Iglesias pide volver como perjudicado al caso Villarejo y niega haber cometido delitos

Pablo Iglesias ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional para que el magistrado le permita volver a personarse como perjudicado en el caso Villarejo. El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham en 2015 y cómo el contenido del mismo acabó en manos del comisario, pero tras más de un año de pesquisas, las supuestas víctimas han acabado ahogándose en un mar de contradicciones. La situación ha llegado a tal punto que el juez retiró este lunes la condición de perjudicado a Iglesias y se prepara para remitir el procedimiento al Supremo por si el vicepresidente pudo incurrir en dos delitos, pero él vuelve a presentarse como una víctima de la "policía patriótica" en su último escrito.

Una de las claves para retirar la condición de perjudicado a Iglesias se basa en que no ha quedado acreditado que los pantallazos de las conversaciones privadas que se publicaron en Ok Diario procedieran del robo del móvil o del entorno de Villarejo. El supuesto espionaje a Podemos orquestado por la trama policial del comisario parte de un registro realizado en noviembre de 2017, cuando los responsables de la investigación hallaron en la vivienda del policía un soporte de memoria con información obtenida del móvil de Bousselham. Pese a ello, en los últimos meses se ha empezado a barajar otra posibilidad sobre cómo esas conversaciones llegaron a los periódicos, línea que se basa en que Bousselham ha admitido que hizo pantallazos de esas conversaciones y se los envió a terceros.

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Iglesias, sin embargo, considera que este reconocimiento no altera su condición de perjudicado: "Mi representado es el perjudicado de forma evidente, tanto desde el punto de vista personal, como desde el punto de vista político", sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Es el principal perjudicado en la difusión del contenido del material sustraído ilícitamente a Doña Dina, pues se 'aprovecha' por distintos medios de comunicación, la información que principalmente pudiera serle perjudicial al señor Iglesias", sostiene. Sobre el hecho de que la propia Bousselham difundiera pantallazos de conversaciones privadas el vicepresidente no dice nada, pero a lo largo de 16 páginas, insiste en destacar la relación de Villarejo con el director de Ok Diario, Eduardo Inda.

En cuanto al hecho de que Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', le entregara en enero 2016 la tarjeta del móvil que había sido sustraído a su exasesora, Iglesias pasa de puntillas. El juez considera acreditado que el vicepresidente tardó varios meses en devolverle la tarjeta a su exasesora y considera que el uso que pudo hacer de la información en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos, pero Iglesias quita peso a esta cuestión: en su escrito, se presenta como perjudicado "más allá de cualquier reflexión sobre la tarjeta obrante en las actuaciones, de la posesión de la misma, y la cadena de custodia respecto de ésta".

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El vicepresidente tampoco aborda el segundo punto que lleva al juez a plantear un posible delito de daños informáticos, que se basa en el hecho de que Bousselham entregara la correspondiente tarjeta "parcialmente quemada" ante la Audiencia Nacional. La exasesora aseguró el 18 de mayo que Iglesias se la había entregado destruida, pero a la vista de la nueva línea de investigación que se abría contra el vicepresidente, con el que comparte abogada, esta semana presentó un nuevo escrito en el que cambiaba de versión y decía que se la había dado en buen estado. Iglesias, sin embargo, no hace referencia alguna a esta cuestión en su escrito y se centra en repasar las publicaciones en prensa de la información que contenía la misma.

En su escrito, el vicepresidente menciona además un aspecto que en principio no se investiga en la pieza en la que estaba personado como perjudicado: el informe PISA, un dosier policial de 2016 en el que se apuntaba a la presunta financiación ilegal de la formación a través de Venezuela e Irán. El Tribunal Supremo, primero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después, archivaron las denuncias presentadas al respecto, quedando así el informe como obra de la "policía política". Pese a ello, Podemos ha intentado meter este informe en el caso Villarejo porque en la casa del comisario se halló una copia del mismo, tratando así de poner nombre y apellido a sus autores y a quienes se encontraban tras el mismo.

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Este objetivo se refleja una vez más en el escrito de Iglesias, en el que destaca que "el informe contenía datos personales bancarios pertenecientes a Iglesias" e información sobre su exasesora. "Presumiblemente, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, pasando por el informe PISA, hasta la difusión en los medios del contenido del móvil de Doña Dina, tienen una clara correlación con los hitos electorales que se han señalado", asegura. En cuanto a la autoría del informe, apunta a que "al parecer lo elaboró la llamada 'policía patriótica'", sospecha que conecta entonces con que existen "indicios de que el móvil fuese robado por la referida policía, presuntamente, y ordenado el robo por sus superiores, presuntamente, con el ánimo de desprestigiar a mi representado y al partido político al que representa".