La Audiencia confirma la absolución del PP por los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en 2013. En una sentencia fechada el 13 de julio contra la que no cabe interponer recurso, el tribunal confirma el fallo del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid y echa por tierra los recursos de las acusaciones populares por su "rebuscado planteamiento". Más allá del partido político, también absuelve a la extesorera de la formación política Carmen Navarro, al jefe de la Asesoría Jurídica Alberto Durán y al responsable del departamento informático del partido José Manuel Moreno, acusados de daños informáticos y encubrimiento. La Fiscalía pedía el archivo de la causa al considerar que el extesorero Luis Bárcenas carece de credibilidad.

Entre los "hechos no acreditados", la sentencia del Juzgado de lo Penal 31 apuntaba a que no se ha probado que en los ordenadores "hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes, como tampoco que, de haber existido algún contenido en ese instante, tuviera un valor económico significativo y no estuviera a salvo". El magistrado recogía también como "no acreditado" que los acusados borraran los ordenadores porque la Audiencia Nacional estaba investigando en aquel momento una "supuesta contabilidad oculta del Partido Popular".

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Al confirmar la primera sentencia, la Audiencia Provincial tumba la credibilidad de Bárcenas, que llegó a personarse como acusación particular en el procedimiento antes de retirarse en 2016. En su declaración como testigo el 20 de junio, el extesorero se mostró tajante sobre el contenido de los discos: "Había datos relacionados con mis cuentas corrientes, presupuestos sobre cómo se financiaban las campañas electorales, las notas que daban continuidad a los papeles y algunos documentos más", afirmó ante el juez. "Si los ordenadores no contenían información, ¿para qué destruir los discos y formatearlos?". Pese a ello, tanto el titular del Juzgado de lo Penal 31 como la Audiencia Provincial consideran que su versión plantea dudas.

"Se considera palmario en el recurso que los discos duros tenían que contener datos informáticos, y no cualesquiera por los cargos que había desempeñado el testigo en el Partido Popular, hallándose por ello investigado por delitos graves relacionados con la contabilidad opaca de la formación, preguntándose por qué se iban a emplear tantos medios y esfuerzos en borrar algo que no había", explica la sentencia de la Audiencia Provincial. "La parte recurrente está convencida de la existencia de esos datos informáticos en los dispositivos informáticos borrados y destruidos muy relevantes para el procedimiento referido y evidentemente esa es una posibilidad, pero la diferente conclusión a la que llega el juez a quo, en aplicación del principio de presunción de inocencia no es arbitraria o irrazonable y, en consecuencia, debe ser respetada".

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Las acusaciones populares destacaban en sus recursos que Moreno había destruido "los discos duros mediante un sistema de sobreescritura y que después los rayó y los tiró a la basura", sistema que, según señaló en su declaración como testigo el responsable de los sistemas informáticos del PP durante 18 años, Javier Barrero, no es habitual: "Declaró que no conocía este protocolo, que no se había realizado antes una destrucción tan devastadora, y que él no había eliminado los datos informáticos porque era una grave irresponsabilidad hacerlo, añadiendo que eran conocidos por todos los problemas judiciales de Luis Bárcenas", explica la sentencia.

El tribunal, sin embargo, considera que las acusaciones incurren de nuevo en una "nueva valoración de la citada prueba personal" que resulta "diferente a la que lleva a cabo el juzgador, que es a quien le corresponde realizar tal valoración sin que por ello pueda tener acogida la misma". "Aplicando el criterio jurisprudencial expuesto, no se ha justificado la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia, sino que lo que se pretende es una modificación de la valoración de la prueba practicada por el magistrado", concluye la Audiencia Provincial.