Una norma de Felipe VI obliga al emérito a devolver o donar el dinero que recibió
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crisis institucional por el rey emérito

Una norma de Felipe VI obliga al emérito a devolver o donar el dinero que recibió

El Gobierno delega en Zarzuela la iniciativa sobre cualquier reforma legal, como reforzar el control interno, quitarle el título de rey o la reforma constitucional de la inviolabilidad

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Foto: Reuters.

La Casa del Rey y el Gobierno han elaborado y analizado distintos estudios jurídicos sobre la situación creada por los escándalos del Rey emérito. Ambas instituciones han solicitado en los últimos meses dictámenes legales y jurídicos no oficiales que han compartido y que incluyen la manera de hacer frente a la difícil situación jurídica del anterior jefe del Estado, por ejemplo, su salida de España hacia Emiratos Árabes.

Esos estudios incluyen también la opción de acometer diferentes reformas legales que, por un lado, blinden a Felipe VI y establezcan una barrera con su padre y, al tiempo, doten de mayor transparencia a la Casa del Rey.

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Ya en el inicio de su mandato en 2014, el actual monarca impulsó algunas normas internas, como la de recepción de regalos y de transparencia. Una de ellas, de enero de 2015, ya impide que los miembros de la familia real reciban donaciones en dinero, de manera que si lo hicieran, tendrían que proceder "a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general". Es decir, el Rey emérito tendría que devolver o donar el dinero que recibió de un empresario mexicano. Y hacerlo a una ONG, por ejemplo.

Sobre esa base, hay varias iniciativas de reforma legal posibles que van desde los códigos internos de la Casa del Rey al impulso de una reforma constitucional para modificar la inviolabilidad del jefe de Estado, como solución más extrema.

Foto: Imagen: Pablo López Learte.

Fuentes del Gobierno aseguran, no obstante, que no pondrán en marcha ninguna iniciativa sin que sea impulsada desde la Zarzuela, aunque la resolución esté en manos del Parlamento o del Ejecutivo. Además, solo de esa forma se garantiza el consenso entre los dos principales partidos.

Dichas fuentes explican que el interés principal del Ejecutivo es garantizar la estabilidad de las instituciones. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso especial empeño el miércoles en su entrevista en Telecinco en asegurar reiteradamente que la monarquía parlamentaria no corre peligro.

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Moncloa consideró necesario trasladar ese mensaje, mientras una parte del Gobierno, la de Unidas Podemos, mantiene una posición critica contra la monarquía.

Eso no impide que en el futuro se pueda poner en marcha alguna de las reformas legales estudiadas, con posibilidad de esperar a la decisión de la Fiscalía sobre las investigaciones en marcha contra el Rey emérito.

Normativa interna de transparencia

La iniciativa más sencilla de las posibles se refiere al establecimiento de normas internas estrictas en la familia real que vayan más lejos respecto a las normas aprobadas en 2015 por Felipe VI. Se refieren a la publicidad de la situación tributaria de los miembros de la familia real y también a garantías sobre los regalos recibidos.

En enero de 2015, el actual Rey aprobó una normativa interna sobre los obsequios que podía recibir la familia real. La norma está en la web de Casa Real y señala que "Su Majestad el Rey ha considerado conveniente regular el régimen de regalos a favor de los miembros de la familia real".

Foto: El rey Juan Carlos en una imagen de archivo. (Getty)

Señala que "el artículo 26.2b).6º de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, dice lo siguiente: 'No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Añade que “aun cuando a los miembros de la familia real no les resulte de aplicación el mencionado precepto, se considera procedente adaptarse a la regulación que, con carácter general, han aprobado en esta materia las Cortes Generales”. Es decir, asegura que aunque la ley de 2013 no lo prevé, sería aplicable su regulación a los miembros de la familia real, de la que forma parte el Rey emérito, según el real decreto aprobado en 2014 tras su abdicación. Prevé que las sucesivas reformas de esa norma sean aplicables también a la familia real.

Foto: Felipe VI con su padre, el rey Juan Carlos I. (Getty)

Ese código interno señala también que “los miembros de la familia real no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. Para más precisión, explica que “los miembros de la familia real no aceptarán préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. En este último caso, se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”.

Es decir, el Rey emérito entra de lleno en este precepto al admitir con su regularización fiscal que recibió dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y, por tanto, ha incumplido claramente el código de conducta aprobado por su hijo, que le obliga a devolver o donar el dinero recibido. Podría incluso extenderse a otras aportaciones recibidas por el anterior jefe de Estado desde que entró en vigor esta norma como, por ejemplo, el pago de su estancia en Emiratos Árabes, si es que estuviera siendo pagada como obsequio.

La norma interna no tiene catálogo sancionador y la ley de 2013 a la que remite no preveía aplicarla a la familia real

La norma interna no tiene catálogo sancionador y la ley de 2013 a la que remite no preveía aplicarla a la familia real y, por tanto, no es posible aplicar las sanciones. No obstante, el Rey podría requerir a su padre al cumplimiento de este artículo que, en caso contrario, quedaría en papel mojado. Una opción barajada sería elevar el rango de este código interno a una ley aprobada por el Parlamento. Es decir, que deje de ser un código interno para convertirse en norma ejecutiva y con sanciones.

Real decreto

Otra posibilidad es derogar el real decreto de 2014 aprobado inmediatamente después de la abdicación para establecer el lugar del emérito y de la reina Sofía en la familia real.

Esta norma empieza por señalar que ambos “permanecen como miembros de la familia real” y a continuación precisa que “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares”.

Foto: Los Reyes, junto a los eméritos. (Limited Pictures)

Esta reforma consistiría solo en aprobar en Consejo de Ministros un nuevo real decreto, a instancias del Rey, en el que se le excluyera de la familia real y se le quitara el título de Rey. Esta opción es vista con buenos ojos por miembros del Gobierno, pero hasta ahora el Rey se ha resistido.

Ley orgánica

Consistiría en aprobar en el Parlamento una ley orgánica que regulara el funcionamiento de la monarquía, con un compendio de normas. Esta opción ha sido defendida por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Zapatero lo explicó diciendo que sería como acercar la monarquía a la república. Se elaboraría de acuerdo con Zarzuela, pero, según fuentes del Gobierno, presenta “inconvenientes políticos”.

Políticamente, permitiría al PSOE poner un perfil propio reformista y a Zarzuela dar pasos hacia la modernización de la monarquía. El problema es que una vez abierto el melón, partidos republicanos como Unidas Podemos y los nacionalistas e independentistas intentarían abrir un debate amplio en el Congreso sobre la monarquía durante su tramitación.

Foto: Felipe VI recibe a Pablo Casado en Zarzuela, en diciembre del año pasado. (EFE)

"Nadie sabe qué puede pasar si abres ese melón; reforzar la jefatura del Estado con la gran ley orgánica que falta en España o llevar a las Cortes el debate sobre la monarquía y poner una autopista a los republicanos", asegura un miembro del Gobierno. Por eso, necesitaría un consenso entre PSOE y PP que solo se garantizaría si fuera una iniciativa de Zarzuela.

Reforma constitucional

Es la opción más complicada y de mayor calado. Consistiría en abordar una reforma de la Constitución para, por ejemplo, eliminar la prevalencia machista en la sucesión y eliminar la inviolabilidad o reducirla para el ejercicio de sus funciones. El problema es que necesita mayoría cualificada de 234 diputados y similar en el Senado, disolución de las Cortes, nueva aprobación y un referéndum.

Foto: Pedro Sánchez se ajusta la mascarilla durante el lanzamiento del plan para reformar el sistema de ciencia, este 9 de julio en la Moncloa. (EFE)

Este último paso es el más complicado políticamente, porque podría convertirse en un referéndum sobre la monarquía que ni la Casa Real ni el Gobierno desean. De hecho, Zapatero frenó una reforma sobre la sucesión por idéntico motivo. Habría que hacerla con acuerdo de los dos grandes partidos y al final de la legislatura.

Pedro Sánchez se ha pronunciado en varias ocasiones por esta reforma, junto a la eliminación de aforamientos, pero no se conocen iniciativas concretas y siempre sería con impulso de Zarzuela.

La Casa del Rey y el Gobierno han elaborado y analizado distintos estudios jurídicos sobre la situación creada por los escándalos del Rey emérito. Ambas instituciones han solicitado en los últimos meses dictámenes legales y jurídicos no oficiales que han compartido y que incluyen la manera de hacer frente a la difícil situación jurídica del anterior jefe del Estado, por ejemplo, su salida de España hacia Emiratos Árabes.

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