El Gobierno no hará una lista de delitos de corrupción en la reforma de aforamientos

La reforma constitucional para limitar los aforamientos echa a andar. Aún no llegará al Congreso para que comience su tramitación, pero al menos ya sí habrá desde este viernes una propuesta del Gobierno. Una propuesta que sigue a grandes rasgos el camino trazado por el Consejo de Estado en el dictamen que aprobó hace dos semanas, como en su recomendación de no listar los delitos de corrupción que deberían quedar fuera de todo privilegio procesal, pero que también intentará hilar algo más fino para que no haya lugar a la ambigüedad. La aprobación llega a escasos días de que se celebren los 40 años de la Ley Fundamental de 1978, a las puertas por tanto de los grandes fastos programados para la semana que viene y que implicarán también, obviamente, a la Corona.

En el Ejecutivo el celo es máximo sobre la redacción concreta de la reforma de la Constitución que este viernes recibe el visto bueno del Consejo de Ministros, que dirigirá la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya que Pedro Sánchez asiste en Buenos Aires a la cumbre del G20. Ella es, además, la responsable del texto y la que lo ha supervisado de primera mano. Pero desde su equipo sí advierten de que no se desviará demasiado de la línea marcada por el Consejo de Estado, por lo que no requerirá de la institución un nuevo informe. El anteproyecto de modificación de la Carta Magna se enviará ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita su dictamen, y solo cuando se culmine este trámite se podrá enviar a las Cortes Generales para que arranque su tramitación. Entonces se activará ese reloj de 60 días que Sánchez anunció. Un calendario, 'a priori', difícil de cumplir, dado que la propuesta no suscita de entrada un consenso total entre los grupos. Por no hablar de que Unidos Podemos ya ha adelantado que forzará un referéndum, y puede hacerlo, porque tiene más de los 35 diputados que se requieren para promoverlo.

El Gobierno plantea la reforma de dos artículos de la Constitución, el 71.3 y el 102.1, para ceñir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo a las funciones estrictas de su cargo. Todo aquello que sobrepase ese umbral quedará sin escudo, por lo que esos delitos no serían investigados por el Tribunal Supremo, sino por un juzgado ordinario. Esa es la idea básica que envuelve todo el cambio de la Carta Magna, que el Gabinete de Sánchez entiende necesaria y que conecta con una mayoría social que no quiere que sus políticos preserven una protección extra.

La idea es que el aforamiento solo se mantenga para el estricto ejercicio de las funciones propias del cargo, nada más

El Consejo de Estado formulaba una redacción sencilla para un nuevo 71.3: "En las causas contra diputados y senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Esquema similar recomendaba para el 102.1: "La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

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Las razones del Consejo de Estado

El máximo órgano consultivo del Estado, que lidera la exvicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega, señaló que no creía conveniente introducir una enumeración de delitos de corrupción fuera del aforamiento. "Se propone una enunciación genérica a la hora de definir el elemento funcional u objetivo del fuero penal especial, sin concretar los delitos respecto de los cuales se considera que cabe aforamiento", advertía. La razón es que una redacción más difusa permite "mayor flexibilidad que el establecimiento de un listado exhaustivo". Y también que la Constitución es una norma "rígida", muy difícil de cambiar —a la vista está: solo ha habido dos revisiones del texto mínimas, en 1992 y 2011—, y por tanto "no tiene sentido incorporar a su contenido un listado de delitos que puede dejar de corresponderse con el que en cada momento resulte de las normas penales vigentes".

El Consejo de Estado señalaba que una redacción más genérica permite mayor flexibilidad; una muy precisa no tendría "sentido" en una norma "rígida"

Distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por El Confidencial adelantaban este jueves que, salvo cambio de última hora, la redacción final que se elevará al CGPJ no se deslinda de la recomendación del Consejo de Estado y, por tanto, no incluirá una enumeración de delitos de corrupción frente a los que no quepa blindaje. No obstante, sí advierten de que sí se "precisarán algo más los detalles", para que "no haya lugar a la interpretación", ni "dudas". El problema de una redacción demasiado difusa es que buena parte de los conflictos podrían tener que ser resueltos vía jurisprudencia. Así que esa advertencia de que se bajará más a los "detalles" tendría como objetivo dejar lo más claro posible el terreno de juego.

La Constitución solo contempla el fuero de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo central. Pero estos son solo una mínima parte de los aforados en España. A ellos hay que añadir los cargos públicos autonómicos —hablamos de un total de 2.000 políticos—, los 15.200 jueces y fiscales, cuatro miembros de la familia real (la reina Letizia, la princesa de Asturias y los Reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía; el rey Felipe VI es inviolable) y 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas.

El Consejo de Estado señalaba en su dictamen, que recibió un solo voto en contra (el del exsenador de ICV Jordi Guillot), que por "coherencia interna" con el bloque de constitucionalidad, del que forman parte la Carta Magna y los estatutos de autonomía, lo lógico es que se limite asimismo el aforamiento de los diputados y miembros de ejecutivos regionales. ¿Cómo hacerlo? Indicaba dos caminos alternativos. Uno, impulsar una reforma de esos estatutos de autonomía. Nada extraño, puesto que ya está aprobada y en vigor la reforma del de Canarias (Ley Orgánica 1/2018), y están en tramitación las de los estatutos de Cantabria y Murcia. El problema es que esa vía es lenta y depende de la iniciativa de cada autonomía.

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No se ve el "encaje"

De ahí que la institución que preside De la Vega plantee otra opción: incluir una previsión dentro de la propia Constitución, que disponga que "el aforamiento de las autoridades y cargos públicos autonómicos quede constreñido al ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo". Con esta redacción, dice el Consejo, no sería obligada una reforma de los estatutos. Bastaría con una "interpretación de los mismos conforme a la Constitución", que es la norma suprema del ordenamiento jurídico.

La institución subrayaba que por "coherencia", se podía incluir una previsión constitucional para extender la limitación del fuero a las CCAA

En el Ejecutivo, la decisión ya asentada en las últimas horas era que no era tan fácil el "encaje" de esta previsión última dentro de la Carta Magna, y que por tanto la alternativa más lógica, aunque infinitamente más lenta, es la de la reforma de los estatutos de autonomía. En este caso, pues, no se seguirá uno de los caminos planteados por el Consejo y el que, 'a priori', es más resolutivo.

El máximo órgano consultivo también aconsejaba que se tramitase, en paralelo a la modificación de la Carta Magna, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta, en su artículo 57.1.2º, atribuye a la Sala de lo Penal del Supremo el conocimiento de la instrucción y enjuiciamiento de las causas de una serie de altos cargos del Estado: del presidente del Gobierno, de los presidentes de Congreso y Senado, del presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, del presidente del Tribunal Constitucional, de los miembros del Gobierno, de diputados y senadores, de los vocales del CGPJ, de los magistrados del TS y del TC, del presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de Justicia autonómicos, del fiscal general del Estado, de los fiscales de sala del TS, del presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, del presidente y consejeros del Consejo de Estado, del defensor del pueblo y de aquellos cargos que determinen los estatutos de autonomía.

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Más adelante la reforma de la LOPJ

El Gobierno sí tiene en mente esa tramitación en paralelo a los cambios de la LOPJ, pero no será en el mismo acto de este viernes. "Será más adelante", dicen en el Gabinete. En este Consejo de Ministros se aprobará el anteproyecto de reforma de la Carta Magna que irá al Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ está obligado a emitir su dictamen en un plazo de 15 días si se encarga con urgencia, aunque el Gobierno podría conceder una prórroga de 10 días más.

También se asumiría, avanzan en el Ejecutivo, otra cuestión clave: que el nuevo régimen de aforamientos se aplique a los procesos iniciados "con posterioridad a su entrada en vigor".

El Gobierno aprueba su texto a días de los fastos por los 40 años de la Constitución. La tramitación parlamentaria se desplegará en 2019

La reforma constitucional no llegará a las Cortes, probablemente, hasta mediados de diciembre, como pronto. Pero enero es mes inhábil, y el periodo de sesiones se retoma en febrero. El grueso de la tramitación, por tanto, se extenderá a lo largo de 2019. Si es que prospera, y ahí el Gobierno deberá fajarse para convencer a los grupos, por ahora bastante reticentes a la formulación que plantean los socialistas, por distintas razones. Para unos, como nacionalistas y Podemos, porque no se toca la inviolabilidad del Rey. Para Ciudadanos, porque pide acabar de una tacada con los aforamientos autonómicos. Hay un denominador común, sí, pero está por ver si es suficiente.

Un sorteo para celebrar los 40 años de la 'Consti'

Este jueves se presentaron en el Congreso otros dos hitos de las celebraciones por los 40 años de la Constitución. De un lado, un sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre y que acogerá el Congreso. De otro, un espectáculo de luz y color que se proyectará en la fachada de la Cámara Baja en la noche de este mismo sábado. 

El décimo de este sorteo está ilustrado con una viñeta del fallecido dibujante Antonio Fraguas, 'Forges', aquella en la que deseaba "feliz cumple" a la Carta Magna de 1978, "la Consti". Por eso acudió a la presentación, en el salón de Pasos Perdidos del palacio de la carrera de San Jerónimo, Berta Fraguas, hija de Forges, junto a los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta. 

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo 8 de diciembre un sorteo especial de la Lotería Nacional para celebrar #40añosdeConstitución.
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Todos aplaudieron el acierto de haber sumado la lotería, una "ilusión" que une a los ciudadanos, con la genialidad de Forges, el viñetista que quizá mejor narró la Transición con humor y que ha dejado una huella indeleble en muchas generaciones de españoles. 

"La mejor manera de sacar a la calle algo que llega a todos es la lotería", señaló Pastor, quien dio como idea que este sorteo, el de la Constitución, se celebre todos los años en el Congreso, "la casa de todos los españoles". 

"Creo que hoy [Forges] asistiría perplejo al actual debate sobre los límites de la libertad de expresión y pienso que no lo compartiría", apuntó por su parte Montero. Para el dibujante, según contaba su hija Berta, la lotería significaba "ilusión compartida y juego en equipo”. “La Constitución generó hace 40 años ese sentimiento de ilusión, de cohesión y de objetivo común. Si hoy echamos la vista atrás sabemos que con ella a este país le tocó un premio”, dijo del tirón. 

La fachada del Congreso 🦁🏛🦁se convertirá el sábado en un viaje en el tiempo por los #40AñosDeConstitución. Ven a la Carrera de San Jerónimo y revive algunos de los momentos más recordados de nuestra democracia. #Videomapping @haciendagob @loterias_es 👉https://t.co/AfS6RCwXIc pic.twitter.com/tqww3Z2ROj

 

Pastor también adelantó que la fachada del Congreso cobrará vida este sábado, 1 de diciembre, para transformarse en una máquina del tiempo que permitirá a todos los que pasen por la carrera de San Jerónimo revivir algunos de los momentos más icónicos vividos por España en las últimas cuatro décadas. 

El Congreso, junto con Hacienda, ha organizado este 'videomapping' que “transformará a este emblemático edificio en un escenario virtual mediante espectaculares efectos de luz y sonido”.