La Fiscalía estudiará a fondo la regularización de Juan Carlos I y descarta un archivo exprés
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HACIENDA AÚN NO HA NOTIFICADO LA INSPECCIÓN

La Fiscalía estudiará a fondo la regularización de Juan Carlos I y descarta un archivo exprés

El plan del emérito para esquivar una parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía no tendrá como efecto un archivo automático y deberá darse antes de recibir el comunicado de inicio de actuaciones inspectoras

placeholder Foto: Juan Carlos I. (EFE)
Juan Carlos I. (EFE)

El proyecto del rey emérito Juan Carlos de presentar una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria, para regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, no tendrá como efecto un archivo automático de las diligencias informativas que mantiene abiertas el Ministerio Público sobre estos fondos que percibió el monarca a través de un testaferro. Fuentes fiscales informan de que analizarán a fondo la regularización en el caso de que se produzca. El escrito a la AEAT aún no ha sido presentado y se encuentra en fase de estudio, informan fuentes jurídicas. No descartan que la filtración de la iniciativa pueda incluso frustrarla.

El análisis de esta posibilidad por parte del equipo legal de Juan Carlos se basa en la posibilidad incluida en el Código Penal de esquivar la comisión de un presunto delito fiscal si el afectado —en este caso, el Rey emérito— abona con anticipación la cuota correspondiente a los ingresos no declarados. Para que esta opción sea efectiva, debe hacerse antes de recibida la notificación de inicio de actuaciones inspectoras por parte de Hacienda. Ese aviso no se ha producido.

El movimiento plantea una serie de dudas que la Fiscalía del Supremo estudiará al detalle antes de pronunciarse. Las fuentes consultadas señalan que resultará complicado aceptarla después de que el departamento que dirige Dolores Delgado abriera el pasado octubre diligencias sobre los fondos en una segunda vía de investigación que se sumó a la que ya mantenía sobre las comisiones que percibió Juan Carlos I de Arabia Saudí y su vinculación con la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca.

Foto: La reina Sofía y el rey Juan Carlos, en una imagen de archivo. (Getty)

El padre de Felipe VI ha tenido conocimiento de esta investigación, bien por comunicación a su abogado, Javier Sánchez-Junco, o bien por el mismo conocimiento público de la iniciación de diligencias pese a que la AEAT no ha abierto expediente ni le ha notificado nada. Según aseguran fuentes de la Agencia, esta solicitud de formalización debe presentarse ante los servicios regionales de Madrid si se considera donación y no IRPF por incremento no justificado de patrimonio.

En cualquier caso, la existencia de esta 'instrucción' fiscal complica aceptar la regularización y, además, abre una segunda vía de estudio de los fondos del monarca que puede convertirse en un arma de doble filo. Las fuentes consultadas advierten de que si el emérito se decide por esta vía, lo habitual sería comprobar la realidad de lo declarado y el origen de los fondos utilizados en la regularización.

También avisan de que la investigación en esta fase no se limita a un posible delito fiscal. La Fiscalía cuenta con indicios de que el millonario Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares. Entre las facturas de la familia real que fueron financiadas por Sanginés-Krause, hay desde viajes y estancias hoteleras hasta tratamientos médicos o cuentas de restaurantes. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, año de la abdicación, por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad. Destacan también que regularizar supone admitir que no se hizo cuando se debía y que aunque pueda suponer un beneficio penal el daño reputacional es considerable.

Gran parte de las facturas se abonaron después de 2014, año de la abdicación, por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad

Se analizan en este momento otros delitos vinculados con las cantidades ingresadas por el empresario mexicano a una cuenta a nombre de un militar de la confianza del emérito de la que disponía a través de tarjetas de crédito. En primer lugar, existe la sospecha de que San Ginés fuera la vía utilizada para un blanqueo: el instrumento para que el monarca accediera a fondos no regularizados que en realidad eran de su propiedad. En segundo lugar, también se rastrea si se produjo un cohecho impropio, delito que se atribuye a las autoridades o funcionarios públicos que, "en provecho propio o de un tercero", admitieran dádivas o regalos que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función.

El blanqueo quedaría apagado por la regularización. El mismo artículo del Código Penal que favorece el ingreso tardío de dinero no declarado alude a que "la exención de responsabilidad penal alcanzará a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales" en las que se pudo incurrir. En cuanto al cohecho, las fuentes consultadas inciden en que, tras la abdicación, Juan Carlos no tenía, pese a su cargo, posibilidad de ordenar acción alguna y que, por tanto, atar ese ilícito resulta complejo.

Las tres investigaciones

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas en este momento tres diligencias separadas que afectan al emérito. La primera de ellas, vinculada con el AVE a La Meca, se acerca a un próximo archivo al considerar el equipo fiscal que los hechos, pese a ser evidentemente irregulares, quedan amparados por la inviolabilidad del monarca, como avanzó El Confidencial.

La segunda de las diligencias es la que estudia si el emérito pudo cometer delitos fiscales y de blanqueo por percibir abonos del millonario mexicano, y le afectaría la regularización que se sopesa. La tercera, parte de los indicios reflejados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre recientes movimientos en una cuenta activa en la isla de Jersey que se vincula con Juan Carlos I y que guarda 10 millones de euros.

El proyecto del rey emérito Juan Carlos de presentar una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria, para regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, no tendrá como efecto un archivo automático de las diligencias informativas que mantiene abiertas el Ministerio Público sobre estos fondos que percibió el monarca a través de un testaferro. Fuentes fiscales informan de que analizarán a fondo la regularización en el caso de que se produzca. El escrito a la AEAT aún no ha sido presentado y se encuentra en fase de estudio, informan fuentes jurídicas. No descartan que la filtración de la iniciativa pueda incluso frustrarla.

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