El consorcio del AVE pactó un pago de 120M a un príncipe saudí un año antes del concurso

Las empresas españolas que se adjudicaron en 2011 el AVE Meca-Medina pactaron un año antes con uno de los miembros más destacados de la casa real saudí pagarle 120 millones de euros por supuestos servicios de consultoría. El contrato forma parte de las diligencias que mantenía abiertas la Fiscalía Anticorrupción sobre el proyecto desde el verano de 2018 y que acaban de ser asumidas por la Fiscalía del Tribunal Supremo por la alta probabilidad de que el caso termine afectando al rey Juan Carlos I, que tiene estatus de aforado desde que abandonó el trono en 2014.

El acuerdo de los 120 millones no había trascendido hasta ahora y constituye, a juicio del Ministerio Público, uno de los indicios más fuertes de corrupción en torno a la infraestructura. Según consta en un escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Confidencial, las compañías españolas elegidas por Riad para construir el llamado AVE del desierto sellaron el 10 de septiembre de 2010 un contrato privado de asesoramiento con el príncipe Abdelaziz bin Mishal, una figura clave en la monarquía wahabí que era hermanastro de los tres descendientes de Ibn Saud que han ocupado el trono de Arabia desde 1982.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía investiga si el Rey emérito blanqueó comisiones del AVE tras su abdicación

Beatriz Parera Fernando Garea

Mishal falleció en 2017 a los 90 años tras hacerse cargo del Ministerio de Defensa, ejercer como gobernador de la región de La Meca y presidir el importante Consejo de la Lealtad, un órgano creado en 2007 por el rey Abdulá para que designara a su sucesor. El peso de Mishal en la familia Saud era indiscutible, pero Anticorrupción también pone el acento en su faceta empresarial. En los años 70 creó el grupo Al Shoula, que no tardaría en convertirse en uno de los hólding más grandes de la región, con activos en el sector asegurador, inmobiliario, petrolero y químico. En los años 90, Mishal dio un ligero paso atrás y uno de sus hijos se convirtió en el CEO del grupo.

La Fiscalía sospecha que los 120 millones que las empresas españolas pactaron abonar a Abdulaziz bin Mishal por presuntas labores de asesoramiento eran en realidad un soborno para corromper el concurso del AVE de un año después. El consorcio de compañías nacionales se llevó finalmente las obras en octubre de 2011 con un precio de 6.736 millones de euros. Se da la circunstancia de que el propio Mishal participó en el acto de firma del encargo como representante de Arabia Saudí. Por parte de España acudieron, además de las empresas del consorcio, los entonces ministros de Fomento y Exteriores, Ana Pastor y José Manuel García-Margallo, respectivamente.

Los investigadores creen que Mishal se encargó posteriormente de repartir la presunta comisión de las compañías españolas entre el resto de miembros de la corte saudí involucrados en la licitación de la infraestructura. El Financial Times desveló en 2013 que Mishal y su hijo estaban acusados en un tribunal de Londres por un antiguo socio de utilizar sus empresas para lavar grandes sumas de dinero y financiar al grupo terrorista Hezbolá.

La Fiscalía desconoce si los 120 millones fueron abonados en su totalidad. En cualquier caso, la participación de Mishal no terminó ahí. Además de las supuestas labores de consultoría, el príncipe se aseguró la presencia de su hólding en las obras del AVE. Las constructoras españolas acabaron aceptando incluso que Al Shoula diera nombre al conjunto del consorcio.

Las pesquisas comprometen a Juan Carlos I, que en 2008 había recibido en una cuenta opaca de Suiza una transferencia de 100 millones desde de Riad

Las pesquisas comprometen a Juan Carlos I, que en 2008, dos años antes del contrato de los 120 millones, había recibido en una cuenta opaca de Suiza una transferencia de 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Riad en concepto de regalo. El Consorcio español asegura que los acuerdos suscritos por parte de las empresas accionistas "han respetado en todo momento los criterios de legalidad y transparencia" y destacado que colaborarán con la justicia en todas las acciones que resulten precisas. El Consorcio agrupa a las 12 empresas españolas participantes en el proyecto y es, además, la sociedad vehicular que a su vez ostenta el 88 por ciento del capital de la sociedad árabe Al Shoula Consortium. Al Shoula es accionista de Al Shoula Consortium con un 7 por ciento del capital social y, como el resto de socios, es responsable solidario frente al cliente.

Como ha adelantado este diario, en 2006, coincidiendo con el inicio del proceso de adjudicación del AVE, la intermediaria iraní Shahpari Azam Zanganeh, tercera mujer del traficante de armas Adnan Khashoggi, se desplazó a Arabia Saudí con una carta del Rey emérito dirigida al entonces ministro de Defensa del país, el príncipe Bin Abdul Aziz. En la misiva, analizada igualmente por la Fiscalía, Juan Carlos I informó al dirigente saudí de que Zanaganeh era su “persona de confianza”. Solo tres semanas después, el propio monarca se desplazó a Riad junto a Zanganeh y su entonces amante, Corinna Larsen, además de los representantes de varias empresas españolas, entre ellas, OHL e Indra, dos de las 12 compañías que cinco años después terminaron imponiéndose en el concurso del AVE.

TE PUEDE INTERESAR

La lobista del AVE a La Meca reclama al consorcio la comisión que investiga Fiscalía

José María Olmo

Hasta desvelarse el contrato de 120 millones de euros del príncipe Mishal, Zanganeh era la mayor comisionista del proyecto. En 2008 firmó un primer acuerdo de colaboración con OHL y, tres años después, extendió sus servicios al resto de empresas privadas del consorcio. Según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso El Confidencial, la exmujer de Khashoggi se aseguró el cobro de 95,7 millones de euros por encargarse teóricamente de guiar a las firmas nacionales en el proceso de licitación, buscarles proveedores locales y hacer de enlace con las autoridades saudíes.

Zanganeh presentó en la primera semana de marzo una solicitud de arbitraje en la Corte Internacional de París contra las empresas del proyecto por el impago de más de la mitad del importe pactado. La intermediaria sostiene que ha cumplido su parte del acuerdo, pero las compañías dejaron de pagarle en junio de 2018 tras la publicación de varias grabaciones del comisario Villarejo en las que Corinna asegura que el Rey emérito reclamó un porcentaje por lograr que la oferta española se adjudicara la línea ferroviaria y que Zanganeh había participado en el reparto de supuestas comisiones ilegales. La empresaria iraní niega las acusaciones y asegura que sus contratos con el consorcio respetan los estándares internacionales y que sus facturas se corresponden con servicios de consultoría perfectamente demostrables.