El año más oscuro de Juan Carlos I: cinco investigaciones y un destierro

El año 2020 quedará marcado en la historia de España como el de la caída de Juan Carlos I. Una caída a cámara lenta que venía gestándose desde su abdicación, pero que se precipitó en el año del covid, con un país traumatizado y con las defensas bajas, que ha visto cómo la imagen del Rey emérito perdía capa tras capa el baño de oro que le daba brillo. Desde el símbolo de la Transición hasta el refugio en los Emiratos Árabes, han mediado unos meses demoledores en los que las informaciones sobre sus frentes judiciales, cada vez más graves y cada vez más numerosos, han dejado la monarquía a las puertas de una crisis sin precedentes.

Los procedimientos ya constituyen una madeja enmarañada que incluye el cobro de comisiones millonarias, las donaciones no declaradas o la pista de cantidades en paraísos fiscales. El hilo en el origen del ovillo es, sin duda, el año 2018 y uno de los personajes que han marcado la política española en los últimos años: el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Entre los archivos que los investigadores encontraron en los registros de las propiedades del policía y sus socios, destacan una serie de audios de encuentros que mantuvieron entre 2015 y 2016 el propio policía con la que fuera amante del emérito, Corinna Larsen, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

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La clave de estas grabaciones se encuentra en sus comentarios sobre los supuestos negocios opacos del monarca, apuntando que tiene cuentas a nombre de terceros en Suiza: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que vive en Mónaco", decía. Fue también en aquellas conversaciones en las que hizo referencia, por primera vez, a un pago de 100 millones destinado a comisiones en uno de los proyectos estrella de las empresas españolas en Arabia Saudí: el AVE a La Meca.

La comisión del AVE fue solo el inicio. Como si de una bola de bolos se tratara, aquella pista echó a rodar y desembocó en una primera pieza bautizada como Carol e incluida en el caso Villarejo, en manos de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción. Tras el cierre de aquella investigación, el departamento que dirige Alejandro Luzón mantuvo vivas las pesquisas, que continuaron en secreto durante dos años.

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Llegado 2020, todo afloró. Transcurría marzo, el peor momento de la pandemia. El día 5, la 'Tribuna de Ginebra' informaba del cobro de la sustanciosa comisión. Poco después un segundo diario, el 'Telegraph', informaba de que Felipe VI aparecía como el segundo beneficiario de la fundación 'offshore' que figura como titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la supuesta donación. Un día después de que el Gobierno declarara el estado de alarma, Zarzuela emitió un histórico comunicado. El Rey anunciaba que renunciaba a la herencia económica que pudiera corresponderle de su padre y que le retiraba la asignación.

El covid impuso un paréntesis de inactividad que se prolongó hasta junio. En la primera de las treguas del virus, la Fiscalía General del Estado anunció que había hallado indicios contra el Rey emérito en su larga investigación sobre el AVE a La Meca y dejaba la cuestión en manos de un equipo especializado de fiscales del Supremo. Pese al manto de la inviolabilidad, que equivale a la total impunidad ante cualquier delito cometido durante su reinado, el movimiento de la Fiscalía fue la prórroga del anuncio de agosto. Juan Carlos I abandonaba España. Permanece desde entonces en Emiratos.

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Cinco investigaciones y un destierro

Aunque el acontecimiento parecía la cima de la escalada del escándalo, aún quedaban mazazos por llegar. En noviembre, las diligencias de investigación sobre el emérito se multiplicaron por tres. Juan Carlos I no pudo disfrutar de la perspectiva de archivo de esa primera investigación, adelantada por El Confidencial. Existían nuevos hechos contra los que ya no servía el escudo de la inviolabilidad. Se supo en noviembre que Anticorrupción había dado con una nueva irregularidad: el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sufragó presuntamente durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de los supuestos beneficiarios del dinero. Los movimientos permanecieron ocultos hasta 2019, cuando llegó una pista a la Fiscalía.

De la inviolabilidad a la regularización

Si la primera de las investigaciones generó el 'destierro', la segunda tuvo también sus consecuencias. Juan Carlos presentó una declaración tributaria voluntaria por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. La cantidad abonada respondía a donaciones superiores a los 800.000 euros realizadas por parte del empresario mexicano durante tres ejercicios: 2016, 2017 y 2018. Al efectuar el pago sin requerimiento previo de Hacienda y sin denuncia de la Fiscalía, el emérito buscaba beneficiarse de un archivo del delito fiscal.

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Aún quedaba un tercer cabo. El departamento de Dolores Delgado anunciaba que abriría de forma inminente unas terceras diligencias relacionadas con el Rey emérito. La nueva línea de investigación se basa en "un informe de inteligencia financiera que podría afectar también al anterior jefe del Estado" y que apuntaba a cantidades millonarias depositadas en la isla de Jersey.

Mientras tanto, en Suiza, el fiscal Yves Bertossa continúa adelante con su propia investigación sobre la suculenta comisión saudí. Cobrados a nombre de la fundación que creó en 2008, los fondos permanecieron en una cuenta suiza hasta septiembre de 2012, cuando el rey Juan Carlos transfirió los últimos 65 millones de dólares (41,6 millones de euros) a su examante Corinna Larsen en lo que ella asegura fue "un regalo".

El quinto frente se encuentra en Londres y también está vinculado con Larsen. Corinna prepara una denuncia en Reino Unido en la que prevé acusar a Juan Carlos I de acoso y amenazas, poniendo en bandeja que un juez de Londres le cite en territorio británico.