EN SU INFORME FINAL

La fiscal carga contra Bárcenas y defiende al PP por la destrucción de sus ordenadores

"Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, entendemos que esa información era del PP", llegó a decir durante la exposición de su informe final

Foto: El juicio de los ordenadores de Bárcenas por el que el PP se sienta en el banquillo. (EFE)
El juicio de los ordenadores de Bárcenas por el que el PP se sienta en el banquillo. (EFE)

La fiscal Carmen Luciáñez no dio su brazo a torcer en la última sesión del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. En su informe final, mantuvo que el partido debe ser absuelto del delito de daños informáticos que sostienen las acusaciones populares: "No es incongruente que el PP piense que esos ordenadores eran suyos", argumentó. "Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, entendemos que esa información era del PP". Luciáñez cargó una y otra vez contra el extesorero, para lo que tachó su declaración de inverosímil: "No podemos decir que la declaración de Bárcenas ha sido coherente". Y pidió la absolución para los otros tres imputados, a los que se les acusa también de encubrimiento: la extesorera 'popular' Carmen Navarro, el abogado del partido Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno.

Frente a la "perplejidad" que mostraron las acusaciones populares ante el papel que ha jugado el Ministerio Público en el juicio, su representante defendió que "la actuación de la Fiscalía, cuando presenta acusación o archivo, se intenta basar siempre en el principio de legalidad". "Considerar que esta representante del Ministerio Fiscal ha ido un poco por libre en este escrito absolutorio muestra un desconocimiento absoluto del funcionamiento de la Fiscalía General del Estado". Según afirmó, su petición de archivar la causa cuenta con el visto bueno de todos sus superiores.

Tras responder a las acusaciones, la fiscal trató de desmontar sus escritos. "Aún a estas alturas existe duda sobre la propiedad de los ordenadores", señaló. "Lo único que el señor Bárcenas ha presentado es una factura de un ordenador". Para apuntalar su postura, se refirió al artículo 264 del Código Penal, en el que se recoge el delito de daños informáticos, subrayando así que para incurrir en el mismo se exige que el borrado se lleve a cabo "sin autorización" y sea de "datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos".

Luciáñez cuestionó entonces la versión del extesorero del PP, que en su declaración como testigo aseguró que los dispositivos que fueron destruidos contenían información sensible sobre la caja B. Pero incluso dando por buenas sus palabras, consideró que carece de importancia a la hora de valorar si el PP incurrió en el delito de daños informáticos: "Entendemos que Bárcenas hizo una dejación de esos ordenadores. Y si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, entendemos que esa información era del PP y, por tanto, no era ajena". En otras palabras: si no puede demostrarse que los dispositivos eran de Bárcenas, no cabe hablar del delito de daño informático.

Las acusaciones piden que el PP sea condenado

Las acusaciones populares Izquierda Unida y Adade mantuvieron por su parte la petición de condena para los cuatro acusados. IU pide que al PP se le imponga una multa de 10,9 millones de euros por un delito de daños informáticos, solicitando además cuatro años y seis meses de prisión para los otros tres acusados, a los que suma el delito de encubrimiento. En su informe final, el abogado de IU, Juan Moreno, denunció "movimientos de Estado" para enterrar información sensible sobre la caja B del PP, para lo que se refirió a la conocida como operación Kitchen y acusó al partido de trazar "un plan sistemático para delinquir". Adade pide a su vez una multa de 109.500 euros para el PP, un año de cárcel para el informático y dos para la extesorera y el abogado. "La lógica y el sentido común me llevan a pensar que esos ordenadores contenían información sensible", lanzó su abogado, Juan de Justo.

Pero en la última sesión del juicio, la tercera acusación popular, ejercida por el Observatori Desc, endureció su petición al añadir un segundo delito de daños informáticos por cada uno de los ordenadores destruidos: para Navarro solicita cuatro años de cárcel, para Durán tres años y diez meses y para Moreno tres años y ochos meses. En su exposición, la letrada Isabel Elbal criticó que la Fiscalía no crea la versión de Bárcenas en este juicio, mientras que en otros que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional sí da por buenas sus palabras. "No sólo se destruyeron los discos, también la agenda del extesorero y el libro de visitas de Génova", subrayó.

Las defensas tachan a Bárcenas de mentiroso

El informe del abogado del PP, Jesús Santos, cerró este viernes el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Comenzó aplaudiendo "la digna exposición del Ministerio Fiscal", así como del resto de defensas. Pero partir de ese momento, cargó sin descanso contra la credibilidad del extesorero: "Es capaz de decir una cosa y la contraria. Y cuando se le pilla, a la siguiente declaración trata de justificarlo". Tras echar por tierra la declaración de Bárcenas de la pasada semana, en la que aseguró que los discos duros que destrozó el partido contenían información sensible sobre la caja B, Santos defendió entonces que no cabe condena alguna contra la formación: ¿Cuál es la prueba que se presenta por las acusaciones para pedir desaforadas penas? La palabra del señor Bárcenas. Esa es la única prueba".

Su intervención se convirtió así en una sucesión de dardos contra el extesorero: "Aquí el único que ha destruido dispositivos electrónicos ha sido el señor Bárcenas". "Ninguno de los órganos jurisdiccionales ha dado valor a sus declaraciones, todas han acabado con el archivo o el sobreseimiento libre". "Lo único que buscaba era distraer la atención y poner fuera de él el foco de su persona". El nombre de Bárcenas se repitió una y otra vez durante su intervención, pero para referirse a la caja B del partido, Santos utilizó en todo momento la palabra "supuesta".

Sus críticas al extesorero se convirtieron después en torpedos contra las tres acusaciones populares que han llevado al PP al banquillo, sobre los que dijo que no han presentado una sola prueba. "Han actuado con temeridad y mala fe. Han hecho una imputación injustificada de hechos delictivos", lanzó. Y como broche final, pidió que el juez les condene al pago de costas del procedimiento. "No tienen legitimación para acusar por un delito de daños informáticos. Un sentido de prudencia en las acusaciones populares hubiese requerido su retirada", afirmó. Para cerrar su informe, el abogado elevó el tono y se dirigió a los acusados: "Carmen, José Manuel, Alberto, hoy comienza la cuenta atrás de vuestro sufrimiento".

La ronda de las defensas arrancó con Esteban Mestre, abogado del responsable jurídico del PP, Alberto Durán. Denunció que "no se ha practicado ninguna prueba" que acredite los escritos de las acusaciones populares, subrayando así que para sostener un delito de encubrimiento hace falta demostrar qué es lo que se ocultó. "Alguien ha encubierto algo. Pero dígame qué se ha encubierto", criticó. Tras echar por tierra este primer punto, descarto también el de daños informáticos: "No hay daño grave si lo que se destruyó es una fotocopia de algo que sigue vigente". "Bárcenas había destruido los originales. Los ordenadores eran del PP y actuó legítimamente". Mestre cerró entonces su informe con una frase tajante: "Lo digo yo, pero, sobre todo, nadie ha demostrado lo contrario".

Carlos Gómez Jara, el letrado del informático José Manuel Moreno, tomó a continuación la batuta y recuperó una de las ideas que se expuso en la primera sesión del juicio: "Si cabe acusación particular, no cabe acusación popular. No cabe que abra juicio oral solo la acusación popular". Respecto a su cliente, aseguró que se limitó "a seguir unos protocolos", por lo que en ningún caso considera que se le puede acusar de enterrar información sensible sobre el partido. Pero por si el juez lo entendía de forma distinta, dedicó también gran parte de su informe a poner en duda la credibilidad de Bárcenas.

Enrique Molina, abogado de la extesorera Carmen Navarro, siguió una línea similar: "A la gente se le sigue imputando por lo que es y no por lo que ha hecho". Argumentó una vez más que no se puede hablar de encubrimiento sin tener claro qué se encubre, cargando además de forma directa contra la acusación ejercida por Observatori Desc: "Se transforma el concepto de daño material en daño informático". Y destacó cómo su abogada había dicho que "hemos llegado hasta aquí, que no es poco", una afirmación que consideró que demuestra que lo único que buscan es que el PP y los otros tres imputados se sienten en el banquillo: "No se pueden ver mayores disparates durante una sesión de juicio". Disparates que, según aseguró, solo buscaban como "destinatarios a los medios de comunicación", no al juez.

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