La Fiscalía pide limitar la imputación de Podemos al delito de financiación irregular
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Descarta falsedad o delito electoral

La Fiscalía pide limitar la imputación de Podemos al delito de financiación irregular

La fiscal advierte de que, a su juicio, "de las diligencias practicadas por el momento no existen indicios" de su comisión

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Pablo Iglesias, en el Congreso. (EFE)

La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha reclamado centrar en un delito de financiación irregular la imputación de Unidas Podemos en la causa en la que se investiga el contrato para servicios electorales suscrito con Neurona para los comicios generales de abril de 2019. En un escrito dirigido al juez Juan José Escalonilla, la fiscal encargada del caso descarta otros posibles delitos, como la falsedad en documento mercantil o el delito electoral, y apoya que el partido continúe como investigado aunque advierte de que, a su juicio, "de las diligencias practicadas por el momento no existen indicios" de su comisión.

En el escrito fechado el pasado 2 de diciembre, la fiscal Lorena Álvarez Taboada señala que resulta "más garantista" para la formación que continúe su imputación, ya que eso le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que pueda defenderse y proponer diligencias. "Más aún, si no tuviera la condición de investigado, mal podría proponer prueba o interponer recursos, como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento", dice.

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Añade que tipificar los hechos en este ilícito penal no es "absurdo o arbitrario" y que la atribución de la condición de imputado está diseñada para garantizar sus derechos. No ve posibilidad de atribuir a Podemos otros delitos. Así, respecto a la falsedad y el delito electoral, precisa que no pueden ser cometidos por personas jurídicas. "Más aún, en el supuesto de delito electoral, solo puede ser cometido por los administradores generales", indica.

Para la Fiscalía Provincial de Madrid, el procedimiento abierto debe reducirse a los pagos con la consultora Neurona. Como defendió en otro escrito presentado el pasado septiembre, el resto de irregularidades que denunciaba el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, para sostener la acusación contra el partido por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, son para la fiscal "rumores, sospechas o suspicacias", mientras que otras "no revisten caracteres de delito".

Foto: Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero, en una foto de archivo. (EFE)

Además de Podemos, en la causa se encuentran imputados la gerente de la formación, Rocío Val, el tesorero, Daniel de Frutos, una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato, y el secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo.

En las últimas diligencias practicadas, el juez ha tratado de comprobar la realidad de la prestación por Neurona Comunidad SL de los servicios que presuntamente le fueron contratados. La investigación de Escalonilla se centra en el contrato que Podemos suscribió con Neurona Comunidad por 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de dichas elecciones, ya que tanto el juez como la Fiscalía Provincial de Madrid y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado —es decir, que no se prestó servicio alguno— para desviar dinero de las cuentas del partido.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

En concreto, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido contratos simulados para ocultar "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, conforme ha expuesto en sus autos.

Aunque la relación contractual entre Podemos y Neurona constituye en estos momentos el principal punto de interés, el magistrado investiga otras cuestiones, entre las que destacan los complementos salariales que la gerente y el tesorero del partido, Rocío Val y Daniel de Frutos, aprobaron para ellos y para la abogada Marta Flor y el sobrecoste en las obras de la nueva sede de la formación, que se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por 1,3 millones.

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