Penas de más de 15 años de cárcel para Borràs por los 'trapis' con su amigo

"Ahora intentan perseguir a Laura Borràs. Quieren descabezar todos los liderazgos independentistas. Es una represión planificada, sostenida y minuciosa". Pilar Rahola, una de las voces 'amarillas' más tradicionales, se pronunciaba de este modo en un tuit tras conocer este martes que la portavoz en el Congreso de los Diputados de JxCAT, la formación de Carles Puigdemont, está al borde de una imputación en el Tribunal Supremo por cuatro delitos de corrupción.

En esta ocasión, la acusación nada tiene que ver con el 'procés'. La Fiscalía del alto tribunal quiere que se la escuche y se le impongan medidas cautelares por el desvío de casi 260.000 euros al bolsillo de uno de sus más estrechos colaboradores, a quien habría otorgado a dedo sustanciosos contratos de gestión informática cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Lo que, en las intervenciones telefónicas practicadas, el beneficiado calificó como 'trapis'. En la jerga legal, los 'trapis' se corresponden a delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental.

En su rango superior, los delitos que le atribuye el Ministerio Público llevan aparejadas penas de hasta 24 años de cárcel, ya que la malversación fijada es de cerca de 260.000 euros, superior a los 250.000 que se requieren para considerarla agravada. No obstante, es improbable que se alcance el máximo en una futura e hipotética acusación: las fuentes consultadas apuntan que la solicitud, en caso de que el procedimiento avance y no sea sobreseído, implicará previsiblemente penas superiores a los 15 años.

Todos los delitos salvo la prevaricación, que se castiga con inhabilitación, llegan a un máximo de seis años, que sube hasta los 12 en el caso del desfalco de fondos. En el rango inferior, sumados, los delitos acumulan 7 años. La conducta se prolongó durante los cinco años en que la líder en Madrid de los de JxCAT estuvo al frente del organismo, por lo que cabe también la posibilidad de que se considere la conducta como un delito continuado. Otra posibilidad es que entre en juego el concurso delictivo, que atemperaría la solicitud fiscal.

Mientras en el Supremo la Fiscalía movía ficha, en el Congreso, Borràs tomaba posesión de ese escaño que le confiere el aforamiento. Su grupo abundó en gestos hacia los políticos presos, juzgados y condenados recientemente por la misma sala que ahora tendrá que determinar si cabe sentar en el banquillo, previo suplicatorio, a la persona que estaba llamada a suceder a Quim Torra como candidata a la presidencia. Tras la petición de la Fiscalía, la Sala de Admisión del alto tribunal debe decidir si abre causa o no. Si lo hace, se nombrará un instructor, el que corresponda por turno de reparto.

Los símbolos

"Con lealtad con el mandato democrático del 1 de octubre y con el pueblo catalán, por la libertad de los presos y exiliados; por imperativo legal, yo prometo". Esa fue la fórmula elegida por JxCAT en el día grande de la nueva legislatura. En un segundo momento simbólico, y junto a ERC, votaron la Mesa con papeles invalidados en los que leía "libertad" y también "amnistía" y "autodeterminación". Borràs acabó la jornada con una reunión con la negociadora del PSOE, Adriana Lastra, en el marco de la ronda de formación de Gobierno.

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"Hombre, claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", reconoce el colaborador beneficiado, según la tesis de Fiscalía, en una de las conversaciones intervenidas. "Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora, porque un cambio de director... Tú ya puedes hacerlo todo lo bien que quieras, que un director, si él quiere, puede llevarse a su equipo, y como son cargos políticos...", indica también. Bajo la lupa, 18 contratos que complicarán a Borràs este nuevo curso político.