"Lo lamento de corazón": Marchena aborda ante el CGPJ la filtración de la sentencia

El juez Manuel Marchena presentó este miércoles su proyecto para presidir cinco años más la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Dos días después de notificar la sentencia del 'procés', el magistrado acudió al Consejo General del Poder Judicial para justificar la revalidación de su mandato frente al tribunal que ha condenado a los líderes independentistas. "Es una sentencia muy especial: por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar... Es de una gran complejidad", sostuvo. Como único candidato que se presenta al cargo, todo apunta a que Marchena será renovado, pero la normativa le obligaba a explicar su proyecto en vista pública.

El momento más tenso de la comparecencia se produjo en la fase final, cuando el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le preguntó de forma directa por la polémica que ha rodeado al procedimiento del 'procés' en los últimos días: la filtración de la sentencia. "Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir", respondió Marchena. "En términos cinematográficos, la sentencia era el oscuro objeto de deseo de muchos", remarcó. Para defender a los jueces del tribunal y al personal del Supremo, el magistrado incidió también en que en ningún momento se produjo una filtración propiamente dicha: los medios adelantaron el delito por el que se condenaba, pero no tuvieron la sentencia en sus manos hasta el lunes, cuando se notificó de forma oficial.

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Marchena recordó que, durante el procedimiento, su correo eléctrónico fue 'hackeado' y criticó que "los que hoy reprochan esta filtración, consideraron con aceptada indeferencia que pudiera formar parte de la normalidad el fisgoneo en las cuentas de los magistrados". De forma paralela, subrayó la complejidad del procedimiento y la cantidad de gente que participó en el mismo: "Hay que hacer 12 resoluciones, hay que hacer traducciones... Estas notificaciones no eran convencionales". El juez concluyó reconociendo que las filtraciones "hacen mucho daño" y, como presidente de la Sala de lo Penal, se comprometió a "hacer frente" a las mismas.

Al margen de esta polémica, el magistrado mencionó en varias ocasiones el juicio del 'procés' y aspectos que rodearon al mismo, como la presencia de formaciones políticas en los procedimientos. "Un partido político yo creo que nunca debe ser parte activa de un proceso penal. No lo debe ser un sindicato ni lo deben ser asociaciones que no están vinculadas al objeto de ese procedimiento [...]. Introduce un elemento de desconfianza que dificulta enormemente el ejercicio de la acción jurisdiccional", argumentó. El juez siguió así la misma línea que la sentencia del 'procés', en la que se aborda el papel de Vox como acusación popular y se asegura que "se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje de la confrontación política".

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El presidente del CGPJ también puso sobre la mesa la relación del Supremo con los tribunales europeos, órganos ante los que previsiblemente recurrirán los condenados del 'procés'. "Ha habido alguna puesta en común tanto con magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", contestó Marchena. "Incluso recientemente se ha designado algún órgano, algún titular para servir de vehículo en esa relación". El juez se refirió además a la cuestión prejudicial que ha trasladado el tribunal del 'procés' al TJUE sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, decisión que justificó por su "absoluta fe en el diálogo entre tribunales".

Otro de los puntos que abordó durante su comparecencia fue la "difícil situación" en la que se encontraría la Sala de lo Penal ante un nuevo juicio sobre el 'procés', pues 13 de los 15 magistrados que la integran ya hayan tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento. "En otro tipo de juicio quizá esto pueda resolverse, pero habrá que estudiarlo al tratarse en este caso de magistrados que han valorado a 500 testigos, 12 acusados, metros cúbicos de papel y que podría tener que volver a enjuiciar hechos similares con distintos protagonistas, ello nos sitúa en una situación difícil", explicó Marchena, alegato que pareció referirse sin mencionarlo a Carles Puigdemont, contra el que ya se ha activado una nueva euroorden para lograr su entrega por parte de Bélgica.

El paso atrás en su candidatura al CGPJ

Marchena ejerce como presidente de la Sala de lo Penal desde el 30 de septiembre de 2014. Accedió al cargo tras lograr más votos del CGPJ que Miguel Colmenero y el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que como juez del Tribunal Constitucional trabaja ahora en una ponencia que amenaza con sentar las bases jurídicas que permitan desactivar la condena por sedición que se ha impuesto a los líderes independentistas.

Pero más allá de su presidencia en la Sala de lo Penal, el juez se presentó este miércoles ante el mismo CGPJ que aspiró a presidir hace menos de un año. El magistrado se erigía como principal candidato para ponerse al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo en noviembre de 2018, pero tras la difusión de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp con compañeros de partido celebrando el "esperanzador" reparto de plazas de la institución, Marchena retiró su candidatura.

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La decisión llegó después de que Cosidó enviase un mensaje a sus senadores explicando que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y otros aforados]".

"Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", explicó Marchena en un comunicado a la hora de retirar su candidatura, en el que apuntaba de forma directa a los mensajes de Cosidó: "El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo —de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados— es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado".

A punto de cumplirse un año de esta polémica, la renovación del CGPJ sigue bloqueada y sin solución a la vista, situación que su presidente, Carlos Lesmes, ha denunciado en repetidas ocasiones ante el Congreso y el Senado, Cámaras de las que depende el proceso.