La lobista del AVE a La Meca reclama al consorcio la comisión que investiga Fiscalía

La intermediaria iraní Shahpari Azam Zanganeh, tercera mujer de Adnan Khashoggi, traficante de armas y amigo de Juan Carlos I, ha presentado una solicitud de arbitraje en la Corte Internacional de París contra el consorcio español del AVE Meca-Medina. La consultora reclama el pago de importes millonarios por el supuesto incumplimiento del acuerdo al que llegó con las constructoras e ingenierías nacionales para convertirse en su introductora y representante ante las autoridades saudíes. Si lograba que se llevaran el contrato, recibiría un porcentaje del precio de la obra. Zanganeh denuncia que cumplió su parte del trato, pero las firmas españolas le deben más de la mitad de la cuantía que pactaron.

La empresaria solicitó el arbitraje en la primera semana de marzo, tras conocerse, como desveló este diario, que la Fiscalía Anticorrupción había hecho importantes avances en la investigación que mantiene abierta sobre la adjudicación del llamado AVE del desierto. El Ministerio Público inició las diligencias en el verano de 2018 tras la publicación de varios audios grabados por el comisario Villarejo en los que aparece Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, asegurando que el consorcio recurrió a Zanganeh para amañar la licitación de la infraestructura y que el Rey emérito habría recibido una parte de la comisión que supuestamente pasó por sus manos para lograr el apoyo de la casa real saudí.

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La intermediaria iraní reconoce que firmó un acuerdo de colaboración con las compañías españolas de capital privado —otras tres son públicas— que ganaron el concurso en octubre de 2011 con una oferta de 6.736 millones de euros, pero asegura que no existe ninguna irregularidad en esos servicios y niega formar parte de un engranaje de corrupción. También rechaza haber pagado comisiones al padre de Felipe VI. Así lo manifestó ella misma, en julio de 2019, cuando se desplazó a Madrid para declarar voluntariamente ante el fiscal encargado del caso, como reveló El Confidencial.

Fuentes del entorno de Zanganeh explican que su oficina de consultoría, Epic Arabia Project Development, con domicilio en Arabia Saudí, empezó a trabajar para OHL en 2008 en otros encargos. Cuando la compañía de Juan Miguel Villar Mir se integró en la UTE española del AVE, la empresaria iraní selló otro acuerdo con el grupo al completo para preparar su candidatura al proyecto. Y tras la adjudicación, Epic Arabia firmó con el consorcio una adenda a su primer contrato por la que Zanganeh se convertía en la asesora del grupo para la ejecución de la infraestructura, la búsqueda de proveedores locales y las comunicaciones con las autoridades de Riad, entre otras funciones.

La tercera mujer de Khahsoggi niega que su acuerdo con el consorcio ascienda a 134 millones de euros (el 2% del valor del contrato), como se ha publicado. El importe real no ha trascendido, pero fuentes cercanas al acuerdo aseguran que se trata de una cifra inferior. Con todo, Zanganeh sostiene en su solicitud de arbitraje, presentada ante la sede de la Corte Internacional de París en Madrid, que las constructoras e ingenierías nacionales le han pagado menos de la mitad de lo que pactaron sin que, a su juicio, concurra ningún motivo para el incumplimiento.

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En concreto, según ha podido saber El Confidencial, Epic Arabia recibió los primeros pagos de las empresas del AVE dos años después de empezar a colaborar, en torno a los primeros meses de 2013. A partir de ese momento, Zanganeh comenzó a girarles facturas periódicas en paralelo a los hitos que iban alcanzando las obras. Sin embargo, en 2018, coincidiendo con la difusión de las grabaciones de Corinna, los abonos se detuvieron. Como explicó este diario, las adjudicatarias se han negado a continuar con los pagos hasta que concluya la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, por temor a posibles responsabilidades penales.

Pero la intermediaria iraní considera que no hay ningún elemento irregular en los contratos y que su labor terminó con la entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad en octubre de 2018, por lo que reclama el 100% de las cantidades a las que se comprometió el consorcio. El arbitraje sería la demostración de que no tiene nada que ocultar. Asegura que cuenta con una ingente cantidad de pruebas de que prestó los servicios que aparecen en las facturas emitidas por su despacho de consultoría.