El Gobierno se da un año para armonizar la legislación estatal sobre aforamientos

El Gobierno ya tiene diseñada su propuesta de reforma de la Constitución para limitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo (el presidente y sus ministros) a las funciones estrictas de su cargo. La redacción salió este viernes del Consejo de Ministros hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tendrá que emitir su dictamen en el plazo de un mes, y a partir de ahí arrancará su tramitación parlamentaria. Pero el Gabinete de Pedro Sánchez aún habrá de impulsar otro cambio para despojar de privilegio procesal a otras altas magistraturas del Estado, y para esta acomodación se da el plazo total de un año. Eso sí, no se mete en los aforamientos de cargos autonómicos, que habrán de ser limitados vía reforma de los respectivos estatutos de las comunidades.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la responsable que ha coordinado los trabajos, dirigió este viernes el Consejo de Ministros —Pedro Sánchez asiste a la cumbre del G20 en Buenos Aires hasta mañana sábado— y compareció posteriormente para explicar la propuesta. Una reforma "cuantitativamente pequeña", reconoció, porque solo toca dos artículos del texto de 1978 (el 71.3 y el 102.1), pero que es "muy importante" desde el punto de vista político, porque, cuando esté aprobada la modificación, el aforamiento se ceñirá "estrictamente a las funciones del cargo".

[Consulta aquí en PDF el anteproyecto de reforma de la Constitución aprobado este viernes por el Gobierno]

La número dos subrayó que el Gobierno cuenta con el aval del Consejo de Estado, que emitió su informe hace 15 días y cuyas recomendaciones ha seguido "casi en su total literalidad". El problema, no obstante, radica en su viabilidad en las Cortes. Aún no tiene los apoyos y el concurso del PP es imprescindible. Por eso Calvo adelantó que el presidente comenzará una ronda en los próximos días con los portavoces parlamentarios para intentar recabar respaldos a la iniciativa.

Calvo recuerda que esta reforma llega a los 40 años de la Constitución y servirá para darle "fortaleza" al sistema y "tranquilidad" a los ciudadanos

El Ejecutivo se congratula de que su propuesta vea finalmente la luz justo antes de que se conmemoren los 40 años de la Constitución de 1978. Es una "extraordinaria decisión", dijo, porque este cambio sirve para "seguir dándole fortaleza a nuestro sistema y tranquilidad a los ciudadanos" (puesto que se refuerza la igualdad ante la ley), y camina en la línea de la "regeneración" y "profundización" de la democracia. Además, la propuesta se sitúa en la línea de otros países europeos, indicó.

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Entrada en vigor el mismo día

El anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, y cuyas líneas maestras adelantó este periódico, contiene, además de una larga exposición de motivos, una parte dispositiva muy corta: dos cambios en los artículos 71.3 y 102.1 y tres disposiciones [aquí en PDF]. La nueva redacción del 71.3 sería la siguiente: "En las causas contra diputados y senadores por los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y el 102.1 propuesto es este: "La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". El Gobierno calca palabra por palabra la redacción planteada por el Consejo de Estado [ver la página 26 del PDF].

El Ejecutivo calca casi literalmente la redacción propuesta por el Consejo de Estado pero no sigue la vía exprés para los aforamientos autonómicos

La disposición transitoria única establece que "el régimen de aforamientos establecido en la presente reforma de la Constitución española se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor". De nuevo, el Gobierno asume el planteamiento del máximo órgano consultivo. Tan solo añade el adjetivo "española". Pura anécdota. Esta precisión implica que la modificación de la Carta Magna solo se aplicará para las causas judiciales que arranquen después de que esté vigente, no las que ya estén en marcha.

En la disposición adicional única que propone el Ejecutivo se dice lo siguiente: "En el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales necesarias para adaptar el régimen procesal de los aforamientos". El Consejo escríbía "para regular el régimen procesal...", y el Gabinete socialista prefiere el término "adaptar". De nuevo, pura anécdota. La disposición final indica que la reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1 entrará en vigor "el mismo día" de su publicación en el BOE. Era el consejo que daba la institución presidida por María Teresa Fernández de la Vega.

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Serán las CCAA las que actúen

El informe del órgano consultivo indicaba que por "coherencia interna" del bloque de constitucionalidad, que conforman tanto la Carta Magna como los estatutos, lo razonable es que se produzca la acomodación entre los dos niveles, el estatal y el autonómico. Por eso planteaba dos vías de adaptación: o promover la reforma de los estatutos o bien incluir una previsión constitucional, que dispusiera que "el aforamiento de las autoridades y cargos públicos autonómicos quede constreñido al ejercicio de las funciones propias del cargo".

El año de plazo que se da el Gobierno es para poder cambiar la Ley del Poder Judicial, que recoge el fuero de las altas magistraturas del Estado

El Ejecutivo opta por el primer camino. Calvo alegó, durante su comparecencia en La Moncloa, que el Gobierno ha de respetar el Título VIII de la Ley Fundamental y la estructura territorial del país, y por tanto no puede decir "qué tienen que hacer" los parlamentos regionales, pero que una vez que se inicie esta reforma se marca un "listón de ética muy alto" que habrá de producir una "armonización constitucional", por lo que los estatutos se irán adecuando a la nueva redacción de la Carta Magna. La vicepresidenta recordó que ya se ha aprobado el nuevo estatuto canario y están en tramitación los de Cantabria y Murcia.

El margen de un año que se da el Gobierno es para adaptar la legislación estatal en la que están incluidos los aforamientos de altas magistraturas del Estado. Camino que también indicaba el Consejo de Estado. Este órgano citaba como necesaria una reforma del artículo 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto atribuye a la Sala de lo Penal del Supremo el conocimiento de la instrucción y enjuiciamiento de las causas de una serie de altos cargos. De un lado, el presidente del Gobierno, los presidentes de Congreso y Senado, el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, los miembros del Gobierno, diputados y senadores y los vocales del CGPJ

También están amparados por este artículo de la Ley del Poder Judicial los magistrados del TS y del TC, el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de Justicia autonómicos, el fiscal general del Estado, los fiscales de sala del TS, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y aquellos cargos que determinen los estatutos de autonomía.

No se tocará a la familia real

Como la institución que dirige De la Vega, el Ejecutivo socialista entiende que no tiene sentido que estas autoridades gocen de mayor protección que diputados, senadores y miembros del Gobierno central. La LOPJ también comprende el fuero de la Reina, de la princesa de Asturias y de los Reyes eméritos, pero los socialistas han descartado siempre despojarles de esa prerrogativa procesal.

Finalmente, no hay un listado de delitos de corrupción ni una mayor precisión. Calvo subraya que tendrá fuero el cargo, y ya no la persona

También como adelantaba este diario, no hay en la propuesta del Gabinete de Sánchez un listado de delitos de corrupción. El Consejo de Estado advertía de que no era recomendable, porque una redacción más difusa proporcionaba mayor flexibilidad y porque la Carta Magna es una norma "rígida", difícil de revisar. "En técnica legislativa no hay una sola Constitución que tenga una lista de delitos", porque estos "cambian de condición, tipo...", justificó la vicepresidenta, que en todo momento subrayó que a partir de ahora no dispondrá de fuero la persona, sino el cargo y estrictamente durante su mandato.

El Ejecutivo "no puede ni debe" decir a Podemos que no pida un referéndum

Una vez que la reforma llegue a las Cortes, comenzará su tramitación formal. Como se trata de una modificación que no afecta al corazón de la Carta Magna, se conducirá por el artículo 167 del texto de 1978: se exige una mayoría de tres quintos en el Congreso (el apoyo de 210 de 350 diputados) y de tres quintos en el Senado (159 de los 266). Sin el PP, es imposible que la revisión constitucional salga. Los conservadores disponen de mayoría absoluta en la Cámara Alta y poder de bloqueo. 

El Ejecutivo es consciente de las diferentes sensibilidades de los grupos, aunque, según prometió Carmen Calvo, pondrá "todo su empeño" para que la reforma salga adelante. No será fácil.

Su socio, Unidos Podemos, no solo demanda más ambición -pide acabar con la inviolabilidad del Rey, que La Moncloa ni se plantea tocar-, sino que ya ha reiterado que forzará un referéndum. Puede hacerlo: la Constitución establece que se hará un plebiscito si lo reclama un 10% de los diputados o de los senadores. Unidos Podemos (y Compromís) suma 71 representantes en la Cámara Baja. 

En esta primera ronda, Pedro Sánchez no demandará a los de Pablo Iglesias que desistan de pedir un referéndum. "No le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que no lo haga. Ni podemos ni debemos. Cuando eso se produzca, veremos si se produce el formato de encaje que tiene porque es un requisito constitucional que hay que cumplir. No seremos nosotros quien ponga ningún tipo de prevención porque queremos que esta reforma se haga", explicó la vicepresidenta.