El Gobierno se aferra a Junqueras y no renuncia a la investidura antes de fin de año

Una cosa es la "conversación de los tribunales" y otra la política. Son dos carriles diferentes que el Gobierno y el PSOE quieren separar por completo y hacerle ver a Esquerra Republicana de Catalunya. En el encuentro entre las dos formaciones no pueden cruzarse "obstáculos" a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque el fallo "no debe" serlo. Desde esa perspectiva, que es la del Ejecutivo, llama a aprovechar la "oportunidad" para abordar la situación en Cataluña desde la perspectiva política y promover una investidura de Pedro Sánchez "cuanto antes". Sin renunciar incluso a que se produzca la semana próxima, que es el escenario ideal para el presidente en funciones.

Los socialistas no quieren que bajo ningún concepto se rompan las negociaciones con ERC, porque conseguir su abstención clave sigue siendo, por el momento, su único plan. De ahí que en las últimas horas, a raíz de la sentencia del TJUE, insista en que no hay razón para que se trunque el diálogo. Lo aseguró ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, y este viernes también la portavoz, Isabel Celaá, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. Pero ERC paralizó la negociación —"no nos vamos a sentar"— hasta saber qué hará la Abogacía del Estado. Eso ocurrió sobre las cuatro de la tarde, pero antes de que la secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, hiciera ese anuncio ante los medios, Oriol Junqueras concedió una entrevista en Catalunya Ràdio a la que se aferró Celaá. En ella, el líder de ERC señala, desde la prisión, que "la negociación no se ha de detener en ningún caso".

Primero, la portavoz reconoció que el fallo del TJUE, que determinó que Junqueras gozó de inmunidad desde el momento en que fue proclamado eurodiputado por la Junta Electoral Central —y por tanto debió haber recogido su acta y formado parte de la sesión constitutiva—, podría suponer "algún obstáculo, algún pormenor" en el "camino" que PSOE y ERC venían construyendo, por cuanto fue percibido como una "victoria personal" por parte de los independentistas. Pero no ha de afectar, continuó, a las negociaciones políticas para propiciar la investidura.

"No convirtamos en obstáculo lo que no es y lo que no debe ser. Aprovechemos la oportunidad para seguir tratando políticamente la cuestión catalana"

"En el encuentro político entre dos partes, como PSOE y ERC, no se atisban obstáculos, habida cuenta de que el PSOE está de acuerdo con continuar trabajando el camino político y ERC, por lo que acabo de leerle a Junqueras [en Catalunya Ràdio], también. Ahí no es donde hay obstáculos. Están como en la opinión pública. La necesidad es de que cada cosa se canalice por su lugar. Los temas de conversación judicial han de ir por el canal de los tribunales; los temas políticos, por los cauces políticos", insistió, en la misma línea que hiciera ayer jueves Calvo, cuando dijo que no veía "nada disonante" como para continuar hablando con ERC.

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"Buscar la distensión territorial"

El Gobierno intenta convencer a ERC de que la sentencia del TJUE es incluso "una oportunidad". La "oportunidad" de abordar la cuestión catalana desde la política, a diferencia de lo que ocurrió con Mariano Rajoy. "No convirtamos en obstáculo lo que no es y lo que no debe ser. Aprovechemos la oportunidad para seguir tratando políticamente los temas que afectan a la cuestión catalana, hacer un diálogo territorial, buscar la distensión territorial", apremió. Toda la rueda de prensa de este viernes estuvo plagada de guiños hacia los republicanos.

"Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. Es voluntad del PSOE y del Gobierno y parece que de Junqueras", alega

El Ejecutivo intenta, por tanto, pasar página... y recalcar que la situación creada es consecuencia de la gestión del anterior Gobierno, el de Rajoy. "Ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, la sentencia del 14 [de octubre, la del 'procés'], por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial", aseguró. Una declaración que, tenida en cuenta en su literalidad, supondría que los socialistas entienden ahora que la causa seguida en el Supremo fue un proceso político. Sin embargo, apenas segundos antes la misma Celaá había recordado que el fallo del TJUE no entra a valorar la condena a Junqueras y la sentencia del 'procés'. Lo que quería manifestar es la crítica al Ejecutivo del PP, que judicializó aquello que era un problema político, un reproche que el PSOE en la oposición también le hizo a Rajoy. "Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. Y esto que es voluntad del PSOE y del Gobierno en funciones parece ser que también es voluntad de Junqueras", insistió.

Con todos estos mimbres, el Ejecutivo de Sánchez sigue pensando en que es posible una investidura inminente. "El Gobierno no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura antes de fin de año. Se trabaja para ello", aseguró.

Y es que lo que dijo ERC este jueves es que no se sentarían de nuevo a la mesa, pero no que las conversaciones se detuviesen. Fuentes de Ferraz señalaban, de hecho, que los contactos informales siguen. No se han detenido. Pero lo que sí se ha producido es una especie de compás de espera porque los republicanos afrontan este sábado un crucial congreso en el que definirán su hoja de ruta política. Pasada esa estación, la cúpula se sentirá más liberada para tomar una decisión sobre la investidura de Sánchez.

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El momento es distinto

Celaá no dio pistas de qué informe presentará la Abogacía del Estado ni cuándo lo hará, aunque tiene cinco días hábiles para presentarlo ante el Supremo. Sí señaló que los servicios juridicos "no forman parte del poder judicial", y que el Gobierno no les da "instrucciones" para que hagan un escrito "ad hoc". La Abogacía, apuntó, actuará siguiendo el "principio de legalidad, buscando el interés general". El Ejecutivo es consciente de que tiene que guardar un difícil equilibrio entre el respeto a las resoluciones judiciales y la necesidad de mostrar ese gesto que está esperando ERC.

Celaá insiste en que la Abogacía se guiará por el principio de "legalidad" y buscando el "interés general". Su escrito intentará "aportar" al Supremo

Ya en junio pasado los letrados del Estado discreparon de la Fiscalía y apostaron por la excarcelación de Junqueras para que pudiera recoger su acta de eurodiputado, que le confería la inmunidad. El TS se opuso y se guió por el criterio del Ministerio Público. "Entonces Junqueras estaba en prisión provisional y ahora tiene una condena en firme", recordó la portavoz. En la línea de Calvo, rubricó que la Abogacía presentará unas alegaciones "fundadas" que "aporten, sirvan al TS a la hora de materializar la sentencia del TJUE". "Por tanto, independencia judicial y vamos al camino político, que es lo nuestro", remachó.

Y aunque "no hay plan B" para Sánchez, Celaá sí volvió a recalcar que PP y Ciudadanos tienen la oportunidad de abstenerse y hacer que el Ejecutivo no dependa de los separatistas. "Si tanto se preocupan por que el país no dependa de fuerzas independentistas lo tendrían muy fácil: bastaría con su abstención", reiteró Celaá, quien manifestó que "ya es hora" de que aquellos que perdieron las elecciones y saben que no hay alternativa distinta a Sánchez "reconozcan los resultados".

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El otro eje de la comparecencia fue la polémica por las relaciones del Gobierno con la prensa, más dañadas aún tras las palabras del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en las que cargaba contra los informadores que cubren la Moncloa por ser "todos" unos "tertulianos" y "activistas políticas". Declaraciones que desairaron profundamente a los redactores. Él pidió disculpas este viernes, minutos antes de la comparecencia de la ministra. Llovía sobre mojado, porque los colectivos profesionales han protestado por la limitación de las preguntas al presidente y las dificultades de acceso de los reporteros gráficos. Celaá defendió que el Gobierno defiende y cree en la libertad de prensa, pero los "ritmos" de la política y de la información son "diferentes". Las críticas arrecian precisamente cuando la Moncloa y Ferraz han decretado un total apagón informativo sobre las delicadísimas negociaciones con ERC —"complejas" las definió la portavoz— para que no se frustren.