La Fiscalía explora oponerse al recurso de Torra por los lazos y precipitar su relevo

La Fiscalía tiene la llave para que Quim Torra deje de ser 'president' de la Generalitat antes de lo que se calculaba. El Ministerio Público valora informar en contra de admitir a trámite el recurso que presentó el 'president' de la Generalitat contra esa condena de inhabilitación que está en el origen de buena parte de la indeterminación que sobrevuela la política catalana en las últimas semanas. El Ministerio Público explora oponerse de plano a que se estudien los argumentos que esgrimió Torra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo frente a la pena impuesta por desobedecer a la Junta Electoral Central cuando esta le ordenó retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat. Si la Sala de lo Penal del TS asume el criterio del fiscal, la sentencia sería firme en menos de un mes y Torra quedaría inhabilitado de forma definitiva para el ejercicio de cargo público. Tendría que abandonar la presidencia que aún mantiene pese a la retirada de su escaño.

La Sala de lo Penal del alto tribunal pidió a las partes que se pronunciaran sobre el recurso. Fuentes jurídicas indican a El Confidencial que el fiscal ve razones para aplicar, en este caso, la previsión recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 885 indica que los recursos pueden inadmitirse "cuando carezcan manifiestamente de fundamento". Este movimiento despejaría las dudas actuales y no solo anticiparía la salida de Torra de la presidencia sino también las elecciones catalanas, anunciadas pero aún no convocadas.

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El criterio debe ser aún visado por la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que tomará posesión precisamente este miércoles de su cargo. No es, sin embargo, vinculante para el tribunal, que puede decidir en otro sentido. Torra articuló buena parte de su escrito contra la condena que puede desalojarle del escenario político en la falta de imparcialidad de los principales protagonistas del procedimiento. El 'president' atacaba a lo largo de más de 300 páginas a la Junta Electoral Central, que abrió el melón y posteriormente ha ordenado su inhabilitación sin sentencia firme, al juez que instruyó las diligencias y a los miembros del tribunal que le condenó. Aseguraba, además, que la sentencia estaba teledirigida desde un inicio y que es víctima de una "persecución política".

Durante el juicio celebrado en noviembre, Torra ni siquiera hizo el amago de negar el delito que se le imputaba. Lejos de mostrar arrepentimiento, se presentó con el lazo amarillo en la solapa y convirtió su comparecencia en un desafío: "Existe un gran consenso y por eso puedo hablar en nombre de todos los catalanes", lanzó. ¿Ignoró la orden de la JEC? "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal". "No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar al Estado", remachó. La cuestión acabó con una condena a un año y medio de inhabilitación, una multa de 30.000 euros y la prohibición, aún no firme, de ejercer cargos públicos tanto en el ámbito autonómico como estatal y europeo.

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Las dos vías

A partir de ahí, se abrieron dos vías en el Supremo que afectan al tiempo que puede mantenerse Torra en su actual puesto: la penal y la contenciosa. Es en la primera, en manos de la Sala Segunda, donde la postura de Fiscalía puede resultar determinante. La segunda, en manos de la Sala Tercera, se refiere en exclusiva al acuerdo que adoptó la Junta Electoral de desalojarle del Parlament. El 23 de enero ya avalaron por unanimidad la orden de retirarle su escaño, decisión con la que quedó descartada la medida cautelar que solicitaba el líder independentista de dejar en suspenso la resolución de la Junta Electoral Central por el momento. Los magistrados de contencioso trabajan ahora en la sentencia final, que no estará lista hasta dentro de más de un mes.

En medio de este panorama judicial, el pasado 29 de enero, Torra anunció que convocará elecciones anticipadas, aunque dejó en el aire la fecha. Precisó que lo haría una vez que el Parlament aprobara los Presupuestos. "La legislatura ya no tiene más recorrido político", sentenció el dirigente catalán tras escenificar, en varios episodios, la evidente crisis entre su partido y ERC. Si queda inhabilitado, perderá la opción de elegir el momento de una cita electoral a la que ya no acudirá como candidato.