la causa ya está archivada

El delegado del Gobierno en Madrid apunta a la CAM por la falta de medidas el 8-M

El Confidencial accede a los audios de la declaración de José Manuel Franco cuando estaba siendo investigado por la celebración del 8-M en Madrid

Foto: El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. (EFE)
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. (EFE)

La declaración del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, como imputado por la celebración de la manifestación del 8-M (en plena ola de contagios por el coronavirus) duró una hora y 34 minutos. El Confidencial ha tenido acceso en exclusiva al interrogatorio en el que José Manuel Franco, además de defenderse, apunta en varias ocasiones contra el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Después de la declaración de Franco, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que instruía la causa, acordó el archivo provisional del caso por falta de indicios de un posible delito.

En su testimonio, el delegado del Gobierno en Madrid asegura que “en la Delegación del Gobierno se recibieron dos comunicaciones de la comunidad sobre residencias de mayores y centros sanitarios respecto al covid-19. En esas comunicaciones, no se nos decía nada de ninguna medida que debiese tomar la Delegación”. La jueza, aparentemente sorprendida al escuchar la dureza de la crítica, le plantea: “¿Podía la Comunidad de Madrid haber impuesto a la Delegación algún tipo de medida?”.

La respuesta de Franco señala con una mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras con la otra indica que no es su intención apuntar a ninguna institución pública. “Teniendo las competencias sanitarias, los responsables de la comunidad podrían habernos hecho alguna recomendación. Podrían, pero no quiero desviar responsabilidades hacia ninguna Administración. No es mi estilo ni lo voy a hacer nunca”, dice el delegado en su declaración.

El delegado asegura que, en líneas generales, no se enteró de ninguna medida sobre el covid-19 por parte del Gobierno de Ayuso hasta el miércoles 11 de marzo y que si las tomaron fue porque las sugirió Salvador Illa. “Ese día tengo conocimiento de algunas restricciones que hace la comunidad, creo que inducidas por el Ministerio de Sanidad, en el sentido de limitación de espacios cerrados, por cierto, no al aire libre, donde se prohíbe que se acumulen más de mil personas (...). Además tengo conocimiento de que la comunidad toma la decisión de cerrar colegios”. Franco asegura que se entera por la prensa el día 10 de marzo de que la comunidad ha decidido clausurar los centros educativos. “¡Pero si fue el día 9 cuando los medios anunciaron que la comunidad iba a cerrar los colegios!”, matiza la titular del juzgado. La respuesta de Franco deja al descubierto que el delegado, en plena crisis del coronavirus, no estaba pendiente de la actualidad: “Pues yo me enteré un día después. Quizás iba con retraso”. Y más tarde añade: “Yo no tenía obligación de conocer nada [sobre el coronavirus] antes del 11-M, que fue cuando se declaró la pandemia”. No se queda ahí. Franco explica que como la Delegación no tiene ninguna competencia en materia sanitaria, su “obligación no era estar al tanto de lo que estaba pasando en materia sanitaria”.

La fecha clave: el 11 de marzo

Otra de las fechas clave en la declaración que presta como imputado es el 11 de marzo, día en que la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la pandemia. “¿Qué medidas toman en la Delegación del Gobierno a partir de ese instante?”, pregunta la instructora. “Tras asistir a los actos de homenaje a las víctimas del 11-M, que me ocuparon toda la mañana, mantuve una charla informal en la delegación con el Sr. Correas [director de Seguridad Ciudadana] y el jefe de mi gabinete. Consensuamos sugerir a los organizadores de las manifestaciones que las desconvocasen. Era de sentido común”. A la jueza, que se conoce la investigación al milímetro, no se le escapa un detalle y le suelta: “Pero, vamos a ver. Usted el mismo día 11 de marzo firmó tener conocimiento [es como autorizarlas] de seis convocatorias de manifestaciones”. La magistrada se muestra extrañada porque unos segundos antes ha escuchado a Franco afirmar que esa jornada decidieron desconvocarlas. La contradicción es obvia.

El delegado, manifiestamente incómodo, niega haber firmado durante la tarde esos 'permisos', y sugiere que debió de hacerlo durante la mañana, antes de la reunión informal. “¿Y cómo lo hizo? ¿No estaba en los actos del 11-M?”, cuestiona la magistrada. “Puede que los firmase a través del móvil, mientras estaba en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M”, responde Franco. A la jueza le resulta extraña esta forma de trabajar, atendiendo al móvil durante los actos por los atentados del 11-M: “Entiendo que usted lee los informes antes de firmarlos, ¿no?”. "Por supuesto", responde el delegado.

Franco, antes de concluir su declaración, deja dos perlas más. El responsable de riesgos laborales de la Delegación envió días antes de la manifestación del 8-M un documento a los trabajadores en que se advertía, entre otras cosas, contra las aglomeraciones de gente: “Yo no recibí ese correo”, matiza el delegado, “pero de haberlo hecho tampoco habría cambiado mi decisión sobre la celebración del 8-M”. Además, durante su declaración judicial, el delegado tuvo intención de quitarse la mascarilla y le tuvieron que advertir de que no lo hiciera: “Después de usted van a pasar otros y el micro es un foco de contagio”.

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