Carpetazo al 8-M: la Audiencia confirma el archivo de la investigación contra Franco

La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo de la investigación contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de manifestaciones multitudinarias como la del 8-M en los días previos a que se declarara el estado de alarma. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el tribunal no ha atendido la treintena de apelaciones presentadas contra la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que el 12 de junio dio carpetazo a la causa al no ver indicios suficientes que justificaran mantener imputado a Franco por un delito de prevaricación administrativa.

"Se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", sostenía el auto de 51 páginas de Rodríguez-Medel. La resolución incidía también en que el investigado "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario", descartando así que los superiores de Franco en el Gobierno le empujaran a autorizar la marcha pese al riesgo sanitario.

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Rodríguez-Medel repetía esta idea a lo largo del auto y concluía en el mismo que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada instó del delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19". Pese a ello, la magistrada dejaba caer al mismo tiempo que, si bien Franco no tenía conocimiento, quizás otros por encima de él sí lo tenían, pero esa cuestión va más allá de la causa instruida por ella: "Si ese conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias, no es objeto de este procedimiento".

Con esta resolución, la magistrada atendió la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pedían el archivo de la causa. Rodríguez-Medel, de hecho, aplaudía algunos de los argumentos esgrimidos por ellos, como cuando descartaban que Franco tuviera competencias sanitarias: "En las áreas funcionales, entre las que se encuentra Sanidad, la unidad de Delegación depende funcionalmente del ministerio del ramo, como acertadamente expone la abogada del Estado en su solicitud de sobreseimiento libre".

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Una vez descartada esa competencia, apuntaba que las funciones de Franco pasan por ser "garante de los derechos y libertades de los ciudadanos con ocasión de dichas concentraciones", por lo que si no tuvo conocimiento del riesgo que entrañaba el 8-M, se limitó a cumplir con su deber: "Durante el periodo que nos ocupa, solo en una ocasión ejerció esa competencia por afectar a un derecho fundamental, prohibiendo una concentración", indicaba la magistrada, en relación con una protesta que iba a celebrarse el 2 de marzo frente a la casa de Pablo Iglesias y fue tumbada por afectar a su intimidad.

El polémico informe

La citación como imputado del delegado del Gobierno provocó el pasado mayo un terremoto que llegó hasta la Guardia Civil. En concreto, hasta el jefe del instituto armado en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, bajo cuyo mando se elaboró un informe en el que la magistrada apoyó su investigación. En su análisis, la Guardia Civil apuntaba incluso a que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manejaba al menos tres días antes del 8-M datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y, pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros similares.

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Tras conocerse este informe, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó por pérdida de confianza a Pérez de los Cobos. La decisión se relacionó desde el primer momento con el informe en cuestión y, como adelantó El Confidencial, la directora general del cuerpo, María Gámez, llegó a reconocer por escrito que el mando había sido relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Con esa polémica como telón de fondo, la jueza siguió adelante con las pesquisas hasta acordar el sobreseimiento de las mismas, decisión que ahora confirma la Audiencia Provincial.