Los reproches entre Sanidad y comunidades anticipan la guerra por las indemnizaciones

Los cruces de reproches entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos han ido subiendo de tono de forma progresiva, hasta alcanzar su punto máximo durante los últimos días del estado de alarma. Estas recriminaciones mutuas, más allá de girar en torno a las responsabilidades políticas de unos y otros en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, anticipan una guerra que no se desarrollará en los núcleos de poder de las administraciones sino en los tribunales. Serán las sedes judiciales las que acaben dirimiendo cientos de denuncias en las que los afectados por el virus que consideren que se les ha provocado un daño reclamarán indemnizaciones millonarias.

La gran mayoría de estas reclamaciones serán patrimoniales y por un anormal funcionamiento de la Administración, según consideran los expertos, que sitúan en esta vía una capacidad de reparación superior a la de la responsabilidad civil o incluso penal. Según indica de Régimen Jurídico del Sector Público cuando la gestión dependa de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas y de ella se derive responsabilidad éstas "responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria".

El artículo 33 especifica que la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública "con mayor participación en la financiación del servicio". Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno toma el control de los centros privados que hacen test y regulará los precios

Europa Press

El catálogo es muy amplio. Los afectados por el Covid pueden acudir a los tribunales siempre que consideren que la Administración no funcionó como debía y eso les provocó un daño. Eso encaja en numerosas circunstancias ocurridas desde el arranque de la expansión del virus. Desde la falta de mascarillas u otro material de protección hasta la carencia de test para el diagnóstico o el levantamiento parcial del confinamiento para las actividades no esenciales, esta misma semana.

El mando único

La creación en el decreto ley por el que se declaró el estado de alarma de un mando único da a los gobiernos regionales artillería para tratar de eludir responsabilidades. El decreto establece que la autoridad competente desde el 14 de marzo será el Gobierno. No obstante, la redacción da pie a la interpretación. Indica en un primer punto que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad, para después matizar en un segundo punto que las administraciones públicas autonómicas y locales "mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento".

Esta indeterminación ha comenzado ya a dar alas a acusaciones cruzadas. Durante la semana pasada, las palabras en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando carencias en el aprovisionamiento de material por parte de la Comunidad de Madrid provocaron una inmediata reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en forma de comunicado. "Es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede parlamentaria a un Gobierno autonómico, el de Madrid, en un momento de crisis sanitaria sin precedente cuyo mando único corresponde al primero", decía Ayuso.

También recordaba que la Comunidad de Madrid, como el resto de las autonomías, sufre "una evidente inoperancia del mando único del Gobierno central, que decretó la centralización de compras de material sanitario, el bloqueo para que las propias CCAA adquiriésemos ese material o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas".

Este domingo, la quinta reunión de los presidentes autonómicos se convirtió también en el caldo de cultivo perfecto para las recriminaciones. Las regiones lideradas por la oposición o con gobiernos nacionalistas criticaron abiertamente algunas de las decisiones adoptadas. Mientras Núñez Feijóo lamentaba la falta de información del Ejecutivo y las decisiones "improvisadas", Cataluña insistía en sus críticas por la relajación del confinamiento.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso critica la "desinformación" del Ejecutivo sobre las mascarillas y pide ayudas

EP

Hay otros gestos que evidencian la preocupación por el celo en la protección de la ciudadanía. La orden de la Delegación del Gobierno en las comunidades autónomas que establecía el protocolo para el reparto de mascarillas contra el coronavirus el lunes y martes, coincidiendo con la reactivación de muchas actividades profesionales, incluía una precisión que sorprendió a muchos alcaldes. En el documento se ordenaba "un reportaje fotográfico de cada dispositivo montado de reparto" y se les recordaba que "cualquier comunicación pública que se realice de la campaña" del reparto de las mascarillas "debe contener la información de que el reparto se hace desde el Gobierno de España".

En algunos casos, Sanidad ha incluido en el Boletín Oficial del Estado que asumirá la posible responsabilidad en caso de que hubiera problemas. Lo hizo en la norma en la que relajó los criterios de homologación de material sanitario como mascarillas y batas. En ese texto, señalaba: "La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin el marcado CE (..) será asumida por la Administración General del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que dicho producto sanitario haya sido entregado al Ministerio de Sanidad". En otros casos, no está claro. Y ahí estará la batalla.