El nuevo plan del Gobierno para el CGPJ tapona 29 puestos judiciales clave
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Reforma para detener su actividad

El nuevo plan del Gobierno para el CGPJ tapona 29 puestos judiciales clave

El Supremo es el más perjudicado, con siete vacantes por jubilación en todas las salas salvo la de Penal

placeholder Foto: Lesmes, junto a Pedro Sánchez. (EFE)
Lesmes, junto a Pedro Sánchez. (EFE)

El nuevo proyecto del Gobierno para limitar la actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá repercusiones en los principales tribunales de todo el territorio. En el caso de que la actual parálisis en la renovación de órgano se prolongue y la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para vetar que el Consejo realice nombramientos una vez superados sus cinco años de mandato salga adelante por la vía de urgencia, se provocará un tapón en la cobertura de vacantes clave en el Tribunal Supremo, pero también en presidencias de varios TSJ y audiencias provinciales. En total, 29 nombramientos ya convocados o al borde de serlo que pueden quedar congelados hasta que la renovación se produzca.

Todos ellos son nombramientos discrecionales y se ven limitados por la iniciativa registrada el miércoles. El más perjudicado será sin duda el TS, donde las vacantes por jubilación o fallecimiento quedan desiertas hasta que se cubren y no las ejerce nadie en funciones. Las que están pendientes ahora mismo afectan a todas las salas salvo la de Penal. En concreto, son siete: dos la Sala Primera, Tercera y Cuarta y una en la Quinta. En la Primera, deben cubrirse las jubilaciones de los magistrados Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena; en la Tercera, las de Jorge Rodríguez Zapata y Francisco Javier Borrego; en la Cuarta, las plazas de José Manuel López García de la Serrana y Jesús Gullón, y en la Quinta, la de Ángel Calderón. Solo una de ellas está ya convocada mientras las otras seis se encuentran pendientes.

El PP ve la limitación del CGPJ como una ''vuelta de tuerca que no aporta nada''

Más allá del alto tribunal, hay dos presidencias de tribunales superiores de Justicia en el aire. La del TSJ de Canarias, vacante por el fin de mandato de Antonio Doreste, y la del País Vasco, por la jubilación de Juan Luis Ibarra. En el primero de los casos, la situación se prolonga ya desde hace un año —en el que el CGPJ ha ido activando y desactivando los nombramientos en función de las negociaciones entre el PSOE y el PP— y urge en un momento especialmente delicado para la isla, que recibe en los últimos meses un elevadísimo número de migrantes irregulares y que ha sufrido en las últimas semanas situaciones como la provocada por el campamento del muelle de Arguineguín.

Las audiencias provinciales deben renovar a varios de sus presidentes. Es el caso de Granada, Ciudad Real, Navarra, Salamanca, Cantabria, Baleares, León y Almería. También están pendientes las presidencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del de Castilla y León, con sede en Burgos, la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la Audiencia Provincial de Cáceres y de la Sala Social de la Audiencia Nacional.

Foto: Leopoldo Puente (d) tomando posesión del cargo. (EFE)

Aún no convocadas, pero al borde de estarlo, están las presidencias de otras cuatro audiencias provinciales más: La Rioja, Burgos, Lugo y Girona, y la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El listado resulta interminable, pero es mucho más que una relación de puestos. Las vacantes no cubiertas provocan disfunciones, ralentización en los asuntos, mayores cargas de trabajo y, en general, una menor eficiencia.

La proposición fue presentada por sorpresa después de que el anterior plan, que también implicaba la reducción de las mayorías necesarias para poder renovar el órgano, quedara paralizado. En una semana intensa que condujo a la disputa interna de los dos socios del Gobierno, ambas partes se pusieron de acuerdo en este nuevo proyecto, que permite restringir las decisiones que tome este órgano una vez haya cumplido su mandato. Los nombramientos han sido uno de los principales motivos de tensión para el Gobierno, que quiere evitar que el Consejo, que se convierte hoy mismo en el que más ha tardado en renovarse, continúe con su actividad.

Foto: El líder del PP, Pablo Casado (d), conversa con Teodoro García Egea y la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra. (EFE)

La intención es que la reforma se discuta en el pleno del Congreso el 15 de diciembre, según fuentes socialistas. La proposición de ley inicial permanece congelada, pero no ha sido retirada, y no se descarta que el Ejecutivo la resucite para presionar al PP si la situación se alarga. Mientras tanto, los populares —con la campaña de las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina— se resisten a avanzar y se mantienen en tres exigencias: reforma para despolitizar el órgano, veto a Podemos y retirada completa de la reforma que precedió a esta.

La postura del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial no tenía previsto continuar realizando nombramientos. En esta antesala del tercer intento de renovación, que se alarga ya demasiado, el CGPJ había decidido no abordar las vacantes, renunciando a echar más leña al fuego. Fuentes jurídicas apuntan que las plazas pendientes generan menos consenso entre los vocales que las anteriores. El presidente, Carlos Lesmes, no está dispuesto a forzar nuevos nombramientos sin que exista un apoyo casi absoluto por parte de los vocales con al menos 19 de los 20 votos.

Foto: Carlos Lesmes, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (d). (EFE)

Pero esa decisión no será eterna. Aunque la idea del Gobierno es vetar la actividad de forma urgente, es difícil que la proposición salga adelante de forma inmediata. Al menos durante dos meses, el Consejo en funciones más vetusto podrá continuar con su funcionamiento normal.

El nuevo proyecto del Gobierno para limitar la actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá repercusiones en los principales tribunales de todo el territorio. En el caso de que la actual parálisis en la renovación de órgano se prolongue y la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para vetar que el Consejo realice nombramientos una vez superados sus cinco años de mandato salga adelante por la vía de urgencia, se provocará un tapón en la cobertura de vacantes clave en el Tribunal Supremo, pero también en presidencias de varios TSJ y audiencias provinciales. En total, 29 nombramientos ya convocados o al borde de serlo que pueden quedar congelados hasta que la renovación se produzca.

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