Juan Carlos I analiza regularizar los fondos que recibió del empresario mexicano
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Trata de esquivar el delito

Juan Carlos I analiza regularizar los fondos que recibió del empresario mexicano

El emérito se plantea dirigirse a la Agencia Tributaria para esquivar una parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía

placeholder Foto: La reina Sofía y el rey Juan Carlos, en una imagen de archivo. (Getty)
La reina Sofía y el rey Juan Carlos, en una imagen de archivo. (Getty)

El monarca emérito Juan Carlos I tiene previsto presentar una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, como ha adelantado 'El País' y confirmado El Confidencial. Con este movimiento el emérito trata de esquivar las segundas diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El abono de la cuota correspondiente a los ingresos no declarados antes de recibir notificación por parte de Hacienda desactiva el delito fiscal. El escrito aún no ha sido presentado y se encuentra en fase de estudio, informan fuentes jurídicas.

La Fiscalía cuenta con indicios de que el millonario Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares, lo que abre la puerta a un posible delito fiscal: los gastos abonados son de carácter ordinario, continuados y sostenidos en el tiempo, explican a este diario fuentes cercanas a la investigación. Entre las facturas de la familia real que fueron financiadas por Sanginés-Krause, hay desde viajes y estancias hoteleras hasta tratamientos médicos o cuentas de restaurantes. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, año de la abdicación, por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad.

Foto: Imagen: Pablo López Learte.

Se comete delito fiscal cuando las cuotas que Hacienda considere defraudadas superan la cuota de los 120.000 euros por impuesto y por ejercicio. Los abonos investigados corresponden a tres años: 2016, 2017 y 2018. Aunque depende del impuesto aplicado y el tipo impositivo, expertos fiscalistas consultados apuntan a que la AEAT considera habitualmente este tipo de ingresos IRPF por incremento no justificado de patrimonio y calcula la cuota aplicando un mínimo de un 48%. Con esa premisa, bastaría que el dinero recibido en alguno de los ejercicios superara los 250.000 euros.

La vía que analiza el rey se apoya en el artículo 305.4 del Código Penal, que recoge las bautizadas con el expresivo nombre de 'excusas absolutorias'. Para que pueda agarrarse al mismo, tendría que adelantarse a los propios investigadores: “Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación", establece el artículo.

Foto: Fotografía de archivo de Juan Carlos I. (Reuters)

El artículo, sin embargo, no se queda ahí. También apunta a que, en el caso de que las actuaciones de la Agencia Tributaria todavía no se hubieran producido, la regularización en cuestión tendría que darse "antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias". En otras palabras: si la Fiscalía del Supremo o cualquier otra de las instituciones mencionadas en el Código Penal le han comunicado que tiene abiertas unas diligencias para investigar la posible comisión de un delito fiscal, a Juan Carlos I ya no le valdría con regularizar las cuotas pendientes para esquivar la correspondiente investigación.

Antes de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenara que la investigación quedara en manos de la Fiscalía del Supremo, las diligencias estaban en manos de Anticorrupción. Pese a ello, fuentes jurídicas confirman que en ningún momento se informó al Rey emérito en esa fase sobre las pesquisas que estaban llevando a cabo.

Blanqueo, la otra sospecha

Las diligencias de la Fiscalía del Supremo se centran en estos momentos en la comisión de un delito fiscal, pero fuentes jurídicas apuntan a que, conforme avancen las mismas, no se descarta que se llegue también al de blanqueo. Este segundo delito se produciría si el empresario mexicano no hubiese sufragado gastos de Juan Carlos I y sus familiares por la amistad que le une al primero y a costa de su propia fortuna, sino porque en realidad manejaba fondos ocultos del monarca y hubiese actuado como testaferro del mismo para que estos no salieran a la luz. En el caso de confirmarse esta posibilidad, la Fiscalía del Supremo ya no solo se centraría en las cuotas pendientes que probasen la comisión de un delito fiscal, también tendría que demostrar que el emérito incurrió en un delito previo y, posteriormente, blanqueó las ganancias que obtuvo con el mismo a través de Allen Sanginés-Krause.

Una vez más, el posible blanqueo perdería fuerza si Juan Carlos I se agarrase al artículo 305.4 del Código Penal, pues este establece que "la exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior [la ya comentada] alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria". A esto se suma la necesidad de probar el delito que precede al blanqueo y justifica el mismo, exigencia ante la que surge una vez más la misma complicación por la que la Fiscalía se posiciona a favor del archivo por las supuestas comisiones del AVE a La Meca: Juan Carlos I es inviolable hasta su abdicación en 2014, por lo que si el primer delito se hubiera cometido antes de ese año, un posible blanqueo en 2016, 2017 y 2018 también se desmontaría.

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