El Gobierno negocia con margen muy estrecho el plan de choque de Justicia

Cada semana tiene su duro afán parlamentario para el Gobierno. A la espera de tener que negociar las, al menos, dos prórrogas del estado de alarma que confía en aprobar, esta semana la votación clave y sobre la que aún tiene dudas es la de convalidación del decreto que concluye el plan de choque para la Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, negocian con PNV, Ciudadanos y ERC la votación. El PP, en principio, asegura que mantiene el no, como anunció Pablo Casado, a pesar de que el ministro Campo negoció y acordó el decreto con el responsable de Justicia de los populares, Enrique López, y con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas.

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Fuentes parlamentarias aseguran que es muy probable que el Gobierno tenga que aceptar la tramitación del decreto como proyecto de ley, es decir, con opciones para que los partidos introduzcan enmiendas al texto. Y podría ser que, una vez desmarcados PP y Vox, pueda ocurrir algo similar a lo que pasó con la anterior prórroga de la alarma, es decir, que como consecuencia de la negociación se forme una mayoría de apoyo a la posición del Gobierno en la que entraran socios de investidura de Pedro Sánchez y, al tiempo, Ciudadanos, ahora en su nueva estrategia de pactos puntuales.

El PNV en principio está a favor de apoyar la convalidación del decreto, pero tiene dudas sobre la habilitación del mes de agosto que contiene. ERC explica que no ha decidido aún el voto a falta del resultado de las conversaciones, exactamente igual que Ciudadanos, tal y como ya ocurrió hace una semana.

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Uno de los escollos principales es el de la habilitación del mes de agosto. Curiosamente, este punto fue añadido a propuesta del responsable de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Y ahora este partido se ha situado al margen del acuerdo, salvo que Pablo Casado rectifique su posición, y el Gobierno debe salvar ese escollo que aceptó. Partidos como el PNV objetan este punto y se ha producido una movilización de despachos de abogados para presionar contra esta habilitación de agosto.

Este mismo lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado a los jueces y magistrados a concentrar sus vacaciones y no fijar juicios en el mes de agosto, a pesar de que el real decreto-ley para evitar el colapso en la Justicia incluye la posibilidad de celebrar vistas del 11 al 31 de dicho mes. Fuentes del Ministerio de Justicia explican que, en todo caso, los señalamientos son excepcionales y si los hay para agosto lo sabrán los abogados antes del 15 de junio.

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El decreto, además, incluye medidas como juicios telemáticos y sin toga y restablece los plazos que fueron suspendidos por el estado de alarma. El Gobierno considera que es indispensable para evitar el colapso e incluye aportaciones del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, además de las comunidades autónomas con competencias sobre los medios materiales de la Justicia.