Ha efectuado una única consulta

El Gobierno molesta al Consejo de Estado por ningunearle durante la alarma

El criterio del órgano habría servido para garantizar la constitucionalidad de los proyectos de disposiciones generales, tratados y actos administrativos sometidos a su consulta

Foto: Pedro Sánchez, con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el 20 de noviembre de 2018 en Madrid. (EFE)
Pedro Sánchez, con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el 20 de noviembre de 2018 en Madrid. (EFE)

En el Consejo de Estado no están contentos. El supremo órgano consultivo del Gobierno, como lo define la Constitución, no ha sido consultado en los últimos tres meses, justo en un momento en el que oírle ante la declaración del estado de alarma y su desarrollo normativo posterior parecía más importante que nunca. Fuentes cercanas a la institución aseguran que este ninguneo no ha sentado bien. "De una forma inusual el Gobierno solo ha efectuado una consulta puntual", indican estas fuentes.

En el ejercicio de su función, el Consejo de Estado debe velar "por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, además de valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante". Sin embargo, la única consulta que se realizó se produjo a finales de abril respecto a un orden menor que desarrollaba el real decreto ley de medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al covid. El asunto consultado se refería a las actividades económicas que podían acogerse a la moratoria de seis meses para el pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social.

En un ambiente en que la crítica a los límites del estado de alarma fue subiendo y cuando desde la oposición se acusa al Ejecutivo de superar ese marco para imponer una excepción de facto el criterio del órgano habría servido para garantizar la constitucionalidad de los proyectos de disposiciones generales, tratados y actos administrativos sometidos a su consulta. Justo su función.

El feo aumentó de intensidad después de la decisión del PSOE y Podemos de vetar la comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de su presidenta, la ex 'vice' socialista María Teresa Fernández de la Vega precisamente para que detallara si la institución que preside hizo algún informe, de oficio o a petición del Ejecutivo, sobre el estado de alarma y sus prórrogas por el coronavirus. La solicitud formulada por el PP se rechazó por un acuerdo los dos partidos que tienen la mayoría en la Mesa de la Cámara Baja.

Para los populares, la decisión es 'arbitraria' y obedece a razones estrictamente políticas y ha anunciado que presentará un escrito de reconsideración al órgano rector de la Cámara Baja. El PP recuerda que en otras legislaturas el presidente del Consejo de Estado ha comparecido con normalidad ante la Comisión y que, ahora, los motivos para esa comparecencia son aún mayores. "Cuando un debate fundamental sobre la aplicación del estado de alarma, tanto en el Congreso como entre los expertos, es el relativo al cumplimiento de la Constitución en su aplicación, ¿cómo entender que los partidos del Gobierno impidan la comparecencia de la presidenta del órgano cuya función es velar por la Constitución? ¿A qué tiene miedo el Gobierno?", ha indicado el grupo del partido de Pablo Casado.

Batalla por la constitucionalidad

La batalla por la constitucionalidad de las medidas adoptadas durante estos últimos tres meses no ha hecho más que empezar. El Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa varios recursos en los que se cuestionan los límites a la movilidad y a los desplazamientos. Otros aspectos de las decisiones adoptadas en el periodo de alarma llaman ya a las puertas del Constitucional.

El tribunal de garantías admitió a trámite el pasado mayo en un pleno por unanimidad ha admitido a trámite el recurso promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox contra varios artículos del estado de alarma, los cuatro decretos de prórroga y la orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecían medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres.

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