Juan Carlos I reconoce en su regularización fiscal donaciones de más de 800.000 €

Los abogados de Juan Carlos I han hecho público este miércoles que ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos, según informa el bufete que le representa en España. Fuentes cercanas a la regularización especifican a El Confidencial que la cantidad responde a donaciones superiores a los 800.000 realizadas por parte de un empresario mexicano durante tres ejercicios: 2017, 2018 y 2019.

En una breve nota difundida por el bufete de Javier Sánchez Junco, el despacho asegura que una vez cumplimentado el pago, "continuará como siempre a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno". La regularización se ha dividido en un principal de medio millón de euros al que se suman los recargos por el retraso hasta alcanzar la cantidad cercana a los 700.000. El escrito y el pago se han formalizado ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid.

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El monarca emérito Juan Carlos I ha cumplimentado de este modo el plan anticipado durante el pasado fin de semana. Presenta una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través de Allen Sanginés-Krause. Con este movimiento el emérito trata de esquivar las segundas diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El abono de la cuota correspondiente a los ingresos no declarados antes de recibir notificación por parte de Hacienda desactiva el delito fiscal.

La Fiscalía cuenta con indicios de que el millonario Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares, lo que abría la puerta a un posible delito fiscal: los gastos abonados son de carácter ordinario, continuados y sostenidos en el tiempo, explican a este diario fuentes cercanas a la investigación. Entre las facturas de la familia real que fueron financiadas por Sanginés-Krause, hay desde viajes y estancias hoteleras hasta tratamientos médicos o cuentas de restaurantes. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, año de la abdicación, por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad.

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Se comete delito fiscal cuando las cuotas que Hacienda considere defraudadas superan la cuota de los 120.000 euros por impuesto y por ejercicio. Los abonos investigados corresponden a tres años: 2016, 2017 y 2018. Aunque depende del impuesto aplicado y el tipo impositivo, expertos fiscalistas consultados apuntan a que la AEAT considera habitualmente este tipo de ingresos IRPF por incremento no justificado de patrimonio y calcula la cuota aplicando un mínimo de un 48%. La regularización también ha podido presentarse en concepto de donaciones, con una cuotya similar.

La vía que ha tomado el rey se apoya en el artículo 305.4 del Código Penal, que recoge las bautizadas con el expresivo nombre de 'excusas absolutorias'. Para que pueda agarrarse al mismo, tendría que adelantarse a los propios investigadores: “Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación", establece el artículo.