La semana más negra de JxCAT: Torra inhabilitado y Borràs imputada

La semana en la que Junts per Catalunya adquiere mayor protagonismo en las negociaciones para la formación de Gobierno se ha convertido en su semana más negra. Dos de sus cabezas más visibles están al borde de caer en desgracia. Desgracia judicial. Quim Torra está a punto de ser condenado a una inhabilitación por su empecinamiento con los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los 'presos políticos' en plena campaña electoral, mientras que la portavoz de su formación en el Congreso, Laura Borràs, toca con la punta de los dedos una imputación que no parece posible soslayar, después de que el Supremo haya decidido abrir causa por sus 'trapicheos' desde una anterior responsabilidad.

El detalle quizá parezca menor cuando se tiene en cuenta que el líder del partido con el que el Ejecutivo en funciones trata de pactar una investidura se encuentra condenado en firme a 13 años de prisión y cumpliendo condena en Lledoners. Pero no lo es. La legitimidad para tratar determinadas cuestiones en una situación como la descrita se resiente, en opinión de fuentes jurídicas consultadas, que ponen como ejemplo un traslado de esta situación procesal a otros partidos. "¿Qué se diría si Pedro Sánchez propusiera reunirse con un dirigente del PP imputado por corrupción?", se preguntan.

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Y la potestad de Torra para ejercer un cargo público pende de un hilo. Mientras Sánchez le llamaba este martes y anunciaba después una futura reunión con el propósito de reducir la "tensión" territorial y favorecer el diálogo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto dictar sentencia de forma inminente. A la vista de lo sucedido durante el juicio, en el que el propio 'president' reconoció los hechos, todo indica que será condenatoria y en la línea de la solicitud que formuló la Fiscalía.

El TSJC le juzgó el pasado 18 de noviembre y el Ministerio Público pidió una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público, mientras la acusación popular ejercida por Vox la elevaba a dos años de cárcel. En caso de que el TSJC inhabilite a Torra, el presidente de la Generalitat no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo lo ratificara, un proceso que podría demorar varios meses. No obstante, quedan anuladas sus posibilidades de optar a una reelección como candidato, dado que el tipo de delito le impide ser candidato pese a que la condena no sea firme.

Mientras todo esto sucedía, Adriana Lastra se reunía con Laura Borràs. En una reunión, ya la segunda, que se alargó una hora, no parecieron apreciarse avances respecto a la postura de JxCAT, que se mantuvo en el no. Desde Junts, ponderaron, eso sí, el buen clima general. "Cordial", "ha ido bien", dijeron, para puntualizar a continuación que han apreciado "pequeños avances en el terreno lingüístico".

'Trapis'

En otro terreno, el judicial, la cosa no pintaba tan bien. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada por cuatro delitos de corrupción, con penas aparejadas que superan los 12 años, en relación con la presunta atribución de 18 contratos de forma irregular a uno de sus colaboradores, Isaías Herrero. Entonces, Borràs dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En conversaciones telefónicas, el beneficiado se regodeó de los 'trapis' y fantaseó con que la responsable política fuera algún día ministra. "¿Te lo imaginas?", decía.

De la mano de la Fiscalía, el Supremo concluye que Borràs "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA. A modo de dedazo que acabó en el bolsillo de su amigo, condenado recientemente por narcotráfico.

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El tribunal designa instructor de la causa al magistrado Eduardo de Porres, que es quien tras investigar decidirá si propone o no a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio dirigido a imputarla formalmente. No obstante, Borràs puede solicitar su comparecencia voluntaria ante el alto tribunal para declarar sin necesidad de que concluyan todos esos trámites, algo que es habitual en las causas con aforados.