos del bipartidismo. No les resulta fácil tradicionalmente a los socialistas ese apoyo, porque sus dirigentes tienen que hacer siempre equilibrios entre su posición institucional y la presión de sus bases, que tienen un alto componente republicano, según se muestra en todos los congresos federales del PSOE.

Es preciso que los dos grandes partidos estén de acuerdo para abordar un cambio constitucional de tanto calado como tocar la Corona

Por eso, es un debate que siempre incomoda a este partido y más aún ahora, cuando se tiñe con el color detestable de las actividades del Rey emérito que van conociéndose cada semana. Y cuando la ultraderecha hace bandera de su respaldo ciego a la Corona.

Todo se complica aún más cuando se introduce la variable de un partido que entra en el Gobierno con el PSOE, esgrimiendo la bandera de la República y, sobre todo, necesitado de diferenciarse de los socialistas. A Unidas Podemos los estudios de opinión le dicen claramente que corre el riesgo de caer en la maldición habitual de los partidos pequeños que forman parte de una coalición: ser tragados por el partido grande que es el que se puede apuntar los aciertos y, además, tiene capacidad para imputar a su socio los errores. Por eso, Moncloa vio así inicialmente la presión de Unidas Podemos sobre la monarquía.

Nunca antes un ministro había cuestionado la Corona y, ni mucho menos, la actuación concreta del actual jefe de Estado.

Pero ahora, la inquietud de Moncloa y del propio presidente del Gobierno por la situación institucional se ha multiplicado. El Ejecutivo presionó a Zarzuela para que hiciera algo antes del verano y solo logró que el emérito fuera "invitado a salir de España"; luego vio con preocupación que el destino era nada menos que Emiratos Árabes y a partir de ahí todo ha ido a peor con las nuevas revelaciones.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía estudia si la regularización de Juan Carlos I es "espontánea, veraz y completa"

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Puede empeorar aún más si se conocen más detalles o si, por ejemplo, el Rey emérito es citado a declarar y se acoge a su privilegio de hacerlo por escrito. En ese caso, el compromiso político sería del Gobierno y, más concretamente, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha repetido muchas veces lo de que tardaría horas en volver a España a declarar. Por poner solo un ejemplo de situación comprometida posible, además de la obvia si la Fiscalía rechaza la regularización fiscal y presenta querella ante el Tribunal Supremo.

Hubo un momento en el que todo parecía indicar que la investigación sobre los 65 millones entregados a Corina sería archivada por la inviolabilidad constitucional y eso era visto como un escándalo que duraría unos días y, después, se aparcaría el tema. Pero luego las investigaciones sobre las tarjetas con dinero opaco, los regalos de un empresario mexicano y las supuestas cuentas en paraísos fiscales han hecho volar casi todo por los aires y el escándalo es ya enorme.

El Gobierno tuvo conocimiento reciente de que el anterior jefe de Estado iba a regularizar su deuda con Hacienda, intención adelantada por 'El País'. Eso podría evitar el insólito proceso penal con el Rey emérito, pero no ha apagado el escándalo, ni mucho menos ha frenado la creciente crisis institucional.

Todo parecía indicar que la investigación sobre los 65 millones entregados a Corina sería archivada por la inviolabilidad constitucional

Y eso preocupa al Gobierno. Miembros del Ejecutivo aseguran que sería preciso abordar iniciativas como reformas legales en forma de derogación del decreto que le mantiene dentro de la Familia Real con tratamiento de Rey o una ley sobre el funcionamiento de la monarquía. Pero siempre a iniciativa de Zarzuela y en consenso con el PP. Fuentes oficiales de la Moncloa aseguran que "es necesario sacar conclusiones de lo que ha pasado con el rey Juan Carlos y trazar futuro para la institución que contempla nuestra Constitución como Monarquía parlamentaria".

Ese es el mensaje oficial y el que han trasladado a Zarzuela. Desde el Gobierno aseguran que hay resistencia en Felipe VI en proponer esas reformas, que deberían ser iniciativa del actual jefe de Estado y, obviamente, ser pactadas y consensuadas con el PP. Admiten que el Rey tiene poco margen de maniobra, porque debe limitar sus intervenciones públicas y debe preservarse. Pero hay algunos gestos que podría haber ahorrado, como incluir la firma del rey emérito en su felicitación de Navidad, la misma firma que, casi al tiempo, acompañaba su regularización fiscal para intentar ir al banquillo.

Ya hubo resistencia antes de verano cuando Moncloa y Zarzuela buscaron juntos soluciones y uno de los elementos a tener en cuenta es el criterio de oportunidad; es decir, si es mejor abordar esas iniciativas de reforma legal antes o después del final de la investigación de la Fiscalía, ya sea que acabe como querella o como archivo.

Como se hizo en tiempos de Rajoy y Rubalcaba para la sucesión; y ahora con más motivo, porque hay un caldo de cultivo por los escándalos del emérito que se conocen, por un aumento del respaldo a la República en el Congreso y por la presión de una parte del Gobierno.

¿Es el discurso de Nochebuena el momento oportuno para anunciar reformas? Ese es otro debate, porque sería difícil de entender que el Rey no hiciera mención y, al tiempo, supondría mezclar en un mismo discurso la obligada referencia al sufrimiento de los ciudadanos por la pandemia con los negocios y regalos millonarios de su padre, en una combinación explosiva. Tampoco está claro que le sirvan las frases interpretables y poco claras. Ni siquiera el "lo siento mucho, no volverá a ocurrir" que usó tras descubrirse que había estado de caza en Botsuana antes de sufrir un percance por el que fue hospitalizado, pues esa bala de plata ya la disparó la monarquía. Y porque después de esa disculpa siguió defraudando su credibilidad y a Hacienda.

Felipe VI inició su reinado con medidas para marcar una nueva época, con exigencias éticas y de transparencia, pero algunas no se han cumplido y pueden quedar en papel mojado si no hay más gestos o decisiones. Por ejemplo, la que obliga a rechazar regalos en metálico para los miembros de la familia real, porque su padre los ha recibido y los ha admitido con la regularización, sin que haya reproche por parte del actual jefe del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Una norma de Felipe VI obliga al emérito a devolver o donar el dinero que recibió

Fernando Garea

A la parte socialista del Gobierno le vendría bien abordar esas reformas porque le permitiría marcar perfil propio frente al "impulso republicano" de Unidas Podemos y obligaría a los de Pablo Iglesias a participar en la ley. El riesgo obvio es que "nadie sabe qué puede pasar si se abre ese melón, reforzar la jefatura del Estado con la gran ley orgánica que falta en España o llevar a las Cortes el debate sobre la monarquía y poner una autopista a los republicanos".

Pero es momento de asumir riesgos para salvar la situación, explican varios ministros. Algunos de ellos, por cierto, no ocultan su incomodidad con Unidas Podemos. Tampoco sobre este tema. De hecho, Sánchez se ha preocupado de blindar su actuación sobre este tema de la influencia y el conocimiento de Pablo Iglesias. El vicepresidente no entra en la decisión y el análisis de este tema, actúa siempre por fuera.

En todo caso, la situación preocupa enormemente en Moncloa, por lo que supone de crisis institucional. Esa preocupación está en las últimas declaraciones del presidente del Gobierno sobre la garantía de permanencia de la Monarquía parlamentaria. La sola insistencia de Sánchez en ese compromiso muestra hasta dónde llega la riada de la crisis. Preocupa en Moncloa el deterioro de la imagen exterior de España por la crisis institucional que ha provocado el emérito.

La situación preocupa enormemente en Moncloa, por lo que supone de crisis institucional

En Zarzuela también son conscientes de la situación, aunque ya se sabe que ahí va todo más despacio. Lamentan su escaso margen de maniobra para mejorar su imagen y consultan con analistas de encuestas y otros asesores ocasionales, especialmente, expertos legales.

Se suman a esa crisis el sesgo ultraderechista que empieza a tener el apoyo más visible al Rey, el rechazo en amplias capas de comunidades como Cataluña y País Vasco y el cambio generacional en la opinión pública respecto a la Corona. El riesgo de ser un Rey de la ultraderecha, de una parte de España y de los de más edad.

Unidas Podemos explica que no renuncia a seguir por esta vía, que insistirán con las peticiones de comisión de investigación en el Congreso y que trabajarán para que "cambie la correlación de fuerzas en favor de la República". Y no se refieren a las fuerzas parlamentarias.

Basta revisar los debates parlamentarios para comprobar hasta qué punto la monarquía está en la agenda de la discusión política

Por el momento, el PSOE rechazará, con PP y Vox en la Mesa del Congreso, las comisiones de investigación con el apoyo de un nuevo informe de los letrados de la Cámara que insistirán en que el Parlamento no puede controlar a la Jefatura del Estado. Y Hacienda no puede informar de la situación de un particular, por muy Borbón que sea.

Basta revisar los debates parlamentarios de este año para comprobar hasta qué punto la monarquía está en la agenda de la discusión política. Nunca con tanta intensidad, ni con tanta carga política. Se puede completar el cuadro de la crisis con el contexto de los manifiestos y chats de exmilitares que, entre otras cosas, apelan al Rey para hacer frente al Gobierno legítimo.