La Fiscalía pide agilizar procesos, evitar jurados y fomentar la mediación

La Fiscalía General del Estado ha presentado al Gobierno un documento con 60 propuestas para hacer frente a los efectos de la pandemia en la Administración de Justicia, con el convencimiento de que el coronavirus colapsará los procedimientos.

Sobre ese informe y otros datos recabados como los del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del martes un decreto ley que agilice los procedimientos. Un cambio insólito, obligado por la dramática situación y apremiado por la urgencia de evitar ese colapso.

La propuesta de la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, propone modificar los procedimientos, especialmente los penales, para evitar los jurados, aumentar los supuestos de juicios en rebeldía, favorecer la mediación y los acuerdos en conformidades, extender el criterio de oportunidad para eludir vistas orales y normalizar el uso de nuevas tecnologías, sobre todo, las vinculadas a reuniones temáticas. También proteger a las víctimas de delitos y a personas vulnerables.

"La Fiscalía General del Estado ha sido pionera en el sector al abordar la respuesta a la emergencia sanitaria, incluso con antelación a la declaración de pandemia que la OMS realizó el día 11 de marzo de 2020. Así, por Decreto de la Fiscal General de fecha 10 de marzo, se acordó la generalización del teletrabajo y del uso de videoconferencias para evitar desplazamientos y posibles contagios", asegura el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

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Sobre la manera en la que se ha elaborado el informe, señala que "se ha recapitulado una serie de medidas de carácter organizativo y procesal, para lo que ha recabado los informes e imprescindibles aportaciones de los/las Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y de sus Unidades especializadas, así como de las distintas asociaciones profesionales de fiscales, a fin de dar una solución lo más técnica, especializada y consensuada posible" y explica que "necesitarán una modificación normativa, por afectar a normas de rango legal o reglamentario".

Como objetivos cita la "agilización procesal, a través de la armonización de la eficacia procedimental, la optimización de los recursos personales y la tutela judicial efectiva sin merma de derechos, que garantice un proceso sin dilaciones indebidas". Y en el ámbito penal la "apuesta decidida por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Agilización de la instrucción, evitando la duplicación de actuaciones o la victimización secundaria. Garantía de los derechos fundamentales, del derecho de defensa y de los derechos de las víctimas. Fomento de las conformidades en los distintos estadios procesales y Justicia restaurativa y mediación intraprocesal".

Las primeras medidas se refieren a organización del ministerio fiscal y de protección de sus miembros, para asegurar que "es imprescindible la provisión de los equipos de protección individual que garanticen la salud y seguridad de los/las fiscales y el personal auxiliar de los diferentes órganos del Ministerio Fiscal, de conformidad con la normativa aplicable en cada momento".

"Evitar esperas, aglomeraciones o concentraciones de público, testigos, peritos e incluso los propios profesionales de la justicia a la entrada de las salas"

Lo completa con el impulso a las videoconferencias y a recomendar que "la presencia de público en las salas de vistas debe limitarse de una manera severa, evitándose aglomeraciones durante, a la entrada y a la salida de los juicios. Aprovechando los medios telemáticos o incluso la retransmisión en 'streaming' de dichos actos a través de portales específicos, se garantiza el derecho a una justicia pública (artículo 120 de la Constitución) y se previene la propagación y contagio de la enfermedad".

También "evitar esperas, aglomeraciones o concentraciones de público e intervinientes en el proceso, testigos, peritos e incluso los propios profesionales de la justicia a la entrada de las salas de vistas" para lo que "es preciso diseñar o implementar una sencilla herramienta o aplicación para los dispositivos móviles".

La Fiscalía asume la propuesta del Ministerio de Justicia de habilitar el mes de agosto, con las consecuencias organizativas que requiere.

Lamenta que los fiscales "carecen en muchos casos de las herramientas tecnológicas indispensables para el mejor y más eficiente desarrollo de sus funciones", para lo que pide medios y el impulso de la Justicia Digital, impulsando "un único expediente digital consensuado con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, a través de la creación de una Agencia para la digitalización de la Justicia".

En este momento, la competencia sobre los medios materiales de la Justicia es de las comunidades y eso hace que haya diferentes sistemas en las autonomías, con dificultades de interconexión.

Propone que letrados de la administración de Justicia asuman "las tareas de recaudación derivada de la ejecución dineraria líquida, con la provisión de terminales de pago por tarjeta (datáfonos), lo que ahorraría trámites y gestiones administrativas. La propuesta, en defecto de la anterior, supondría una agilización para el cobro de las multas".

"En la actual era digital, se considera de vital importancia la implementación de una aplicación para dispositivos móviles que permita la transmisión de información y comunicación entre la Fiscalía General del Estado y las fiscalías territoriales y, a su vez, entre estas y sus propios integrantes", añade.

Aprovecha para asegurar que es "imprescindible una jefatura de prensa del Ministerio Fiscal, una atención permanente a las redes sociales y una persona encargada de protocolo y relaciones institucionales. Actividades todas imprescindibles para asegurar la obligada transparencia de la Institución y su proyección hacia la ciudadanía".

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Sobre la jurisdicción penal, la Fiscalía pide que se fomente la Justicia restaurativa y la mediación intraprocesal para los delitos leves "donde puede ser un cauce más operativo que el represivo para la resolución de determinados tipos de conflicto, a los efectos de valorar la aplicación del principio de oportunidad. Dado que, además, no existe limitación para que se pueda acordar la derivación cuando la víctima es una persona jurídica, está propuesta es también aplicable a los hurtos en establecimientos comerciales, o a los delitos leves de ocupación".

Se pronuncia por limitar la participación de la Fiscalía en determinados procesos. Por ejemplo, que "no intervenga en los procedimientos por delitos que precisen de denuncia para su incoación (salvo en aquellos en que haya bienes jurídicos personales en juego), siempre y cuando, finalizada la investigación, no se aprecie la existencia de un interés público en la persecución de esos hechos, previo informe del fiscal y con el visto bueno del fiscal jefe".

Dedica un apartado concreto al tratamiento de los datos de la pandemia, para pedir que se unifiquen los criterios de atribución de fallecimientos por covid-19. "La propuesta se trata de proceder a la determinación de los ciudadanos/as fallecidos por el coronavirus a través del Registro Civil y a través de una instrucción dictada a los encargados del Registro Civil para que, en los casos en los que así lo estime conveniente, se pueda requerir al médico forense para que emita dictamen sobre si el fallecimiento ha ocurrido por covid-19 o por causa compatible por covid-19".

La Fiscalía constata que "una de las consecuencias de la crisis económica mundial que se producirá una vez superada la pandemia consistirá en un agravamiento de los niveles de pobreza, pero que afectará significativamente a los sectores de la población más desfavorecidos, sobre todo de aquellas zonas del planeta que proveen de seres humanos para ser explotados de todas las maneras imaginables por las redes y grupos organizados que —aprovechándose de la patente vulnerabilidad de las víctimas— negocian y se enriquecen esclavizándolas sexual o laboralmente".

Propone medidas como la "activación y agilización de los expedientes administrativos para la concesión de permisos de residencia"

Eso provocará "mayor inseguridad, menores oportunidades, disminución de recursos para la reparación de víctimas, mayor abuso y evidente aumento de vulnerabilidad. La crisis genera condiciones más precarias de empleo, supone una reducción de puestos de trabajo, propicia marcos de explotación laboral y coloca a miles de personas en un estatus de especial desprotección. Círculo idóneo para la vulnerabilidad, contexto que favorece la conducta depredadora de terceros, que ven a las personas como una oportunidad de negocio, de lucro y rendimiento económico a través de su explotación".

Por ello propone medidas como la "activación y agilización de los expedientes administrativos para la concesión de permisos de residencia, por razones excepcionales o humanitarias, que como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma se hayan podido ver paralizados o demorados, o que se refieran a nuevas víctimas identificadas durante el periodo de crisis".

Pide que "se garantice el acceso de todas las personas a la sanidad, independientemente de su estatus migratorio, en condiciones de igualdad, así como garantizar derechos de residencia temporal, reclamando la extensión automática durante seis meses de todos los programas de protección y asistencia a migrantes en situaciones vulnerables y víctimas de trata humana cuya fecha de expiración esté cercana, para garantizar la continuidad de los procesos de inclusión social de estas personas".

Sobre menores, la Fiscalía pide que se hagan "aplicables los juicios rápidos y el enjuiciamiento rápido de delitos leves a esta jurisdicción".

En el bloque de reformas legislativas pide que se derogue por decreto el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y nunca ha derogado el de Pedro Sánchez, aunque lo prometió. Ese artículo establece plazos de instrucción que, en la práctica, han provocado archivo de causas y lo que la Fiscalía llama "escenario de impunidad”.

"La urgente y extraordinaria necesidad derivada de la actual crisis sanitaria habilita al Gobierno para la derogación del precepto por el cauce previsto en el artículo 86 de la Constitución. Un amplio abanico del arco parlamentario ha mostrado públicamente su voluntad de abrogar el precepto de constante referencia, decisión que cuenta con el apoyo unánime de las asociaciones profesionales de fiscales y jueces. El coronavirus covid-19 no puede ser un cauce para perpetuar la impunidad que generan los actuales plazos de instrucción", explica.

La Fiscalía propone extender los juicios rápidos a más delitos, al suprimir el límite de cinco años de pena privativa de libertad asociada al delito para que puedan ser objeto de esta tramitación hechos de instrucción sencilla.

También la ampliación del ámbito de la conformidad en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, extendiendo "la conformidad privilegiada de este procedimiento a peticiones de penas superiores a tres años, ampliando este límite hasta los cinco años de prisión. Con ello se lograría la ampliación de los supuestos de soluciones consensuadas y facilitaría que la tarea investigadora se concentrara en aquellos asuntos que verdaderamente lo requieran".

Propone ampliar las conformidades (acuerdos para evitar vistas orales) para "aligerar las cargas de trabajo y maximizar los escasos recursos de la Administración de Justicia pasa también por ampliar el ámbito de la conformidad privilegiada (reducción de la pena en un tercio) al procedimiento abreviado".

Otra de las medidas que propone la Fiscalía es la ampliación de supuestos en los que pueden celebrarse juicios en ausencia

"La propuesta se concreta en la modificación del art. 784 LECrim, con la introducción de esta modalidad de conformidad privilegiada en el procedimiento abreviado para el supuesto de que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados con pena de hasta cinco años de prisión, siempre que la conformidad por el acusado se preste con anterioridad al día de celebración del acto del juicio oral".

Otra de las medidas que propone la Fiscalía y que precisa cambios legales es la ampliación de supuestos en los que pueden celebrarse juicios en ausencia, "en el sentido de permitir la celebración del juicio en ausencia del acusado cuando la pena solicitada no exceda de tres años (dos años actualmente) de privación de libertad, con la repercusión que esto pudiera tener en las medidas cautelares de naturaleza personal".

"Tal medida vendría también a reducir el número de órdenes de busca, captura, detención, comparecencias de prisión, y autos de prisión provisional para asegurar la celebración del juicio", añade.

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La Fiscalía entiende que debe desarrollarse el principio de oportunidad que ahora "en los delitos leves resulta poco operativo, pues se ciñe a muy escasos supuestos. En el ámbito de los delitos menos graves, se propone la introducción de un nuevo artículo 774 bis, que permitiría que, tras la incoación de diligencias previas, el órgano instructor diera traslado a Fiscalía a efectos de valorar si procede continuar la investigación o si va a desistir de ello, siempre con sujeción a requisitos reglados y en atención al interés público y de la víctima, en su caso".

Otras medidas son la creación de órganos de enjuiciamiento "de guardia", la validez de declaraciones en fase de instrucción, la agilización del recurso de casación contencioso y la reducción del ámbito objetivo de la Ley del Jurado. En este último punto, habla expresamente de excluir del jurado delitos de omisión del deber de socorro, allanamiento de morada y amenazas condicionales.

Por último, pide "extender la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer a los delitos contra la libertad sexual del hombre contra la mujer y a otros relacionados con los impagos de pensiones, delitos contra las relaciones familiares (como ya se hizo en el pasado con el delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar)".