Las claves del juicio a Torra por los lazos: la posible inhabilitación se retrasaría a 2020

El 'president' Quim Torra se sienta este lunes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el líder independentista por un delito de desobediencia, acusación que basa en que no retiró los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) durante la campaña de los comicios municipales del 26 de mayo. La posible condena le apartaría de forma temporal de la vida política en 2020, situación que abre un nuevo escenario de inestabilidad en Cataluña y pone sobre la mesa la convocatoria de elecciones para buscar un sucesor.

A la espera de lo que ocurra este lunes, todo apunta a que Torra no se librará de una condena por inhabilitación. Ahí queda la declaración que prestó en julio ante el tribunal, comparecencia en la que él mismo apuntaló el delito que se le imputa: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos". "Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí". Tres meses después, el 'president' tendrá que decidir si mantiene este discurso político o cambia de estrategia en un intento de esquivar la condena.

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La celebración del juicio estaba prevista para el 25 y 26 de septiembre, pero el tribunal tuvo que retrasarlo en el último momento para estudiar las recusaciones de Torra contra dos jueces. En la semana previa a este primer señalamiento, el 'president' barajó la posibilidad de no presentarse y dejar plantado al TSJC, pero fuentes cercanas a su defensa apuntan a que este lunes acudirá. En el caso de que no lo haga, la ley prevé también determinados supuestos para celebrar el juicio en ausencia del imputado y Torra encaja en ellos: puede haber juicio sin el acusado siempre que la pena solicitada no sobrepase los dos años si es privativa de libertad o los seis si es de cualquier otra naturaleza.

Los hechos investigados no presentan especial dificultad pero, en el caso del Supremo, el tiempo medio de respuesta es de nueve meses

Si se cumplen los pronósticos y el TSJC condena a Torra, la duda pasa por ver cuánto se retrasa su inhabilitación. Las fuentes consultadas apuntan a que el 'president' recurriría la sentencia ante el Supremo, lo que implica dejarla sin efecto hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. Los hechos investigados no presentan especial dificultad y se espera que el TSJC falle en cuestión de semanas; pero, en el caso del Supremo, el tiempo medio de respuesta a los recursos de casación se encuentra en los nueve meses. Si el Supremo confirma la condena, a Torra le quedaría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esta maniobra no implica retrasar su inhabilitación: una vez se pronuncie el alto tribunal, la sentencia será firme.

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Torra, por tanto, podrá seguir al frente de la Generalitat varios meses por mucho que el TSJC le condene. Pese a ello, la sentencia pondría ya su inhabilitación sobre la mesa, abriéndose así un escenario en el que el independentismo comenzará a buscar sucesor y la posibilidad de convocar elecciones cobrará fuerza. Pero si en Cataluña se sacan las urnas, la hipótesis de que el propio Torra se presente como candidato para desafiar a la justicia queda descartada: la Ley Electoral establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación. La desobediencia se considera delito contra la Administración Pública.

Más allá de estos supuestos, el juicio arrancará a las 9:00 de este lunes en la sala Civil y Penal del TSJC. El primero en declarar será el propio Torra, tras lo que llegará el turno de once policías nacionales, dos de ellos por videoconferencia, y del comisario de los Mossos, Miquel Esquius. Ya por la tarde, se reanudará la sesión a las 16:00 con el portavoz Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa Torres, partido que llevó a la Junta Electoral Central la exhibición de lazos amarillos durante la campaña. El juicio se cerrará con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la que fuera portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges (equivalente al defensor del pueblo), Rafael Ribó i Massó, y el 'conseller' de Interior, Miquel Buch.

Del lazo amarillo al lazo blanco

El auto del TSJC con el que se decreta la apertura de juicio destaca que los escritos de acusación se basan por ahora "exclusivamente en indicios", pero al mismo tiempo relata que la Generalitat, con Torra a la cabeza, acordó exhibir en la fachada de edificios públicos "diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos 'presos polítics'". Según sostiene el escrito, estos símbolos "son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que "no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

El 11 de marzo, tras las protestas de Ciudadanos, la JEC ordenó a Torra retirar los símbolos en 48 horas, pero el 'president' se negó una y otra vez. Tras ampliarse el plazo y advertir al político de las posibles "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales", el líder independentista siguió sin dar su brazo a torcer, para lo que alegó distintas razones que iban desde la "dificultad para su cumplimiento" hasta la supuesta aclaración que había solicitado al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.

Pero las excusas de Torra chocaban con los anuncios del propio Govern a los medios. El 20 marzo, cuando presuntamente el Síndic ya le había sugerido acatar las órdenes de la JEC, el Govern publicó una nota de prensa en la que aseguraba que Torra no había dado ni daría "ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central". Pese a ello, un día después, a la vista de las consecuencias que podía traer su enfrentamiento con la JEC, las autoridades catalanas cambiaron el lazo amarillo del Palau por uno blanco, manteniendo en todo momento el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats' en el mismo. La estrategia se repitió en otros edificios de la Generalitat.

La JEC dictaminó entonces que cambiar el lazo amarillo "por otros con idéntico significado partidista" implicaba seguir incumpliendo su orden, mensaje que trasladó una vez más al Govern: "Procedan a retirar de los edificios públicos [...] banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En esta ocasión, la JEC dio un plazo de 15 horas para que se cumpliera lo acordado, pero a la vista de que Torra no cedía, remitió "testimonio a la Fiscal General del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat". El acuerdo de la JEC del 21 marzo fue entonces recurrido por la defensa del 'president' en el Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar de la orden que fue denegada. Torra terminó por ceder el 22 de marzo, fecha en la que se dio orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, pero para entonces la Fiscalía ya preparaba el escrito que le lleva ahora a sentarse en el banquillo.