La cuenta de la vieja del independentismo: hasta 2.850 represaliados por el ‘procés’
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Decenas de causas tres años después

La cuenta de la vieja del independentismo: hasta 2.850 represaliados por el ‘procés’

En la cifra se engloban 700 alcaldes de municipios catalanes o las casi 200 personas imputadas por desórdenes en el corte en la frontera hispanofrancesa

Foto: La cuenta de la vieja del independentismo: hasta 2.850 represaliados por el ‘procés’
La cuenta de la vieja del independentismo: hasta 2.850 represaliados por el ‘procés’

Han pasado tres años desde el 1 de octubre de 2017 y aún resuenan las consecuencias en tribunales repartidos por toda Cataluña. El independentismo ha realizado una estimación sobre el número de afectados por procedimientos judiciales vinculados con el ‘procés’ y calcula que 2.850 personas se encuentran encausadas en más de 30 juzgados de las cuatro provincias catalanas. El cómputo es más bien una cuenta de la vieja que incluye a centenares de personas relacionadas solo de forma tangencial con la cuestión nuclear. En la cifra, se engloban los 700 alcaldes de municipios catalanes que mostraron expresamente su apoyo a la Generalitat para la celebración del referéndum o las casi 200 personas imputadas por desórdenes públicos y daños por el corte que Tsunami Democràtic realizó en la frontera hispanofrancesa.

Pese a que el largo listado de ‘represaliados’ está estimado al alza, es un hecho que los tentáculos del 1-O en los tribunales son infinitos. Quizá los imputados no suman tres millares, pero sí son cientos las personas procesadas o imputadas en los distintos procedimientos abiertos. Después de la condena del ‘procés’, sigue habiendo ‘procés’.

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Dos de las principales causas están ya al borde de la sentencia. Es el caso de la que afecta al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El tribunal de la Audiencia Nacional que debe fallar sobre su papel durante el 1 de octubre de 2017 baraja su absolución por discrepancias entre los tres magistrados. También está pendiente el fallo sobre los exmiembros de la Mesa del Parlament durante la presidencia de Carme Forcadell juzgados en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Otro de los procedimientos más conocidos es el del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por ejemplo, que investiga a una treintena de cargos y empresarios, todos ellos ya procesados. Entre ellos, se encuentran la máxima responsable de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, a los que se atribuye la emisión de los anuncios sobre la celebración y promoción de la participación en el referéndum en los medios públicos de la Generalitat en septiembre de 2017. También se encuentran cargos como el secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, por malversación y prevaricación, Antoni Molons García, o el director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat, Jaume Clotet.

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Una de las ramificaciones de esta investigación se encuentra en el TSJC, que tiene en sus manos la causa que afecta al exnúmero dos de Oriol Junqueras Josep Maria Jové, diputado de ERC acusado de malversación de fondos, revelación de secretos y desobediencia grave, y propietario de la famosa agenda con la hoja de ruta para la independencia.

No todos los acusados se cuentan en las filas cercanas al independentismo. El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga la intervención de la Policía en distintos colegios electorales y mantiene acusados a una cuarentena de agentes por delitos de lesiones y contra la integridad moral por denuncias de uso desmedido de la fuerza. Juzgados de otras localidades mantienen abiertos sus propios procedimientos. En el otro lado, los Mossos también responden ante la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà encontró hace meses indicios fundados de criminalidad por un dispositivo policial “organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas”.

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La acción de los CDR también está judicializada. Acaba de quedar visto para sentencia el juicio contra la activista Tamara Carrasco, detenida en abril de 2018 acusada de terrorismo. La Fiscalía pide para ella una pena de siete meses de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio por un delito de “incitación a desórdenes públicos”. La Audiencia Nacional tiene, además, abierta la conocida como operación Judas, que se saldó el 23 de septiembre de 2019 con la detención de nueve miembros de los autodenominados comités de defensa de la república.

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