En la fase cautelar

Segundo aviso del Supremo: Torra está inhabilitado y debe dejar su escaño

A falta de que la sala de lo Contencioso estudie ahora el fondo de la cuestión, la sala de lo Penal tiene que revisar la condena a Torra por desobediencia, sentencia de la que parte la inhabilitación de la JEC

Foto: El 'president' Torra. (EFE)
El 'president' Torra. (EFE)

La decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar de Quim Torra como diputado del Parlament se mantiene. Los cinco magistrados que estudiaban el recurso del 'president' han avalado este jueves por unanimidad la orden de retirarle su escaño hasta que se pronuncien sobre el fondo del asunto, descartando así la medida cautelar que solicitaba el líder independentista de dejar en suspenso la resolución del órgano administrativo por el momento. Se trata del segundo aviso a Torra de que debe dejar su escaño.

A la espera de que la sala de lo Contencioso estudie el fondo de la cuestión, la sala de lo Penal tiene pendiente revisar la condena a Torra por desobediencia, sentencia de la que parte la inhabilitación que le impuso la JEC y la batalla que ahora se libra en el Alto Tribunal. Por ahora, la sala condena en costas a Torra por su último recurso y asegura que estimar su petición de medida cautelar iría contra la apariencia de buen derecho: precisa que el artículo de la Loreg declara, de forma indubitada, que las condenas mediante sentencia, aunque no sean firmes, son causas de inelegibilidad y también de incompatibilidad cuando se trata de penas de inhabilitación por delitos contra la Administración Pública.

En el auto de este jueves, los cinco magistrados sostienen que el mantenimiento de la efectividad del acuerdo de la JEC recurrido no crea una situación irreversible, por lo que no hay motivo para atender la medida cautelar solicitada. “Si la sala estimase la ilegalidad del acuerdo lo anularía. No hay 'periculum in mora' porque no existe la irreversibilidad exigida. Tampoco puede aducirse que, aunque no se produzca irreversibilidad, habría una reparación tardía que podría perturbar el funcionamiento de la institución parlamentaria al privar temporalmente del escaño al interesado, porque esa situación siempre se va a producir en los supuestos de aplicación”, indica el escrito.

La sala descarta con este razonamiento el informe de la Fiscalía, que reclamaba todo lo contrario. En él, el jefe de lo Contencioso, Pedro Crespo, manifestó serias dudas sobre la procedencia de descabalgarle de su puesto sin que exista aún una resolución firme, para lo que apuntó al "debate jurídico" en torno a las competencias de la Junta Electoral Central para decidir sobre la inhabilitación de un diputado. En opinión del fiscal, las visiones contrarias respaldan que se le mantenga en el Parlament hasta despejar la cuestión de fondo.

Los magistrados no coinciden por tanto con la línea del fiscal, que veía plausible dejarle ejercer como diputado y dar la razón a Torra, que considera que la JEC no debe tener capacidad de decidir sobre las consecuencias de una condena que debe aún revisar otra sala del Supremo, la de lo Penal. Confirman de este modo su primera decisión de hace unos días, cuando la misma sala rechazó levantar la decisión del órgano administrativo de forma urgente, en la conocida como fase de cautelarísimas.

Torra alegaba que quitarle el escaño le provoca un daño irreparable que no vieron los magistrados: "De todo lo expuesto se desprende, a juicio de esta Fiscalía, que la ponderación de los diversos intereses en juego permite en este caso favorecer el aseguramiento —meramente temporal— de la concurrencia de intereses públicos ya examinados que se vinculan al derecho fundamental de representación política en el marco del ordinario funcionamiento parlamentario, sin que con ello quiebre la máxima", defendía. El Supremo, sin embargo, considera "claramente inconsistentes" los argumentos del 'president' y descartan que la actuación de la JEC fuera "intempestiva, sesgada, indebida o parcial".

La decisión de la JEC levantó enormes críticas desde el Govern y las formaciones independentistas, que la vieron como un "golpe de Estado" contra la máxima autoridad catalana. Tampoco el PSOE, a las puertas de la investidura, la vio ajustada a derecho. La cuestión que genera mayor controversia es que la sentencia no es firme y, por ello, Torra puede acabar absuelto por el Tribunal Supremo.

Además, el mencionado artículo de la ley en que se apoya la inhabilitación nunca había sido empleado para un cargo tan alto como el de presidente autonómico, ya que se diseñó para evitar la perpetuación de ediles condenados por delitos de corrupción y como puntal contra ETA. La resolución de la Junta Electoral Central, por siete votos a seis, retiró el acta de parlamentario a Torra al estar condenado por desobediencia, pero agregaba letra pequeña: la JEC, al corregir a la Junta Provincial de Barcelona, introdujo una aclaración en la que no entra a valorar si la pérdida del escaño es suficiente para que Torra tenga que cesar como presidente.

​La postura del 'president'

Pese a la decisión, Quim Torra no tiene intención de ceder. El 'president' se aferra al criterio fiscal descrito en esta segunda fase del estudio de la cuestión: fuentes cercanas a su entorno consideran al Ministerio Público como "el garante de la legalidad" y se ven respaldados por el informe que presentó la pasada semana. Subrayan para ello que el fiscal ha cuestionado la competencia de la Junta Electoral y que, por sí sola, esta duda planteada le exime de la obligación de acatarla. "La orden no se sostiene", indican. Si esta intención se confirma, Torra navegaría hacia una nueva desobediencia, pues la condena que le ha llevado a esta situación, la de los lazos amarillos, se le impuso precisamente por no acatar instrucciones de la misma JEC que ahora le da por inhabilitado.

Torra ha asegurado este jueves que "nada ha cambiado" tras la resolución del Tribunal Supremo y ha remarcado que sigue siendo diputado del Parlament y 'president'. En una breve declaración en la delegación del Govern en Girona, Torra ha recordado que el pasado 4 de enero el Parlament le ratificó como 'president' en un pleno extraordinario celebrado tras la decisión de la JEC.

"Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament, primero en la investidura y ratificándolo después el 4 de enero", ha expresado. Además, ha remarcado que la Mesa que preside Roger Torrent ratificó la decisión del pleno de no aceptar la inhabilitación de la JEC, por lo que ha remachado: "Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás".

El presidente del PP, Pablo Casado (c), atiende a los medios de comunicación. (EFE)
El presidente del PP, Pablo Casado (c), atiende a los medios de comunicación. (EFE)

Casado anuncia querellas

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido se querellará contra el Gobierno central "si no hace nada" para cesar de sus funciones a Quim Torra, tras su inhabilitación por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que también emprenderá acciones contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en caso de que no suspenda su reunión prevista con el 'president' de la Generalitat inhabilitado.

Los populares también interpondrán querella contra el propio Torra si no abandona su responsabilidad como máximo representante del Gobierno catalán y el Palau de la Generalitat, y contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, si no convoca un pleno para elegir al parlamentario que le sustituya en la Cámara.

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