Fiscalía investiga si el Rey emérito blanqueó comisiones del AVE tras su abdicación

Presunto blanqueo de comisiones cobradas por el Rey emérito en la construcción del AVE a La Meca y delito fiscal. Las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción mantenía abiertas desde diciembre de 2018 sobre la obra ferroviaria arrojaron en su última etapa indicios de una posible responsabilidad penal de don Juan Carlos posterior a su abdicación. El departamento que dirige Alejandro Luzón trasladó las pesquisas hace unos días a la Fiscalía General del Estado, que las ha remitido al Tribunal Supremo. Allí se determinará si la inviolabilidad del monarca cubre también hechos posteriores a 2014.

La decisión se adoptó tras apreciar que la continuación de la investigación requeriría solicitar documentación que afecta directamente al padre de Felipe VI. Para tratar que aclarar estos indicios, se hacía necesario reclamar datos sobre sus cuentas, indican las fuentes consultadas. El cobro de las comisiones no puede investigarse, ya que se encuentra amparado por la inviolabilidad, pero no sucede lo mismo con lo qué ocurrió después con ese dinero.

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Fuentes de la Fiscalía apuntan que, por el momento, las diligencias a practicar en el Supremo serán documentales. No parece probable la toma de declaración del Rey emérito por parte del fiscal. "Hay que determinar lo de la inviolabilidad, que podría afectar al cobro de comisiones, pero quizá no al blanqueo que, en grado indiciario, se pudo mantener después de abdicar. Por eso, es probable que la investigación se centre en el delito de blanqueo, interpretando que aunque empezó antes, se prolongó luego", precisan.

Un equipo dirigido por el fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, estudia ya si debe delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. "Resulta precisa, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito, quien —como es sabido— se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", especifica. La Fiscalía General considera que el asunto goza de enorme trascendencia institucional y ya ha avanzado que las diligencias en el alto tribunal tendrán una innegable complejidad técnica.

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Anticorrupción ha dado el paso sin haber recibido aún los datos que aguarda desde Suiza. Las investigaciones que ponen el foco en Juan Carlos I comenzaron a acumularse coincidiendo con el inicio de la pandemia. Año y medio después de que la Audiencia Nacional archivara la pieza por los audios de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, al Rey emérito se le abrieron nuevos frentes en España, Suiza y Reino Unido.

El artículo 56.3 de la Constitución es claro —"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad"—, pero la Fiscalía Anticorrupción, sus homólogos en el país helvético y pronto Reino Unido, según afirma la examiga del Rey, indagan en cuestiones que afectan de forma directa al que fuera monarca y que pueden quedar fuera de esa protección.

Año y medio después de que la AN archivara la pieza por los audios de Corinna, al Rey emérito se le abrieron nuevos frentes en España, Suiza y UK

En el origen de todo, unos audios del comisario Villarejo. Las alusiones respecto a Juan Carlos I parten del caso Tándem, la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el policía jubilado. En el marco de esta causa, se abrió en 2018 una pieza bautizada como Carol a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa del socio del policía, el también investigado Rafael Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre el propio Villarejo, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y el empresario Juan Villalonga.