Sánchez se apoya en PP y Cs para aprobar el '155 digital' un día antes de sentarse con ERC

La Diputación Permanente del Congreso —órgano reducido que gestiona la Cámara en los periodos inhábiles— se reunió por penúltima vez (lo volverá a hacer el lunes para dar carpetazo a la legislatura) para debatir los últimos cuatro decretos leyes del Gobierno. Todas las miradas estaban puestas en el decreto aprobado el pasado octubre sobre la administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En resumen, el contenido del mismo permite al Ejecutivo intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Y el PSOE se vio obligado a mirar a su derecha para sacarlo adelante a escasas horas de sentarse a negociar con ERC la investidura, teniendo en cuenta que sus socios por la izquierda le dieron la espalda. Unidas Podemos se abstuvo.

PP y Ciudadanos anunciaron que apoyarían al Gobierno desde el primer momento. La portavoz popular, Ana Belén Vázquez, aseguró que su formación “será consecuente” y, “a diferencia de todos estos” (dijo mirando al resto de grupos), que “van a votar no a pesar de ser sus socios”, el PP “votará sí” pero, “hablemos claro, “porque queremos parar la república catalana digital”. En el caso de Cs, el diputado Miguel Gutiérrez tildó de “chapuza legislativa” el decreto del Gobierno y aseguró que se trata de una “incongruencia” tener que apoyarse en populares y naranjas mientras busca a unos socios de investidura que “ni le apoyan”.

Unidas Podemos optó finalmente por la abstención. El portavoz del grupo confederal, Antón Gómez-Reino, buscó una intervención ‘en positivo’ asegurando que existían puntos comunes y explicando el texto alternativo que propusieron para un debate futuro en una proposición de ley. Los socialistas vieron con buenos ojos la propuesta. Eso sí, el grupo liderado por Pablo Iglesias criticó que algunas partes del real decreto actual "podrían llegar a considerarse inconstitucionales”.

Precisamente, este jueves está prevista una reunión entre la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y su homólogo de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, y llegará después de reproches públicos importantes. La portavoz del partido independentista, Montserrat Bassa, aseguró también que el real decreto “habilita al Gobierno para que, sin orden judicial, decrete el estado de excepción digital” y “da una patada a la separación de poderes”, además de ser “contrario a la legislación comunitaria”.

El decreto en cuestión también prohíbe a la Generalitat llevar a cabo proyectos destinados a crear una infraestructura digital al margen del Estado. El propio Pedro Sánchez no vaciló a la hora de presentarlo durante la campaña electoral, en plena ofensiva contra el independentismo. “No va a haber ni independencia 'offline' ni 'online”, aseguró. La respuesta de los partidos secesionistas fue inmediata, tildando de “155 digital” la normativa llevada a cabo vía decreto ley (figura legislativa que sirve para tramitar asuntos de urgente necesidad).

TE PUEDE INTERESAR

Guerra al 'secesionismo digital': el Gobierno podrá intervenir internet a todos los niveles

Manuel Ángel Méndez

La ministra de Economía, Nadia Calviño, fue la encargada de defender la convalidación del decreto (en vigor desde que fue publicado en el BOE que, como el resto, debía ser debatido en un plazo máximo de 30 días para decidir si era refrendado o derogado). Calviño, próxima vicepresidenta económica si Sánchez consigue amarrar los apoyos para formar Gobierno, tal y como anunció él mismo en un debate televisivo, insistió en que ya existen muchas normas emanadas del Parlamento que van en la misma línea, y defendió que la revolución digital ofrece “una oportunidad única” pero que, al mismo tiempo, “se deben garantizar los derechos colectivos e individuales”.

Los partidos que componen el Grupo Mixto se opusieron en bloque desde el principio. La portavoz de JxCAT, Laura Borràs, no dudó en tildar “de burda” la manera en que el Gobierno, “en el tiempo de descuento de la legislatura”, llevaba a debate “una materia tan sensible” y “de la manera más frívola”. Aseguró que si la normativa prosperaba, “el Estado español nada tendría que envidiar a los regímenes más autoritarios”. El representante de Compromís, Joan Baldoví, también dejó claro que su voto sería negativo desde el primer momento. “La calidad democrática de este país se está viendo perjudicada por este tipo de leyes”, aseguró, en la misma línea que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que llegó a decir que la normativa “nos sitúa en un Estado de excepción digital” que supondría “un nuevo recorte de libertades y derechos”.

Igual de crítico se mostró el portavoz del PNV, Mikel Legarda, que reprochó al Gobierno tanto el fondo (el contenido del decreto) como la forma (hacerlo por la vía de urgencia y evitando un debate sosegado en el Congreso). “En un Estado descentralizado, no cabe esta tutela jerárquica”, insistió.

En contra también votó Vox. El portavoz del partido de Abascal, Víctor Sánchez del Real, tildó el debate de “sainete” y comenzó su intervención enfrentándose al presidente de la Diputación Permanente, dejando claro que su partido, aunque comparte “elementos positivos” del decreto, no lo respaldará por la vía de la urgencia. “Nosotros defendemos la libertad de expresión de los españoles”, zanjó.