Un juez investiga presuntas irregularidades

El pelotazo en la sede de Podemos: una de las firmas dobló sus ingresos con las obras

La empresa madrileña cerró el contrato con la formación morada, por una cantidad que dobla al importe neto de la cifra de negocio que acostumbra a mover anualmente la pyme

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Una de las seis empresas a las que Podemos adjudicó una parte de las obras de su nueva sede logró un contrato con la formación por más del doble de la cifra de negocio que mueve anualmente. Tanto esta firma como las cinco restantes están llamadas a declarar para explicar ante el juez las presuntas irregularidades que pudieron darse en el proceso de adjudicación de los trabajos en la nueva sede del partido. Tal y como ha destapado El Confidencial, las obras de reforma no solo tuvieron un sobrecoste del 122% y posteriormente, trataron de regularizarlas en pleno escándalo, también comenzaron 16 días antes de que fueran adjudicadas, incumpliendo con la ley de contratos del sector público. La reforma se dividió en seis bloques y el coste de cada uno experimentó una notable subida con respecto al presupuesto inicial, elaborado por un arquitecto del entorno del partido.

El caso más llamativo es el apartado de la climatización. En origen, este lote de la licitación tenía un precio de 70.292 euros. Posteriormente, esa parte de los trabajos fue adjudicada a Hispan Clima por 292.119 euros, tal y como publicó este medio. La pyme madrileña está especializada en instalaciones climáticas. Este diario ha consultado el depósito de cuentas de la firma para comprobar el importe neto de la cifra de negocio que manejó cada año desde su fundación, en 2014. A pesar de que no están disponibles las cuentas de 2019 y 2016, se puede observar que el año que más dinero circuló en la empresa fue en 2017. Concretamente, 120.259 euros.

Los trabajos de climatización se realizaron por 292.119 euros, más del doble del volumen de negocio que acostumbraba manejar. Este medio se ha puesto en contacto con el administrador de la pyme madrileña, que ha declinado hacer ninguna declaración sobre la licitación y los trabajos que se realizaron en la sede, justificando que tiene un contrato de confidencialidad.

La compañía se fundó en 2014 y durante su primer año tuvo una cifra de negocio de casi 21.000 euros y unas pérdidas de 13.980 euros. Al año siguiente, el dinero que circuló por la empresa aumentó y se redujeron sus pérdidas hasta los 3.282 euros. Se desconoce el estado financiero de 2016, porque las cuentas no están disponibles y su administrador no ha querido compartir ningún detalle de ello con este medio. En 2017, el importe de la cifra de negocio, que es la más alta, se dispara hasta los 120.259,21 euros, con unas ganancias de 13.000 euros. Al año siguiente, el volumen de negocio volvió a caer hasta los 55.000 euros, reduciendo a 3.000 euros las ganancias. En 2019, que es el año que se adjudicaron los trabajos, tampoco están disponibles las cuentas.

Simularon la licitación

La ley de contratos del sector público obliga a licitar cualquier proyecto de obra que supere los 40.000 euros más IVA. Por esta razón, la formación morada, el 23 de mayo de 2019, publicó el concurso en su página web con un valor de 649.936 euros. El 3 de junio se conocieron las empresas adjudicatarias, y el importe final de las obras ascendió hasta 1.193.708 euros.

El pelotazo en la sede de Podemos: una de las firmas dobló sus ingresos con las obras

Diez meses después de la adjudicación y en pleno estado de alarma, el 21 de marzo de 2020, el partido notificó al Ayuntamiento de Madrid el sobrecoste. Al abonar los impuestos correspondientes, reconocieron a la Hacienda madrileña que la verdadera fecha de inicio de las reformas fue el 20 de mayo de 2019, tres días antes de que se colgase el propio concurso en su página web.

El juez instructor, Juan José Escalonilla, que investiga desde el pasado 16 de julio si Podemos pudo cometer irregularidades en las obras de su sede, ha imputado por malversación de caudales públicos a los dos principales responsables de la adjudicación, la gerente, Rocío Val, y el tesorero, Daniel de Frutos; también ha solicitado las facturas de la reforma y ha citado a declarar como testigos al arquitecto del proyecto y a los administradores de las empresas adjudicatarias.

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