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Trapero esgrime la sentencia del 'procés' para que le juzguen en Barcelona
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Reclama la eliminación de la rebelión

Trapero esgrime la sentencia del 'procés' para que le juzguen en Barcelona

Su defensa reclama una inhibición y la rebaja a sedición a dos meses del inicio del juicio en su contra

Foto: Josep Lluís Trapero. (EFE)
Josep Lluís Trapero. (EFE)

El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero quiere ser juzgado en Barcelona. En un reciente escrito presentado ante la Audiencia Nacional asegura que el tribunal que tiene previsto juzgarle a partir del próximo 20 de enero en Madrid no puede mantener la competencia en virtud de la sentencia del 'procés' ya que la resolución sobre los políticos catalanes determina que el papel del cuerpo policial autonómico "no iba dirigido a subvertir el orden constitucional" ni tampoco atentó "contra la forma de Gobierno".

Trapero, que reclama también que la Fiscalía se apee de su acusación por rebelión y la sustituya por sedición, argumenta que en la sentencia sí determina una actuación pasiva de los Mossos durante los días previos al referéndum del 1 de octubre pero acota ésta a una maniobra "para forzar" la celebración de la consulta sin que exista un posterior desarrollo del apoyo a la autoderminación.

Foto: El abogado Javier Melero, durante el juicio al 'procés'. (EFE)

Eso no se compadece con la argumentación esgrimida por la Audiencia Nacional para mantener su competencia, defiende la letrada Olga Tubau, que recuerda que el rechazo a inhibirse a favor de los juzgados catalanes, ya solicitado con anterioridad, se basó en el argumento de que el mayor empleó a los Mossos "para romper el orden constitucional".

La Fiscalía considera que la solicitud es extemporánea. Fuentes fiscales admiten, sin embargo a El Confidencial, que tienen previsto modificar la acusación durante la fase de informes y sustituirla por la sedición por la que se ha condenado a Oriol Junqueras y el resto de acusados en el alto tribunal. Está previsto que el juicio en su contra -en el que comparte banquillo con el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana- arranque el próximo 20 de enero en las dependencias de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares.

Foto: Puigdemont y Junqueras. (EFE)

En el otro juicio, Trapero actuó casi como un acusado más, aunque ausente. En su testimonio, precedido por algunos de sus hombres —fue Manel Castellví quien abrió la veda— se despachó contra el Govern y confirmó su conocimiento expreso de que los pasos hacia el 1-O conducían a un escenario violento. "Le trasladamos la preocupación del cuerpo porque iba a haber muchas personas convocadas con policía, y eso iba a provocar conflictos de orden público y de seguridad ciudadana. Les instamos de nuevo al cumplimiento de la legalidad, les dijimos que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar nunca la legalidad y la Constitución, que no estábamos de acuerdo con el proyecto independentista", lanzó.

La Fiscalía pide en su contra 11 años de prisión y carga en su acusación contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explican, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente". Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero quiere ser juzgado en Barcelona. En un reciente escrito presentado ante la Audiencia Nacional asegura que el tribunal que tiene previsto juzgarle a partir del próximo 20 de enero en Madrid no puede mantener la competencia en virtud de la sentencia del 'procés' ya que la resolución sobre los políticos catalanes determina que el papel del cuerpo policial autonómico "no iba dirigido a subvertir el orden constitucional" ni tampoco atentó "contra la forma de Gobierno".

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