ACUERDO PARA EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Ni impuesto extraordinario ni tocar la Sareb: Sánchez 'aparta' a Iglesias de la banca

La confirmación de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone también un muro de contención frente a ciertas medidas de máximos de la formación liderada por Pablo Iglesias

Foto: La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. (Jorge Álvaro)
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. (Jorge Álvaro)
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La entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, de salir adelante la investidura, apenas tendría consecuencias 'a priori' en el sector bancario, a juzgar por el acuerdo programático que están desarrollando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre la base del pacto presupuestario que ya alcanzaron en octubre del pasado año. En dicho acuerdo, se apostaba por impulsar el denominado 'impuesto a la banca', pero ahora ha quedado descartado durante las conversaciones ante la resistencia de los socialistas. Un impuesto extraordinario que el PSOE ya evitó incluir en su programa electoral de abril después de que Sánchez lo propusiese tras recuperar la secretaría general, mientras que Unidas Podemos siguió defendiendo esta reivindicación histórica con el objeto de "recuperar los 60.000 millones del rescate bancario".

Tampoco ha habido consenso entre ambas fuerzas para llevar a la acción de un Gobierno conjunto las medidas relacionadas con la Sareb, que sí se habían incluido en el pacto de los PGE. Esto es, "elaborar un plan de actuación de Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autonómicas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales". Un plan que ya no incluyó en su programa el PSOE. Al contrario que Podemos, que en su programa electoral apostaba por "elaborar un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas" de cara a evitar la especulación con este tipo de bienes, además de "incorporar a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb".

Otra de las principales cesiones de Unidas Podemos relacionadas con la vivienda tiene que ver con la intervención en el mercado de los alquileres. Los socialistas se han opuesto a desarrollar medidas para el control de precios en aquellas zonas especialmente tensionadas, así como a modificar el decreto sobre vivienda para mejorar la protección frente a las subidas de alquiler consideradas abusivas o los desahucios. Renuncias por falta de consenso que se sumarían a medidas contundentes orientadas a bajar el precio de la luz e impulsar la creación de una empresa pública eléctrica, y posiblemente a que la derogación de la reforma laboral sea completa, como se pretendía en un principio.

Unas resistencias por las que, precisamente, desde Unidas Podemos se ha descartado tener responsabilidades en materia de vivienda, al no poder desarrollar algunas de sus medidas estrella. La confirmación de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone también un muro de contención frente a ciertas medidas de máximos de la formación liderada por Pablo Iglesias.

En el pacto de los PGE, que se enfocó más como un acuerdo de legislatura que centrado únicamente en las cuentas, se apostaba por habilitar a los ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. El objetivo de estos índices era que los ayuntamientos que así lo deseasen pudiesen "regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en la firma del preacuerdo de gobierno. (EFE)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en la firma del preacuerdo de gobierno. (EFE)

Esta serie de renuncias por parte de Unidas Podemos, junto al hecho de dividir competencias en algunos de los ministerios que corresponderían a los morados, como separar Seguridad Social de la cartera de Trabajo, ha hecho que se haya planteado que los de Pablo Iglesias puedan dirigir una cuarta cartera. Este ministerio se sumaría a los de Igualdad, Trabajo y Universidades, además de la vicepresidencia social, y según apuntan fuentes cercanas a las negociaciones, lo ocuparía un dirigente de Izquierda Unida.

Pablo Iglesias ya reconoció a través de una carta a las bases, tras la firma del preacuerdo con Pedro Sánchez, que la participación del partido morado en el Ejecutivo será en "minoría", por lo que asumía que "nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y tendremos que ceder en muchas cosas". En esta línea, el líder de Podemos recordaba a los suyos que "los avances que más merecen la pena no se consiguen a la primera" y también reformulaba su célebre cita del congreso fundacional de Vistalegre apuntando que "el cielo se toma con perseverancia".

Unos días más tarde, en su primera aparición pública, tras el denominado pacto del abrazo, enmarcada en una charla universitaria, Iglesias desplegaba un discurso constitucionalista y posibilista. Por un lado, realizó una adhesión explícita a la Constitución y, por otro, señaló que Podemos tendrá "una fuerza modesta" en un hipotético Ejecutivo de coalición debido a la nueva correlación de fuerzas, no solo en el Congreso sino también en el Gobierno. El mantra de estas negociaciones, que ya se deslizó durante la campaña electoral, se concreta en "combinar la amplia experiencia de gobierno del PSOE y la valentía de Unidas Podemos". Del rupturismo al posibilismo gobernista.

Lo que sí será uno de los pilares del acuerdo para financiar políticas sociales que refuercen el Estado de bienestar es la fiscalidad progresiva. Para ello, se está estudiando incluir en el programa de gobierno una subida del impuesto de sociedades y la creación de algún nuevo tributo, que según lo que se está poniendo sobre la mesa podría materializarse en un impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, a las transacciones financieras —el cual sí afectaría de lleno al sector bancario— o la denominada tasa Google a las grandes tecnológicas, así como un mayor control sobre sicavs y socimis. En una entrevista con este diario, Calviño avanzó su intención de impulsar la fiscalidad de las empresas digitales, pero evitó pronunciarse sobre la subida del IRPF. "Lo que tenemos claro es que no queremos aumentar la fiscalidad de las clases medias y trabajadoras", zanjó entonces.

La subida progresiva del salario mínimo interprofesional (SMI) para que al final de la legislatura se sitúe en el 60% del salario medio —alrededor de 1.200 euros— será otra de las banderas de la acción de gobierno. Asimismo, entre los objetivos que se están discutiendo con base en aquel primer acuerdo que supuso el primer gran consenso entre PSOE y Unidas Podemos, se encuentran un aumento significativo de las ayudas a la dependencia; el apoyo a la ley de violencias sexuales propuesta por Podemos; mejorar las becas y reducir las tasas universitarias; desarrollar el modelo de transición energética, o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

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