Juan Carlos I no se personó en las diligencias para mantener el as de la regularización

En noviembre, la Fiscalía no se limitó a notificar a la defensa de Juan Carlos I que mantenía abiertas unas diligencias de investigación por los fondos que recibió de un empresario mexicano y por su correspondiente uso con tarjetas 'opacas' tras la abdicación. Según informan fuentes jurídicas, también ofreció a su abogado, Javier Sánchez Junco, que se personara en las actuaciones para conocer de primera mano los hechos investigados, pero el letrado rechazó la oferta. La decisión permitió al Rey emérito mantenerse en el desconocimiento de los detalles de la investigación y, con ello, guardarse la carta de la regularización para sortear el delito fiscal, como hizo este miércoles.

La posibilidad de personarse en unas diligencias se recoge en la circular 4/2013 de la Fiscalía: "El investigado puede tomar conocimiento de lo actuado. Son a estos efectos aplicables supletoriamente lo dispuesto en el artículo 776. 3 Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone, para los que se personen en los procedimientos, que podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga", sostiene. La circular apunta a su vez a los artículos 301 y 302, que inciden en "el derecho de todas las partes personadas a tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias".

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En aplicación de esa norma, fuentes cercanas al caso explican a El Confidencial que, más allá de notificarle las diligencias en curso, la Fiscalía también brindó esta posibilidad de personarse al abogado Sánchez Junco. El letrado estableció con los fiscales una toma de contacto informal. Al rechazar el ofrecimiento, el Rey emérito no tuvo conocimiento de las cantidades investigadas ni de su procedencia, los pagos analizados o los ejercicios a los que se referían. Su defensa presentó una regularización fiscal este miércoles con el pago 678.393,72 euros. La duda pasa ahora por comprobar si la maniobra resulta suficiente para esquivar el delito fiscal.

El futuro de estas diligencias depende de la interpretación que lleve a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo del artículo 305 del Código Penal. En él se explican los requisitos que deben darse para acogerse a la "excusa absolutoria" de la regularización que ha empleado Juan Carlos I, apuntando a que debe producirse "antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida", pero también antes de que "el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

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La defensa del monarca considera que, al no haber querella contra él y al no haberse personado, las condiciones se cumplen, pero la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de tumbar su regularización fiscal al haberse notificado las diligencias el pasado noviembre: "Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por D. Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo", explicó este viernes en una nota.

En cuanto a la jurisprudencia del Supremo, las fuentes consultadas apuntan a que, en la mayoría de los casos, solo ha rechazado regularizaciones fiscales cuando ya se había interpuesto querella o denuncia, condición que no se cumple con el monarca. En febrero de 2019, sin embargo, el tribunal dictó una sentencia en la que apuntaba a que la simple notificación implicaba el "bloqueo automático" de la regularización, decisión que tomó con relación a un empresario gallego que, justo antes de declarar ante la Fiscalía, optó por esta maniobra. La validez o no de la regularización de Juan Carlos I queda así a la espera de la interpretación que haga el Ministerio Público.

Reconoce una donación de 800.000 euros

Con su regularización, Juan Carlos I ha reconocido que recibió donaciones superiores a los 800.000 euros por parte de un empresario mexicano durante tres ejercicios: 2016, 2017 y 2018, a los que responden sus declaraciones tributarias complementarias. En una breve nota difundida por el bufete de Javier Sánchez Junco el pasado miércoles, el despacho asegura que una vez cumplimentado el pago, "continuará como siempre a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno"; pero —como adelantó El Confidencial—, la Fiscalía descarta un archivo exprés de las diligencias y seguirá investigando al monarca.

El Ministerio Público cuenta ya con indicios de que el mexicano Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares, lo que abría la puerta a un posible delito fiscal: los gastos abonados son de carácter ordinario, continuados y sostenidos en el tiempo. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, año de la abdicación; por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad, pero ahora también se mantiene la duda de que sirva la regularización de este miércoles.