Sánchez retoma una reforma imposible: la inviolabilidad del Rey y los aforamientos

El Gobierno se siente impelido a lanzar señales de que los presuntos manejos opacos del rey Juan Carlos le preocupan y ocupan, necesita levantar un muro que blinde a su hijo, Felipe VI. Pero hay gestos que, por ahora, se quedan en eso, por la dificultad de que cristalicen. Y uno es la reforma de la Constitución, no ya solo para limitar los aforamientos, sino para poner topes a la inviolabilidad del monarca. Lo primero ya lo intentó en su primera etapa en la Moncloa, antes de las generales del 28 de abril de 2019, y no pasó de una propuesta remitida al Congreso tras el visto bueno del Consejo de Estado. Lo segundo, ya lo manifestó hace año y medio sin que tuviera una traducción jurídica. En ambos casos, el problema es la aritmética: la dificultad para trenzar consensos en un Parlamento extremadamente fragmentado. Con el añadido de que tocar cualquier aspecto relativo al estatus de la Corona conlleva una reforma agravada de la Carta Magna, con elecciones y referéndum mediante. En la Moncloa ni siquiera hablan aún de plazos y advierten de que el presidente del Gobierno verbaliza "una reflexión", no un anuncio con fecha cerrada o aproximada.

El cambio de estrategia de Sánchez es innegable. De declaraciones convencionales y previsibles —la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no hay "impunidad" y el Gobierno colaborará con los tribunales cuando le requieran su ayuda—, pasó a unas aseveraciones que suponían subir un peldaño en el intento de aislamiento del Rey emérito. El presidente lo hizo este miércoles por duplicado. Primero, durante una comparecencia conjunta en la Moncloa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y más tarde en una entrevista con 'elDiario.es' e 'infoLibre'.

Sánchez reconoció la gravedad de las investigaciones judiciales y periodísticas que se siguen en Suiza y España acerca de don Juan Carlos. "Informaciones que son perturbadoras", "inquietantes", "para millones de españoles, yo incluido". El líder socialista alabó que los medios en este caso "no miran para otro lado" y hacen su trabajo, un ejemplo de "democracia sana". Además, "hay un poder judicial que está actuando. En España, también", indicó, en referencia a las pesquisas que lidera la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y tercer punto, "la propia Casa Real está marcando distancias" frente a esas "supuestas prácticas reprobables", de presunta corrupción del Rey emérito, "y eso es algo que agradezco". "Estos tres elementos nos hacen reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad".

Sánchez asegura que si defiende la limitación del aforamiento para el cargo público, también lo cree, "lógicamente, para el jefe del Estado"

Pero a ese intento de salvar la figura del Rey y separarla de la de su padre se sumó otro mensaje, este lanzado desde la entrevista realizada por los directores de ambos periódicos. Sánchez abrió el melón de la inviolabilidad del monarca, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución, y que impide perseguirle criminalmente. Ese escudo es el que protege a don Juan Carlos de todos sus actos cometidos antes de su abdicación, en junio de 2014, momento a partir del cual sí quedó aforado ante el Tribunal Supremo. De este modo, el emérito no podría ser juzgado por un presunto cobro (o donación) de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí por el AVE de Medina a La Meca. Solo pueden ser fiscalizados sus actos a partir de la proclamación de su hijo como jefe del Estado.

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"Exigencias de ejemplaridad"

Sánchez, a este respecto, indica que la inviolabilidad "es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos". "Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades". A la pregunta de si la inviolabilidad debería afectar solo a los actos del Rey en el ejercicio de su cargo y no a cualquier presunto delito, el presidente contesta que cree que esa es la vía: "Este es un Gobierno que ha planteado, antes y después de las elecciones, ahora con el Gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado".

El Ejecutivo no cuenta "en breve plazo" con remitir a las Cortes una reforma constitucional. En la anterior legislatura, se limitó a la revisión del fuero

Pese al impacto de estas palabras, por el contexto en el que se producían, no eran estrictamente nuevas. Porque ya Sánchez, en diciembre de 2018, con motivo del 40º aniversario de la Constitución, apuntó que "sin duda alguna" la prerrogativa de la inviolabilidad del Rey se había quedado vieja, y por ello se mostraba partidario de su desaparición en un futuro. "Pero estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también [lo comparte]. No habría ningún problema, al contrario", indicó, apuntando a la posición favorable de Felipe VI. Sin embargo, los actos del monarca en el estricto ejercicio de su cargo están sometidos al refrendo o respaldo del Gobierno. Del presidente y de sus ministros, ya que el jefe del Estado es irresponsable. De hecho, el propio artículo 64 de la Ley Fundamental ya indica que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden".

Diversas fuentes de la Moncloa indicaban este jueves que "en breve plazo el Gobierno no cuenta con promover la reforma constitucional" para limitar la irresponsabilidad del Rey o para revisar los aforamientos. "Pero ya estaba planteado en el anterior Ejecutivo nuestro", sostienen desde el equipo del presidente. Es una afirmación que debe ser matizada, porque el primer Gabinete de Sánchez, monocolor, sí envió al Congreso, en enero de 2019, y tras un informe positivo del Consejo de Estado, un proyecto de modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna, para limitar el aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a los delitos cometidos por diputados y senadores y miembros del Gobierno "en el ejercicio de las funciones propias del cargo". La propuesta se quedó varada con la disolución anticipada de las Cortes y no se llegó ni a debatir. El presidente había defendido que se podía tramitar en 60 días si había voluntad de los grupos. Pero las expectativas no se cumplieron.

Antes, en septiembre de 2018, la Cámara Baja había debatido y aprobado una moción de Ciudadanos sobre este mismo asunto, que apoyaron PSOE y PP y ante la que se abstuvieron grupos como Unidas Podemos, ERC o PNV. Ya se planteó en aquel momento la cuestión de la inviolabilidad del Rey, que los nacionalistas vascos promovían, pero socialistas y populares se opusieron a abrir ese melón. Precisamente por los riesgos que tenía.

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Artículos 167 y 168 de la Carta Magna

Pero el procedimiento no es el mismo. Limitar los aforamientos, en la línea que propuso el Gobierno, requiere de una reforma más sencilla. Bastaría el apoyo de tres quintos de Congreso y de Senado. Respaldada la modificación por las Cortes, solo habría referéndum para su ratificación si lo solicitase, en los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Unidas Podemos siempre ha defendido que, ante cualquier cambio en la Carta Magna, pediría el plebiscito. Ahora ya está en el Ejecutivo, pero su grupo dispone de los números necesarios (35 diputados de un total de 350).

Tocar cualquier aspecto del Título II de la Carta Magna, el reservado a la Corona, requiere de una reforma agravada, con elecciones y referéndum

La inviolabilidad del Rey, sin embargo, está recogida en el artículo 56.3 de la Carta Magna, en el Título II, el que afecta a la Corona. Tocar cualquier coma de ese título precisa de una reforma agravada. La propuesta ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios en cada Cámara (233 diputados y 177 senadores), y automáticamente las Cortes han de ser disueltas. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que ha de ser respaldados por mayoría de dos tercios. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum obligatorio para su ratificación. Es lo que preceptúa el artículo 168 de la Constitución. Este resorte jamás se ha utilizado desde 1978.

Las dos modificaciones puntuales de la Ley Fundamental anteriores, la de 1992 —que permitió a los ciudadanos europeos votar y ser votados en las elecciones municipales— y la de 2011 —cuando se sustituyó íntegramente el artículo 135 y se reforzó el principio de estabilidad presupuestaria—, se practicaron siguiendo la pauta de la reforma simple, la del 167 de la Carta Magna, la que necesita del apoyo de tres quintos de cada Cámara, y sin referéndum facultativo.

La fragmentación del Congreso, con la ultraderecha de Vox como tercera fuerza, hace muy complicado pensar en una modificación ambiciosa de la Ley Fundamental. PP y PSOE ya no se bastan, aunque sí llegarían a los dos tercios con Unidas Podemos. Y la Corona es, además, una materia muy delicada. Además, en torno a un 20% de la Cámara Baja cuestiona, cuando menos, la monarquía.

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Reforma frustrada con Zapatero

Fuentes cercanas al presidente insisten en que lo que planteó Sánchez fue "una reflexión, al calor de una pregunta consecuencia lógica del momento". Una "reflexión coherente con lo que ya manifestó él mismo en 2018, que ahora es más noticiosa por el contexto. Es una respuesta, pero no un anuncio de nada inminente por ahora", abundan.

La Moncloa y la Zarzuela estudian qué salidas hay para alejar aún más al Rey de su padre, una decisión que "compete fundamentalmente" al primero

Otro Gobierno socialista fue consciente de las dificultades de un cambio de la Carta Magna. En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo planteaba, con el informe favorable del Consejo de Estado, una revisión limitada de la Constitución. Entre otras cosas, para eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, una cuestión en la que había un consenso general. Pero el Gobierno la frenó para evitar que el referéndum obligatorio se leyera como un plebiscito sobre la monarquía. No se volvió a plantear este asunto porque don Felipe y doña Letizia fueron padres de dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Problema resuelto.

Lo que es innegable es la preocupación del Ejecutivo respecto a la situación de la Corona, por los avances judiciales y periodísticos sobre los presuntos negocios oscuros de don Juan Carlos. La tarea más inmediata del Gobierno, según advierten en la Moncloa y adelantó este diario, es buscar una salida para el Rey emérito en sintonía con la Zarzuela. Bien fuera de palacio o bien fuera de España. El mensaje es proteger a Felipe VI. Como afirmaba este jueves la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, las noticias "inquietantes y perturbadoras" en torno al emérito "no tienen que ver con la situación de comportamiento constitucional absolutamente correcto" del actual Rey.

La número dos del Ejecutivo, preguntada por las salidas que se barajan para alejar más aún a don Juan Carlos de la Jefatura del Estado, respondió que la decisión "compete fundamentalmente a la que tome el jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI". En efecto, la decisión ha de partir del monarca, aunque obviamente deba estar coordinada con la Moncloa, cosa que de hecho está sucediendo. "El Gobierno trabaja para que las instituciones funcionen de forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta", añadió antes de participar en un acto en Salamanca. La voluntad es levantar un cortafuegos, y distanciar de su hijo al emérito, que sigue residiendo en el Palacio de la Zarzuela y es miembro de la familia real. Felipe VI, el pasado marzo, renunció por anticipado a la herencia que le pudiera corresponder y le dejó sin asignación pública anual.